El Comisionado de Transparencia ha estimado otra queja del ex portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, confirmando de nuevo que el gobierno de Pedro San Ginés incumplió la ley al ocultarle información durante años. Al igual que la primera queja que fue estimada el pasado mes de septiembre, ésta también hacía referencia a datos que San Ginés se negó a entregar relativos al contrato con Canal Gestión.
Concretamente, el anterior grupo Podemos en el Cabildo solicitó información sobre los gastos de la actividad de la Comisión de Seguimiento y Control de ese contrato, que funcionó durante años con total opacidad. De hecho, el entonces presidente también se negó a hacer públicas las actas de esas reuniones, que finalmente fueron entregadas a Meca el pasado mes de octubre, a raíz de la intervención del Comisionado. Ahora, lo que se ha resuelto es una segunda queja, relativa a los gastos de esa Comisión de Seguimiento que financiaba Canal, sin que hasta la fecha se haya sabido a qué se destinó el dinero o qué personas cobraron por participar en las reuniones.
"Es evidente que estamos ante una solicitud de información claramente administrativa; se trata de documentación que obra en poder de la Corporación local, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible", señala la nueva resolución, que recuerda que el "derecho de acceso a la información" de los cargos públicos está "constitucionalmente" protegido, y "reforzado" incluso con respecto al que tiene cualquier ciudadano particular. Al respecto, cita distinta jurisprudencia que señala que para que los concejales y consejeros de una administración "estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello".
Da 15 días al Cabildo para entregar los documentos
Sin embargo, el anterior gobierno del Cabildo pasó años negando información al grupo Podemos, que finalmente en 2019 decidió acudir al Comisionado de Transparencia. Ahora, en una resolución fechada el pasado 10 de febrero, este órgano ordena al Cabildo que entregue en un plazo máximo de 15 días la documentación al solicitante, que cuando presentó la queja era consejero y portavoz de Podemos.
Además, como ya hizo al resolver otra queja de Carlos Meca en septiembre, recuerda que "el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado" constituyen "infracciones graves y muy graves" en caso de reiteración. Así, aunque la resolución de la queja ha llegado ya con un nuevo gobierno, este órgano ha vuelto a instar al Cabildo de Lanzarote "para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resolviendo las peticiones de información que se le formulen".
En este último caso, recuerda que Podemos elevó la solicitud en septiembre de 2016 y la volvió a reiterar en los años siguientes sin obtener respuesta, incumpliéndose así lo que establece la ley. Después, cuando en 2019 el portavoz de Podemos acudió al Comisionado de Transparencia y éste se dirigió al Cabildo, lo que hizo el gobierno de San Ginés fue remitir los documentos a este órgano. "No consta que se remitiera esa información al reclamante", añade la resolución, que recuerda que "no es competencia del Comisionado realizar esa entrega, sino ser garante del ejercicio de este derecho", por lo que ahora ha ordenado a la institución que dé respuesta a esa petición.
La información que desvelaron las actas
En cuanto a la reclamación que ya había sido estimada, Carlos Meca la presentó el pasado mes de mayo. En ella explicaba que fue en octubre de 2015 cuando registró por primera vez un escrito solicitando todas las actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato con Canal Gestión, dada la opacidad que existía sobre el funcionamiento de éste órgano y las dudas sobre el contrato en sí. De hecho, la Justicia ordenó después revisar esa adjudicación por las irregularidades detectadas en el procedimiento, en una sentencia que San Ginés no ejecutó y que también ocultó durante meses, hasta que fue desvelada por La Voz.
Entre otras cosas, las actas que Pedro San Ginés se negó a facilitar durante años al portavoz de Podemos y que el nuevo gobierno del Cabildo terminó entregando hace unos meses reflejan que Canal Gestión solo había justificado el 1% de las inversiones comprometidas cuando San Ginés decía que esas obras iban "a todo rendimiento" y cuando defendía al anterior gerente, Gerardo Díaz, que fue detenido por el presunto cobro de sobornos en una operación nacional contra la corrupción. Además, también permitieron conocer que el entonces presidente del Cabildo ordenó a Canal desviar dinero de otras inversiones para acometer obras que debían haber ejecutado promotores de Playa Blanca, como Juan Francisco Rosa.
Respecto a este mismo empresario, las actas desvelaron que el Consorcio también presionó a Canal para que asumiera su depuradora del Plan Parcial Costa Papagayo, que el propio Rosa afirmó que era "un tormento". Además, reflejan que el Consorcio tenía informes que señalaban que esa planta de Juan Francisco Rosa tenía "graves deficiencias" y entrañaban riesgos para los trabajadores y para el medio ambiente, pero en lugar de adoptar medidas, la institución intentó que Canal Gestión se hiciera cargo de esa depuradora.
