El Colectivo de personas con movilidad reducida de Lanzarote (Colami) estudia denunciar al Ayuntamiento de Arrecife ante el juzgado por la falta de accesibilidad a la piscina municipal. La portavoz de Colami, Estrella Nicolás, asegura que los asesores legales de la asociación entienden que se puede demandar al Ayuntamiento por incumplir claramente la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas. Y es que a pesar de que el nuevo edificio de la piscina cuenta con una rampa de entrada, es una rampa inasumible para personas de escasa movilidad. "Si no es kafkiano es de juzgado de guardia", dice Estrella, que sabe lo que es tener que desplazarse en silla de ruedas.
Pero además de denunciar a la Corporación por los criterios técnicos de la rampa de acceso, que podría derivar en una multa de entre 300 y 300 mil euros, la asociación se plantea denunciar por prevaricación a los concejales que apoyaron la apertura del edificio.
Según apuntan desde Colami, el colectivo envió cinco escritos al Ayuntamiento de Arrecife, antes, durante y después de la ejecución del proyecto de este edificio, "ofreciendo asesoramiento y colaboración para llevar a cabo las obras, de manera que se garantizase la accesibilidad, dado que en la asociación se cuenta con la formación necesaria". Sin embargo, lejos de aceptar el ofrecimiento, asegura Estrella Nicolás, "nos dijeron que no nos preocupáramos tanto ahora como con el anterior equipo de gobierno".
Después de la inauguración de la piscina, el colectivo visitó las instalaciones junto a una técnica para comprobar in situ la accesibilidad del edificio y de su interior. Desde ese momento, se señaló la preocupación por la rampa de entrada. "Es un rampa trampa. Para cualquier persona es evidente que está mal hecha", dice la portavoz de Colami. Y de hecho, asegura que el Ayuntamiento dijo que lo iban a solucionar, sin que hasta el momento hayan hecho nada.
En su ánimo de hacer valer los derechos que asisten al colectivo, Colami avala su petición de arreglo de esta rampa con el criterio de Carlos Mahó, arquitecto del Real Patronato sobre discapacidad, adscrito al Ministerio de Educación, Politica Social y Deporte. "Es una de las personas que de forma oficial más sabe del tema" y, según Estrella, también estuvo visitando los accesos del edificio y señaló "que era una barbaridad, pese a lo que el técnico del Ayuntamiento se mantenía en que estaba bien. Es evidente que no hay ningún tipo de actitud por parte del Ayuntamiento para cambiar nada".
"OBLIGADOS" A DENUNCIAR
Según la portavoz de Colami, "estamos llegando un límite que nos obliga a denunciar y que obliga a la asociación a gastar un dinero de nuestro bolsillo en abogados para que al final se obligue al ayuntamiento a hacer lo que le estamos diciendo que haga".
Todo esto, asegura, "Es indignante y cuando menos, queda claro que hay técnicos que no están preparados y políticos que tampoco. Si no, no se explica cómo pueden abrir nuevos edificios que no cumplen la normativa. Algo falla, o los técnicos no hacen bien su trabajo o el concejal de turno mira para otro lado".
Y es que según apunta Estrella, en ocasiones parece "que nos quieren hacer pasar por una jincana, eso es tercer mundista, es indecente. Hay una normativa muy avanzada y no se cumple y no sé si no se cumple por desconocimiento, por mala uva o por falta de respeto".
Desde Colami lamentan que a diario reciban quejas de personas con movilidad reducida que encuentran problemas de acceso en muchos lugares, como los propios centros de salud de la isla, ya que algunos de ellos no cuentan ni con plazas de aparcamientos reservada. O los accesos al hospital Doctor José Molina Orosa, "empezando por la zona de aparcamiento inaccesible para muchas personas por los desniveles del terreno y pasando por pasos de peatones que solo están adaptados por un solo lado, tal y como denunciara un ciudadano a la asociación hace no muchos días.
Actividades inaccesibles
Además, el Colectivo de personas con movilidad reducida ha vuelto a denunciar que desde el Cabildo y otras entidades se sigan apoyando actividades que se desarrollan en lugares que no cumplen la normativa de acceso. En esta ocasión, cuestionan "el uso del cine Atlántida, por parte del Cabildo y la Caja de Canarias, para desarrollar el proyecto pedagógico Aprende a ver el cine. "Desde el colectivo ya hemos denunciado en el Cabildo y en este local, que no cumplen con la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas y por tanto privan de acceso a estas actividades a alumnos/as de movilidad reducida de centros escolares como "Capellanía", "César Manrique" o Centro específico de Tahiche.
Colami ha hecho público su malestar. "No entendemos por qué se siguen haciendo las actividades ahí, es inconcebible que se utilicen espacios para desarrollar actividades culturales de valores y que los niños con minusvalías no puedan acceder, no es de sentido común", apunta Estrella Nicolás, que demanda más atención en estos casos.
"Al menos, lo que pedimos es que se ponga una ayuda técnica en la pared, es un aparato que no cuesta tanto dinero y aunque costara, porque estamos hablando de derechos humanos y no se puede abordar desde la indiferencia".
Esta misma circunstancia se ha denunciado en varias ocasiones y sin embargo se vuelve a repetir. "Nos parece cuando menos indecente que por parte de políticos y técnicos tomen esta decisión de llevar a cabo actividades en un centro que no cumpla con la ley, teniendo además en cuenta que hay otro cine que el del Deiland que sí está muy bien adaptado". Una vez más, concluye Colami, "se vulneran los derechos fundamentales en actividades que promoviendo valores, excluyen paradójicamente a un grupo de ciudadanos".
