La mercantil Club Lanzarote ha registrado un escrito en el Cabildo en el que solicita que se revise de oficio la adjudicación del ciclo del agua en Lanzarote, ya que sostiene que el procedimiento que se siguió es "ilegal". Concretamente, la empresa pide que se revise y se declare nulo el acuerdo del Consorcio de Aguas de enero de 2013, por el que se acordó iniciar un procedimiento negociado con publicidad (tras quedar desierto el concurso convocado inicialmente), y el posterior acuerdo de abril de 2013, por el que se adjudicó el servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización a la empresa Canal de Isabel II Gestión.
En el escrito, el abogado de Club Lanzarote recuerda que la ley permite recurrir a un procedimiento negociado cuando un concurso queda desierto, pero siempre que no haya "modificaciones sustanciales" en las condiciones. Sin embargo, en este caso, denuncia que "el contrato finalmente adjudicado nada tiene que ver con el que se sometió inicialmente a licitación y que fue declarado desierto".
"No es que se haya producido una modificación sustancial del contrato, es que nos hemos encontrado ante unas condiciones radicalmente distintas", sostiene Club Lanzarote, que se siente parte afectada tras la incautación de la desaladora que gestionaba en Montaña Roja, y que ahora ha pasado a manos de Canal Gestión.
Al respecto, Club Lanzarote recuerda que el pasado 18 de septiembre ya denunció ante el Juzgado de Guardia la incautación de su desalinizadora "mediante el uso de la fuerza y sin ninguna orden judicial que la autorizara". Ahora, va más allá y ha iniciado el trámite para intentar que se anule el contrato que dejó el agua de Lanzarote y La Graciosa en manos de Canal Gestión.
"Se alteraron todos los elementos"
El escrito de Club Lanzarote insiste en que se produjo una "modificación sustancial de las condiciones esenciales del contrato (canon, precio y obligaciones) y, por tanto, el contrato es ilegal, puesto que se alteraron todos los elementos de la ecuación económica-financiera del mismo".
Al respecto, señala que el tiempo de concesión pasó de 25 a 30 años, que las inversiones pasaron de 15,7 millones de euros a 54,4 y que el canon variable A se bajó del 4 por ciento al 1 por ciento. Además, en los pliegos del concurso "se establecía la absorción de todo el personal y valoración de negociación colectiva en la oferta", pero "en el contrato final Canal Gestión asumió en principio todo el personal público, aunque posteriormente llevó a cabo un ERE, pese a que uno de los motivos de adjudicación fue supuestamente el mantenimiento y estabilidad del empleo público".
Por último, la defensa de Club Lanzarote subraya que también se modificó la forma de pago del canon inicial, ya que los 50 millones de euros debían abonarse con anterioridad a la formalización del contrato, pero esto se modificó "radicalmente", acordando un pago inicial de 15 millones, y el resto con pagos anuales durante cinco años.
"Los acuerdos del Consorcio son nulos de pleno derecho al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", insiste el abogado de Club Lanzarote en su escrito, en el que cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avalaría sus tesis.
