Un mes después de conocerse la primera sentencia que anuló el Plan Especial de La Geria, el Cabildo ha confirmado que no recurrirá el fallo. El pasado 25 de noviembre, el consejero de Política Territorial, Marcos Bergaz, ya adelantó a La Voz que se planteaban no recurrir, pese a lo anunciado en un primer momento por el presidente, Pedro San Ginés.
Ahora, Bergaz afirma que ya tienen los informes de los servicios jurídicos del Cabildo, "que vienen a acreditar que no existe el interés casacional". Es decir, que creen que el recurso no sería admitido siquiera a trámite. Al respecto, el consejero ha vuelto a hacer referencia a la reforma de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo aprobada el pasado mes de julio, que regula el recurso de casación. Entre otras cosas, esa reforma supone que el Tribunal Supremo puede determinar si existe o no "interés casacional" para admitir a trámite un recurso de esas características.
"Es de buena praxis esperar a tener los informes de la casa que acrediten la decisión", ha señalado Marcos Bergaz, para explicar por qué no habían confirmado hasta ahora si habría recurso o no por parte del Cabildo.
Aún podría recurrir Juan Francisco Rosa
Tras conocerse la primera sentencia, el presidente del Cabildo compareció en una rueda de prensa junto al vicepresidente, José Juan Cruz, anunciando que pedirían al Gobierno de Canarias que recurriera el fallo y que, en caso contrario, se plantearía hacerlo la Corporación insular. Sin embargo, finalmente ninguna de las instituciones recurrirá.
Quien sí podría hacerlo es el empresario Juan Francisco Rosa, que se había personado en éste y en otros contenciosos abiertos contra el Plan de La Geria, para intentar defender su vigencia. Cabe recordar que Rosa ha utilizado ese documento en su defensa en el caso Stratvs, en el que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel, alegando que con ese Plan la bodega quedaba "perfectamente legalizada". Ahora, aunque no lo hagan las instituciones implicadas, el empresario sí podría intentar recurrir para "ganar tiempo" y evitar que la sentencia pase a ser firme.
El plazo para presentar recursos termina a finales de este mes y, en caso de que no se registrara ninguno, el Plan quedaría anulado definitivamente, por lo que Rosa podría llegar al juicio de Stratvs sin uno de los argumentos que ha utilizado en su defensa.
En ese escenario, La Geria volvería a regirse por el Plan Insular, a la espera de que se apruebe un nuevo Plan Especial. Precisamente ante el "temor" de que llegara esta resolución judicial, según reconoció en su momento Bergaz, el pasado mes de octubre el Cabildo ya encargó la redacción de un nuevo Plan. A este motivo, el consejero agregó que, en el caso del PSOE, "siempre ha mantenido la postura de que era necesario hacer una revisión completa", para aprobar un documento que diera de verdad respuesta a todas las necesidades del sector. La redacción de ese nuevo documento fue encargada a Gesplán, justo antes de que se conociera el primer fallo anulando el Plan de La Geria.
La decisión contrastaba con los pasos dados hasta ese momento por el grupo de CC en el Cabildo, que llevaba más de dos años intentando aprobar una modificación del Plan, para aumentar la edificabilidad permitida a las bodegas. Esa modificación, que ahora dejaría de tener sentido con la anulación del Plan, se llegó a aprobar de forma inicial por CC en el Consejo de Gobierno, aunque después tuvo que anular esa aprobación. Además, el pasado mes de julio se inició de nuevo del trámite, tras resolver "deficiencias" de la primera aprobación.
Las sentencias advierte de los requisitos para admitir un recurso de casación
Mientras llegaba la decisión del Cabildo sobre si recurrir o no la primera sentencia, el Plan ya ha sumado un segundo fallo que declara su nulidad, tal como adelantaba este martes La Voz de Lanzarote. En este nuevo fallo, en el que se impone el pago de las costas a los codemandados, entre los que se encuentra el propio Cabildo, se da un plazo de 30 días para presentar un recurso de casación, contados "desde el día siguiente a la notificación de la sentencia".
No obstante, la propia resolución del TSJC acota los términos y circunstancias en las que podría tramitarse ese recurso. Por un lado, señala que los codemandados podrían presentarlo ante el Tribunal Supremo "si el recurso pretende fundarse en infracción de normas del Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido oportunamente invocadas en el proceso o consideradas por la sala sentenciadora".
La otra opción sería recurrir ante la Sección Especial de la Sala de lo Contencioso Administrativo del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "siempre que el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma".
