La gestión y explotación del Albergue Juvenil de La Santa ha salido este miércoles a concurso público, cuatro años después de que estas instalaciones cerraran sus puertas, tras la denuncia que presentaron varios padres por los tratos vejatorios que sufrieron sus hijos en el campamento organizado en el verano de 2008.
Ahora, el Cabildo quiere que esta instalación vuelva a funcionar y pretende adjudicar la gestión a una empresa privada, por un importe total de licitación de 360.000 euros y por un periodo de diez años.
Dentro de los requisitos y criterios puntuables, el pliego de condiciones publicado por el Cabildo de Lanzarote valora positivamente, entre otros criterios, que las empresas licitadoras cumplan "con buenas prácticas ambientales".
La consejera de Juventud, Deportes y Educación Vial, Migdalia Machín, ha manifestado su "satisfacción" por la publicación este miércoles de esta licitación, "dando un paso más hacia la puesta en funcionamiento del Centro"; y ha recordado que dentro de sus "prioridades para esta legislatura, y dentro también de los compromisos adquiridos por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, estaba el poner de nuevo en funcionamiento y con plena actividad esta infraestructura y centro juvenil como instalación que ofrezca en la isla otra alternativa complementaria para la práctica de actividades deportivas, medioambientales, educativas y de esparcimiento juvenil".
Las instalaciones, que se encuentran situadas en término municipal de Tinajo, cuentan con dormitorios, comedor, biblioteca, salones multiusos y canchas deportivas, y tienen una capacidad de 120 plazas.
Sentencia firme y condena al Cabildo
Hace sólo dos meses, la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó la última sentencia sobre el escándalo que llevó a cerrar las instalaciones. En ese fallo, ratificaba la sentencia de primera instancia, que ya es firme, y condenaba a un monitor a tres años de prisión por delitos contra la integridad moral de seis niños de entre 10 y 12 años.
Además, la sentencia también condenaba a la empresa organizadora de aquel campamento, Extraocio S.L., y al Cabildo, como responsable subsidiario, a pagar una indemnización de 3.000 euros a tres de las víctimas de esas vejaciones y 2.500 euros a las otras tres.
La Corporación, que había recurrido el primer fallo, no quiso hacer declaraciones tras conocerse el pasado mes de octubre la nueva sentencia de la Audiencia Provincial.
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