El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha presentado este miércoles a los grupos de la oposición un borrador de las alegaciones que quiere presentar ante el Ministerio de Industria respecto del expediente de concesión de permisos a Repsol para que realice prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. El Cabildo tenía previsto celebrar este jueves un pleno extraordinario para consensuar las alegaciones, pero lo ha pospuesto por la ampliación del plazo de alegaciones que ha concedido el Ministerio.
En el borrador, el Cabildo propone presentar cinco alegaciones. La primera de ellas sostiene que el Gobierno central no es competente para otorgar esos permisos ya que el Estatuto de Autonomía de Canarias tiene competencias exclusivas sobre la producción, distribución y transporte de energía, así como sobre las industrias sujetas a la legislación de minas e hidrocarburos y las competencias ejecutivas sobre minas y energía. También hace referencia el Cabildo a que el ámbito territorial canario incluye el mar, por lo que las competencias serían de la Comunidad Autónoma.
La segunda alegación se basaría, según este borrador, en que no es posible convalidar un acto administrativo declarado nulo, sino que habría que iniciar un nuevo procedimineto. Una sentencia del Tribunal Supremo anuló los permisos para las prospecciones por carecer de estudio de impacto ambiental y, según el cabildo, no se pueden retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo la irregularidad procedimental.
El Cabildo también considera que desde que se dieron los primeros permisos, en 2001, se ha modificado sustancialmente el acto y la solicitud inicial, ya que actualmente se quiere aprobar la posibilidad de hacer prospeccciones en al menos dos pozos y no en dos pozos como máximo,como se aprobó inicialmente. Esta alegación ha sido presentada también por el Cabildo de Fuerteventura.
También considera el Cabildo que el permiso ahora sería nulo porque según la Ley de Hidrocarburos, en la resolución de otorgamiento se deben fijar los trabajos mínimos a realizar, incluidas la labores de protección medioambiental, y eso no aparece en el borrador del decreto del Ministerio.
La última alegación se basaría en que la solicitud y la documentación presentada está desfasada, ya que se incumplirían los trámites para salvaguardar el medio ambiente si se tienen en cuenta los informes elaborados hace ocho años, porque las medidas de protección han evolucionado. De esta manera, el Cabildo considera que habría que reiniciar el expediente para pedir nuevos informes adaptados a las necesidades y técnicas medioambientales que hay ahora.
En las alegaciones presentadas por Fuerteventura, que el Cabildo majorero hizo llegar este martes a los medios de comunicación, también se recoge que la documentación del expediente está "caducada".
S.G./ ACN Press
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