28/may./2020

LA JUEZ DEL CASO “UNIÓN” CONSIDERA “DIFÍCILMENTE CREÍBLE” SU ARGUMENTO

Becerra admite que ofreció dinero a Espino en nombre de Lleó, pero defiende que no hay delito porque él “no es técnico en derecho”

Durante la nueva declaración que prestó hace dos semanas en los Juzgados de Arrecife, el empresario Fernando Becerra volvió a admitir que en el año 2008 ofreció dinero al entonces consejero del ...
Becerra admite que ofreció dinero a Espino en nombre de Lleó, pero defiende que no hay delito porque él “no es técnico en derecho”

Durante la nueva declaración que prestó hace dos semanas en los Juzgados de Arrecife, el empresario Fernando Becerra volvió a admitir que en el año 2008 ofreció dinero al entonces consejero del Cabildo, Carlos Espino, en nombre de Luis Lleó, para desbloquear el proyecto urbanístico de Costa Roja, que había sido paralizado por los tribunales, a raíz de un recurso presentado por la primera institución.

Según un auto de la juez del caso “Unión”, Becerra relató “pormenorizadamente los hechos, reconociendo su participación y la del coimputado (Luis Lleó)” en esta pieza separada de la causa pero, sin embargo, su defensa pidió el “sobreseimiento libre”. Y es que tanto Fernando Becerra como Luis Lleó, que decidió acogerse a su derecho de no declarar, intentan centrar su defensa en el hecho de que Espino no tenía realmente competencias para hacer lo que le estaban pidiendo. Es decir, que consideran ahora que no podía desbloquear esa licencia, pese a que supuestamente le ofrecieron hasta 600.000 euros en metálico por ello, a repartir entre Espino y Fernando Becerra como intermediario.

El propio Carlos Espino fue quien denunció los hechos entonces, dando lugar la investigación de la UCO, que consiguió grabar conversaciones telefónicas y en despachos y captar imágenes de los encuentros en los que se ofrecieron cientos de miles de euros al consejero, además de otros porcentajes de los beneficios de la operación.

Sin embargo, la defensa de Fernando Becerra sostiene ahora que “los hechos podrían no ser constitutivos de delito, puesto que el señor Espino no ostentaba un cargo que lo habilitase para hacer lo que se le estaba pidiendo” y que, “además, parece ser que necesitaba el concurso de otras muchas personas para que pudiera salir adelante”. Según el abogado de Becerra, “su cliente no tenía ni idea” de las irregularidades administrativas que se solicitaban, “al punto de no ser técnico en derecho”. Incluso, agrega que “habría que estudiar el derecho administrativo para analizar y decidir tanto si el señor Espino podía por sí mismo ejecutar los propuesto o si hubiera sido imposible”.

La solicitud de sobreseimiento ya ha sido rechazada por la juez, que ha concretado hasta tres imputaciones por cohecho contra los dos empresarios, y en su auto rechaza con contundencia los argumentos de Becerra: “No puede invocarse el error cuando la ilicitud de la conducta es notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada. Así, y dicho llanamente, es difícilmente creíble que una persona, por muy desconocedora que sea del derecho penal, no comprenda que no se debe ofrecer a un político, en el ejercicio de su cargo y en su despacho, miles de euros para conseguir un trato de favor”, sostiene la juez.

Nuevas diligencias

Por su parte, el abogado de Luis Lleó pidió que se practicaran nuevas diligencias, que podrían ir en la misma línea de la defensa de Becerra. De hecho, ha pedido que se solicite al secretario del Cabildo que certifique hasta una decena de datos relativos a la composición del pleno en aquellas fechas, las competencias en materia de política territorial, asesoría jurídica y aprobaciones de los planes de ordenación, entre otras cuestiones del funcionamiento de la Corporación.

Esta solicitud ha sido aceptada por la juez, que ha ordenado estas nuevas diligencias, aunque advierte que “se superponen parcialmente a las ya efectuadas de oficio”. Además, en el propio auto se señala que Carlos Espino, aunque en aquella época no ostentaba la Consejería de Política Territorial, sí “tenía la facultad de requerir informes técnicos y jurídicos a los funcionarios de la Oficina Insular de planeamiento del Cabildo”, y que “era la persona que fijaba la dirección política y estratégica en materia de ordenación territorial” en el grupo de gobierno. Algo que declaró el propio Espino, al ratificar su denuncia el pasado mes, cuando fue citado de nuevo a declarar, pero que también está avalado por “las certificaciones” que ya se habían solicitado al Cabildo sobre este tema.

La defensa de Lleó también ha pedido la transcripción literal de la conversación que mantuvieron Fernando Becerra y él con Carlos Espino en el despacho del político, así como copias de los CDs y grabaciones de video o audio e intervenciones de conversaciones telefónicas que se refieran tanto a Lleó como a Fernando Becerra. Esto último ha sido rechazado por la juez, al considerarlo “claramente impertinente”, porque las partes que no se han incorporado a esta pieza separada, “no guardan relación alguna” con este procedimiento.

Hasta tres intentos de soborno

En el auto, la jueza acuerda imputar a cada uno de los empresarios hasta tres presuntos delitos de cohecho diferentes. Para ello, se basa en el propio testimonio de uno de los imputados, Fernando Becerra, así como en todo el material de la investigación llevada a cabo por la UCO, a raíz de la denuncia de Espino.

Según la acusación, la primera oferta que recibió el ex consejero socialista fue de 400.000 euros en metálico, a repartir con Fernando Becerra, como intermediario de la operación, que permitiría a Lleó seguir adelante con su proyecto de urbanizar la parcela de Costa Roja. Después, se le hicieron una nueva oferta de 600.000 euros. Por último, se le presentó una hoja de ruta que no sólo incluía “desbloquear” la licencia de las mil viviendas, sino también legalizar los hoteles de Playa Blanca con licencias anuladas por la Justicia.

Lo que se pretendía es que los hoteleros compraran suelo en esa parcela, para después cedérselo al Cabildo, a modo de “compensaciones al interés general”, a cambio de la legalización de sus establecimientos. [Según la investigación de la UCO, dos tercios de la parcela de Costa Roja pertenecían a Lleó, y la otra tercera parte a la empresa Rentalanz, de la cual es consejero Juan Francisco Rosa->34516]. Además, la operación incluía también autorizar no sólo el residencial Costa Roja, que incumplía la ley, sino un campo de golf en esa misma parcela. Por esta nueva operación, Fernando Becerra ofreció a Espino un porcentaje de cada venta de suelo.

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[La jueza del caso "Unión" imputa finalmente tres delitos de cohecho a Becerra y Lleó por intentar sobornar a Espino->69606]

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