La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha aceptado un recurso presentado por la defensa de Felipe Fernández Camero y ha levantado las medidas cautelares que pesaban sobre el abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife dentro del caso "Unión". Así, Fernández Camero ya no tendrá que acudir periódicamente a firmar a los Juzgados y sólo tendrá que comparecer "cuando fuera requerido para ello".
El pasado 11 de septiembre, la juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife rechazó esta solicitud de Fernández Camero y entendió que era necesario mantener estas medidas cautelares. Sin embargo, el abogado recurrió ante la Audiencia Provincial, que ahora le ha dado la razón y ha revocado el auto de la juez.
La Audiencia sostiene que "es evidente que el riesgo de fuga que pudiera justificar la presentación fija del imputado se ha mermado de manera más que considerable", dado el "lapso temporal" transcurrido desde que se adoptaron estas medidas cautelares, tras su detención en noviembre de 2010. "Y más aún", agrega el auto de la Audiencia Provincial, "la actuación del imputado, quien no ha dejado de comparecer ante el Juzgado, unido al notorio arraigo familiar (su propio hijo asume la defensa) y laboral en la isla de Lanzarote".
Al respecto, la Audiencia agrega que "este riesgo (de fuga) ha disminuido tanto que el propio Ministerio Fiscal interesa la revocación de cualquier medida que no sea la presentación cuando sea requerido para ello".
Fianza de 100.000 euros
Tras su arresto en el caso "Unión", Felipe Fernández Camero salió en libertad provisional, con la obligación de acudir cada 15 días a los Juzgados. Además, entonces también se le impuso una fianza de 100.000 euros para evitar la prisión.
Ahora, la Audiencia ha revocado las medidas cautelares que seguían pesando sobre Fernández Camero, que sólo tendrá que acudir a los Juzgados cuando sea "requerido para ello".
El ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife está imputado por presuntos delitos de cohecho y alteración de concursos públicos, dentro de la que ha quedado como pieza central del caso Unión, que gira sobre el presunto pago de sobornos a distintos políticos y técnicos de Arrecife.
La mayor trama investigada dentro de esa pieza se centra en la empresa Urbaser, tanto por cantidades presuntamente indebidas que cobró del Ayuntamiento como por el supuesto amaño en la adjudicación del contrato, bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz y con Fernández Camero como secretario del Consistorio.
Durante el interrogatorio tras su detención, Felipe Fernández Camero tuvo que afrontar un careo con el que era gerente de esta empresa en Lanzarote, Jacinto Álvarez, que confesó ante el juez haber pagado sobornos en nombre de Urbaser.
Durante la segunda fase de la Operación "Unión", bautizada como "Operación Jable", los agentes de la UCO encontraron incluso una libreta de Jacinto Álvarez, donde durante años apuntó los distintos pagos que realizó a políticos y técnicos, la mayoría de ellos en forma de regalos, como viajes y artículos de lujo.
También Matías Curbelo, que durante años fue mano derecha de Dimas Martín en el PIL, confesó que Urbaser había pagado "entre 25 y 50 millones de pesetas (entre 150.000 y 300.000 euros) por la adjudicación del contrato de la limpieza con el Ayuntamiento de Arrecife".
El secreto de sumario sobre esa parte de la causa, que tiene un total de 17 imputados, se levantó hace dos meses, aunque la instrucción continúa, después de varios retrasos por los cambios de juez que ha sufrido desde que se inició.
Otras sanciones e imputaciones
Felipe Fernández Camero fue apartado de su cargo como secretario del Ayuntamiento de Arrecife hace ocho años, por haber incurrido en una "falta grave" y otra "muy grave" de incompatibilidad. Concretamente, Camero ejercía como abogado particular sin el permiso del pleno, y además ostentaba cargos en dos empresas, Aparcamiento Islas Canarias y Lanzarote de Cable, de las que también formaba parte el Ayuntamiento y que eran incompatibles con su función de secretario. Gracias a su intervención se concedió la licencia al parking Islas Canarias, que luego fue anulada por los tribunales.
A esta sanción del Ministerio de Administraciones Públicas, que fue ratificada después por la Audiencia Nacional, se sumó en noviembre de 2010 su detención e imputación en el caso "Unión". Además, Felipe Fernández Camero continúa imputado también en una pieza separada del caso Reyes, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos.
