El Ayuntamiento de Arrecife ordenó en enero de 2016 la "clausura inmediata" de la "actividad sin licencia" que se estaba desarrollando en la carretera de Los Mármoles, por parte de la empresa Transportes y Excavaciones Tiagua, "consistente en el depósito de áridos y machacadora de piedra". Sin embargo, los trabajos en esa parcela continuaron, según las denuncias que siguieron presentándose en el Consistorio e incluso ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que ya ha abierto diligencias para investigar los hechos.
La orden de clausura a la que ha tenido acceso ahora La Voz, firmada por la concejal de Infracciones, Carmen Delgado, advertía de que de no producirse el "cierre del establecimiento de forma voluntaria en un plazo de 72 horas", se procedería "al precinto de la misma por la Policía Local de Arrecife, así como a solicitar de las empresas suministradoras el corte de agua y electricidad". Además, paralelamente el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador que terminó de instruirse hace un año, con la propuesta de la técnico instructora de imponer una multa de 15.001 euros a Transportes y Excavaciones Tiagua, "por la comisión de una infracción administrativa muy grave".
Sin embargo, ni la multa ni el precinto llegaron a ejecutarse. Así lo ha confirmado a La Voz la propia concejal, que afirma que el motivo es que la empresa presentó alegaciones y que "se ha estado trabajando en este expediente durante este tiempo". "Llevamos un tiempo de retraso, por falta de técnicos, y porque no es el único expediente que tenemos", ha señalado Carmen Delgado, que afirma que aún están esperando "informes".
"Paralización" del expediente y advertencia de la técnico
Cuando ordenó la clausura, la concejal de Infracciones contaba con una denuncia de la Policía Local de diciembre de 2015 y con un informe emitido poco después por la Oficina Técnica, que advertía de que la actividad carecía de licencia. "La cooperación interadministrativa autorizó al Gobierno de Canarias para el uso del terreno mientras duraran las obras de la Circunvalación de Arrecife, no pudiendo entenderse que se haga extensivo a las actividades de una empresa privada al margen de las obras de la Circunvalación ya finalizadas", señalaba ese informe, que agregaba que "por la maquinaria y acopio de material existentes en la parcela, se puede deducir que se está realizando en la actualidad una actividad continuada en el tiempo, que nada tiene que ver con las obras de la Circunvalación".
Sin embargo, en julio de 2016, seis meses después de ordenar la clausura, la misma concejal firmó otra resolución comunicando que el expediente de infracciones quedaría "paralizado" hasta que se realizara una visita. Para ello, se basaba en un nuevo informe realizado por la Oficina Técnica.
"A juicio de esta técnico, no se ha interpretado correctamente el informe emitido", advirtió entonces la funcionaria responsable, Lidia Sánchez, que pidió a la edil que "reconsiderara" su decisión de paralizar el expediente, ya que "resulta del todo improcedente y supone una seria obstaculización a la resolución del mismo". Además, aclaraba que lo que pedía en su último informe, al que hacía referencia la edil, era "requerir a la empresa Tiagua, así como a la Concejalía de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, el proyecto de rehabilitación del terreno", así como que se instara al Gobierno de Canarias "a realizar las inspecciones que la legislación le encomienda de control de este proyecto".
En cuanto a la visita de la Oficina Técnica, a la que la edil condicionaba la continuación del expediente, la técnico señalaba que podrían realizar esa visita, pero que resultaba "imprescindible contar con el proyecto de rehabilitación del terreno, para comprobar si los trabajos que se estaban realizando son los contenidos en ese proyecto". Por eso, insistía en que solicitar ese proyecto resultaba de "máxima prioridad" e instaba a no paralizar el expediente.
"No podíamos continuar porque nos faltaban informes"
"Se paró el expediente por los informes que faltaban", ha justificado la concejal Carmen Delgado, al ser preguntada por La Voz por esta decisión y por la advertencia que realizó la técnico. "No podíamos continuar porque nos faltaban informes", ha insistido. Ahora, afirma que la nueva técnico que se ha incorporado al departamento está "examinando el expediente" y que "seguramente" lo que harán es remitirlo al Gobierno de Canarias, a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).
Según la edil, el motivo es que el Gobierno de Canarias "es el competente", ya que fue quien en su día "concedió una licencia" a la empresa, vinculada a las obras de la Circunvalación, y quien "tiene que vigilarla". "En un principio, a nosotros no nos consta que tuviera licencia ni nada. Se le hace un trámite de audiencia y nos presentó toda la documentación", ha señalado la concejal, para explicar por qué en su momento se ordenó la clausura e incluso se propuso una multa por parte del Ayuntamiento, pero ahora, más de un año después, se plantean trasladar el tema al Gobierno de Canarias.
No obstante, cabe recordar que en su primer informe, la técnico ya hacía referencia a ese permiso vinculado a las obras de la Circunvalación, señalando que no daba cobertura a lo que se estaba desarrollando, y que incluía una machacadora. "Nosotros concretamente no la teníamos, carecíamos de ese documento", ha señalado la edil, que afirma que al presentar las alegaciones, la empresa "aportó" la licencia que el Gobierno canario habría otorgado a Transportes y Excavaciones Tiagua, como subcontrata en la realización de esas obras de la Circunvalación.
Así, aunque afirma que más de un año después siguen sin tener todos los informes, reitera que "una de las posibilidades que cabría", y por la cree que van a decantarse, es la de dar traslado al Gobierno de Canarias, "pues es quien debe sancionar o tomar las determinaciones que considere".
"Nosotros creo que hemos actuado correctamente"
En cuanto a la investigación abierta por la Fiscalía, la concejal afirma que ya han remitido la documentación que requirió al Ayuntamiento el fiscal Carlos Fernández Seijo. "Se remitió el expediente completo, que tiene más de 100 folios", ha explicado la edil, que asegura que no está preocupada por estas diligencias. "Nosotros creo que hemos actuado correctamente", defiende.
Una visión muy distinta mantienen desde Vecinos Unidos, que considera que la Concejalía de Infracciones "ha actuado de forma anormal" con este tema. "Primero no haciendo nada durante 5 meses; y luego, cuando Urbanismo solicitó requerir a la empresa para realizar las inspecciones que la legislación encomienda, lo que hizo fue paralizar el expediente", señalaba el partido en un comunicado remitido la pasada semana, en el que subrayaba que eso motivó "la airada reacción de la técnico".
En ese comunicado, el partido recordaba que el concejal Andrés Medina ha venido denunciado esta situación desde noviembre de 2015, "sellando y registrando todos sus escritos en el Ayuntamiento". Sin embargo, el propio edil lamenta que solo ha encontrado impedimentos para desarrollar su labor, incluyendo que le pidieron que pagara el coste de las copias si quería que le facilitaran el expediente. Algo que asegura que no ocurre con otros concejales de la Corporación.
Los trabajos siguieron hasta que denunció en Fiscalía, según Medina
Finalmente, el pasado mes de diciembre, y viendo que la actividad continuaba en la parcela, Medina decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, a través de la Asociación Adey Galguen, solicitando que investigara "si desde el Ayuntamiento de Arrecife supuestamente se había vulnerado la Ley".
Imagen de la actividad realizada en la parcela en noviembre de 2015
Aunque la empresa habría alegado que su actividad tras terminar las obras de la Circunvalación continuó para "reciclar" el material sobrante de esos trabajos, Andrés Medina ha venido denunciando que seguían llevándose "camiones de tierra" a esos terrenos. Incluso, hasta el pasado mes de noviembre se realizaron reportajes fotográficos en los que se observa la descarga de material, sin que "conste que tenga licencia para ello", tal como se señalaba en un informe de la Policía Local de hace tres meses. Además, Medina asegura que ha seguido observando la misma actividad hasta hace "10 o 12 días", poco después de que decidiera acudir al Seprona y a la Fiscalía.
En su denuncia, el concejal hablaba también de la posible extracción de áridos en esa parcela. Y es que tal como hace más de un año publicó también La Voz de Lanzarote, en la zona podía observarse no solo la machacadora, sino también otra maquinaria como retroexcavadoras, así como taludes propios de una cantera.
Al respecto, Andrés Medina sostiene que "la montaña en su día ya fue desmontada toda", por lo que después la actividad se habría centrado en almacenar y tratar material procedente de otras zonas, en un suelo donde no cabe esta actividad. De hecho, el Ayuntamiento ya denegó hace casi cuatro años la calificación territorial que había solicitado la empresa para poder ejercer allí esa labor, al tratarse de suelo rústico de uso agrícola. Ahora, mientras el Ayuntamiento sigue esperando "informes", la Fiscalía investiga tanto la actividad de la empresa como el expediente tramitado por el Consistorio.
