El Ayuntamiento de Arrecife fue condenado hace tres meses a pagar 50.400 euros a una de las empresas de José Montesinos, Recingest S.L., que a mediados del pasado año llevó al Consistorio a los tribunales, reclamando el pago de tres facturas por asesoramiento al departamento de compras y elaboración de pliegos de suministros. Aunque en el Ayuntamiento no consta el contrato con la empresa ni la realización de esos trabajos, el fallo judicial se basa en dos documentos firmados por el interventor municipal, Carlos Sáenz, para dar la razón al demandante.
En la sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria señala que, efectivamente, "no existe constancia de encargo alguno de los trabajos de asesoramiento y gestión que la recurrente afirma haber realizado". De hecho, subraya que los expedientes administrativos referidos a esas tres facturas sólo constan de "dos documentos": uno con "la orden de pago" y otro con el "reconocimiento de la obligación sobre el crédito retenido". Y los dos estaban firmados por la misma persona: Carlos Sáenz, que era quien debía velar por la legalidad de los pagos del Ayuntamiento.
Por eso, dado que el interventor dio luz verde al pago de esas facturas, la sentencia señala que "procede entender acreditado que el servicio se prestó y que por ello se adoptó la decisión de abonar las cantidades reclamadas". Además, el Juzgado agrega que "la existencia de irregularidades en la contratación no sería, en principio, obstáculo para que al recurrente se le abonen las facturas por los trabajos realizados", ya que lo contrario supondría un "enriquecimiento injusto" de la administración.
En prisión provisional
Sin embargo, tres meses y medio después de que se dictara esa sentencia, fechada el pasado 17 de febrero de 2012, Sáenz se encuentra en prisión provisional, al igual que José Montesinos. Ambos fueron detenidos en una operación bautizada con la combinación de sus nombres, "Montecarlo", que llevaba meses investigándoles.
De hecho, el procedimiento judicial que ha terminado en condena para el Ayuntamiento, y que se inició a mediados del pasado año con un recurso presentado por Montesinos, podría haber sido, indirectamente, uno de los desencadenantes de la investigación en el Consistorio de Arrecife. Y es que al ir a buscar los expedientes de esas facturas que se reclamaban, en el Ayuntamiento se detectó que no había contrato, ni adjudicación, ni constancia de que se hubieran realizado o entregado los trabajos. Sólo, dos documentos firmados por el interventor para autorizar los pagos.
En aquel momento, Cándido Reguera ocupaba la Alcaldía de Arrecife y, para responder al recurso de Montesinos, encargó la defensa del Ayuntamiento al abogado Federico Toledo. Tanto Reguera como Toledo protagonizaron en enero de este año una [polémica con la entonces secretaria de Arrecife->65235], Asenet Padrón, quien les acusó de haber entrado en su despacho sin estar ella presente, y de haberse llevado [documentos, que posteriormente aparecieron en casa de Reguera->65213]. El expediente en cuestión, estaría relacionado con este caso, y con la investigación que ya había abierto la Fiscalía.
Denuncia "anónima"
Al margen de responder el recurso de Montesinos en los tribunales , dentro del Ayuntamiento no consta que se hiciera nada más para esclarecer el asunto, pese a las supuestas irregularidades que se pusieron de relieve en el juicio. Sin embargo, poco después, la Fiscalía de Arrecife recibió una denuncia anónima, sobre pagos y facturas supuestamente irregulares en el Consistorio. Y por los datos que aportaba, partía de un trabajador del Ayuntamiento.
Además, para entonces, Montesinos y Carlos Sáenz ya estaban siendo también investigados en Fuerteventura, por lo que los fiscales de ambas islas empezaron a trabajar de forma coordinada. Y ahí llegaron también al Ayuntamiento de San Bartolomé. Presuntamente, a través de las empresas de Montesinos, ambos malversaron dinero en estas tres instituciones, en las que Sáenz era interventor. En la capital de Lanzarote, cargando facturas por trabajos supuestamente no realizados. En La Oliva y San Bartolomé, a través de la recaudación de tributos, que durante años estuvo en manos de las empresas de Montesinos.
Esos dos últimos Consistorios, así como los que eran sus alcaldes en la pasada legislatura, también se enfrentaron a demandas de este empresario, por cantidades que reclamaba y que, al cambiar el grupo de gobierno, los Ayuntamientos no reconocían. Sin embargo, en este caso, los municipios ganaron el pleito. Incluso, al menos en el caso de San Bartolomé, posteriormente fue el Consistorio quien demandó a la empresa, por cantidades que entendía que Montesinos le adeudaba por la recaudación de tributos, en un contencioso que aún está pendiente de resolverse.
Ahora, además, tanto José Montesinos como Carlos Sáenz tendrán que responder por presuntos delitos penales. Junto a ellos, hasta el momento, están imputados el que era concejal de Hacienda de San Bartolomé, Javier Betancort, y ex edil del mismo área en Arecife, José Miguel Rodríguez, aunque en los próximos días, la causa podría sumar nuevos imputados. Además de presuntos pagos irregulares a las empresas de Montesinos, también se investigan otras facturas.
