Alternativa Ciudadana, representada por Andrés Barreto, ha presentado un escrito ante la Fiscalía al considerar que "pudiera existir un delito de prevaricación por acción en un caso y por omisión consentida en otro", en la concesión de la licencia municipal que autorizó la construcción de un aparcamiento subterráneo en el parque Islas Canarias, en Arrecife, declarado ilegal por la Justicia.
Para Alternativa, este delito lo pudieron cometer la Comisión de Gobierno de Arrecife en 2002, presidida por María Isabel Déniz como alcaldesa, y su concejal delegado, así como los grupos de gobierno que han estado al frente del Ayuntamiento desde 2008 hasta 2012. El escrito tiene registro de entrada de 1 de febrero y en él la formación ha adjuntado un total de "700 documentos relacionados con el proceso de concesión de licencia".
Alternativa Ciudadana considera, en concreto, que estos supuestos delitos de prevaricación los pudo cometer tanto la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, que gobernaba en la fecha de 6 de mayo de 2002, como el concejal delegado, el secretario titular o los secretarios en funciones que intervinieron en este proceso de concesión de la licencia, así como la empresa constructora y explotadora del parking Islas Canarias. Este partido político ha explicado que fue esta Comisión la que "acordó otorgar licencia autorizando la construcción" del aparcamiento y que fue "por resolución del concejal delegado".
En esta Comisión de Gobierno en 2002 estaban presentes la entonces alcaldesa, María Isabel Déniz, y los concejales María Dolores Curbelo, Manuel Rafael Pérez, Nuria Cabrera, Carmelo García Déniz, Andrés Fuentes, Florián Corujo Tejera y el secretario era Felipe Fernández Camero. A esta sesión no asistió el concejal Juan Santana Delgado, según el acta.
Pero, además, la formación considera también que "pudo existir delito de prevaricación por omisión o incumplimiento de la ejecución del fallo de la sentencia" por parte del Ayuntamiento de Arrecife. "Intentó con argucias legales retrasar el cumplimiento del mismo e intentó legalizar lo que por sentencia firme es ilegal". Por ello, Alternativa cree que "existe asimismo responsabilidad manifiesta de los grupos de gobierno que han gobernado desde enero de 2008 hasta 2012". En este tiempo, han gobernado PSOE-PIL, PP-PNL-PIL y, por último, PP-PSOE.
Alternativa pretende ahora que la Fiscalía inicie el correspondiente expediente informativo y que, "de conformidad con lo estipulado en la legislación vigente en materia de infracción urbanística por prevaricación", exija "responsabilidades penales, políticas y patrimoniales".
"A sabiendas de que la licencia era nula"
La formación ha señalado en este escrito dirigido a Fiscalía que "todas las actuaciones realizadas en la concesión de la citada licencia del aparcamiento subterráneo del parque Islas Canarias se llevaron a efecto a sabiendas de que la citada licencia era nula de pleno derecho, por cuanto tenían pleno conocimiento desde la toma de la decisión que se estaba llevando a cabo impilcaba un cambio de uso no sólo en cuanto a la superficie, sino también al subsuelo". "No se llevaron a efecto los procedimientos legales pertinentes", ha señalado el partido.
Alternativa ha recordado que contra los acuerdos de la autorización de la licencia se presentaron denuncias públicas ante el Ayuntamiento por parte la Fundación César Manrique, colectivos sociales de la isla y ciudadanos a nivel particular. Precisamente la denuncia de la Fundación César Manrique acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló el acuerdo de la Comisión de Gobierno de Arrecife por la que se otorgó la licencia al aparcamiento Islas Canarias.
"Infracción urbanística clara y pura"
Alternativa considera que "no sólo existe una infracción urbanística clara y pura al concederse una licencia para la construcción de un parking subterráneo cuando tenían pleno conocimiento que se estaba llevando a cabo un cambio de uso, sin modificarse el Plan General, así como la concesión de viales públicos con la misma finalidad".
"Esto puede acarrear consecuencias nefastas para las arcas municipales, al tener que restituirse el espacio público violado, con repercusiones graves para los ciudadanos de Arrecife, que serán en última instancia los que acarrearán con el coste del mismo", ha advertido la formación en su escrito presentado en Fiscalía. Además, ha pedido que se "ejecute la sentencia y se lleve a puro y debido efecto el fallo contenido en la misma".
