El documento que remitió la Autoridad Portuaria deja claro que se trata de una "reiteración" de sus alegaciones. Según Puertos, la protección del Castillo interfiere en "la explotación portuaria" y "afectaría al desarrollo del Puerto de Arre

Las alegaciones por las que Inés Rojas pidió la paralización del BIC del Castillo de San José ya habían sido rechazadas por el Cabildo

Ante el revuelo que causó el conocimiento público de la misiva que Inés Rojas envió al Gobierno de Canarias pidiendo que quedara sobre la mesa el expediente de declaración del BIC del entorno Castillo de San ...

9 de agosto de 2006 (09:27 CET)
Las alegaciones por las que Inés Rojas pidió la paralización del BIC del Castillo de San José ya habían sido rechazadas por el Cabildo
Las alegaciones por las que Inés Rojas pidió la paralización del BIC del Castillo de San José ya habían sido rechazadas por el Cabildo

Ante el revuelo que causó el conocimiento público de la misiva que Inés Rojas envió al Gobierno de Canarias pidiendo que quedara sobre la mesa el expediente de declaración del BIC del entorno Castillo de San José, que iba a ser debatido por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario, la presidenta del Cabildo explicó en su momento que había tomado esa decisión porque quería estudiar "el tocho", así es como calificó el documento, de alegaciones que el día antes de la reunión de le habían enviado desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Sin embargo, y pese a que Inés Rojas declaraba que no sabía si eran las mismas alegaciones que ya habían sido rechazadas por el Cabildo, lo cierto es que el documento deja claro que se trata de una "reiteración" de las alegaciones que Puertos ya presentó en su momento, y que fueron rechazadas mediante una resolución emitida el 18 de julio y aprobada por unanimidad en el último Pleno del Cabildo, celebrado el 28 de julio, basándose en los informes técnicos de la Primera Institución, que no consideraron válidos los argumentos defendidos desde Las Palmas.

El Partido Popular solicitó este martes a Presidencia el documento con las alegaciones de Puertos, que más tarde ha hecho público y sobre el que se ha pronunciado. La portavoz del PP, María Dolores Luzardo encuentra "muy grave" la decisión tomada por la presidenta de pedir la paralización del expediente del BIC, "con el consentimiento de los dos vicepresidentes" porque "se saltó un acuerdo plenario". Luzardo añade que "esas alegaciones ya se habían dictaminado y se había aprobado una resolución en Pleno" y considera que "las instituciones no se gobiernan de esa manera".

Puertos vuelve a reiterar sus alegaciones

Después de que el Cabildo notificara a la Autoridad Portuaria de Las Palmas su rechazo a las alegaciones presentadas, la institución que gestiona el puerto de Arrecife, elaboró un segundo documento que bajo el título de "Reiteración alegaciones en el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor del Castillo de San José", explica los antecedentes que han rodeado el proceso, desde que el Cabildo incoa el expediente el 28 de mayo de 2003, hasta el momento en el que rechaza las alegaciones de puertos.

En el documento, remitido al Cabildo el 31 de julio, vuelve a incluir las alegaciones por las que solicita excluir del entorno de protección del Castillo de San José al muelle de Los Mármoles y las zonas de ampliación portuaria y pide que la declaración final del BIC incluya de forma explícita que la protección del bien inmueble "no supondrá obstáculo para el desarrollo de la actividad portuaria en el Puerto de Arrecife".

Alegaciones presentadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Los motivos que expone la Autoridad Portuaria de Las Palmas para que se revisen los límites que quedarían protegidos por la declaración del BIC del Castillo de San José, se basan en que ellos ostentan la gestión del Dominio Público Portuario y de señales marítimas del puerto de Arrecife, y que la Autoridad Portuaria depende del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado por Ley.

Según explican, acudiendo a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ni al Cabildo de Lanzarote ni al Gobierno de Canarias se les reconoce la competencia para tramitar y resolver un procedimiento de declaración de interés cultural de un bien que por su situación, invade terrenos de la zona de servicio del Puerto de Arrecife que es de dominio público estatal, tras la Orden del Ministerio de Fomento, aprobada en enero de 2004. Para Puertos de Las Palmas, el expediente de BIC incluye terrenos de la zona de servicio del Puerto que forman parte del domino público marítimo-terrestre.

Alegan que la declaración del BIC y la protección de su entorno que recoge el expediente incoado por el Cabildo, interfiere en "la explotación portuaria que afectaría al desarrollo del Puerto de Arrecife" y además "producen un perjuicio a la actividad portuaria, de suma importancia en la isla de Lanzarote".

Creen que el Cabildo incurre en una paradoja porque esta institución consideró conveniente en su informe sobre el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios de Arrecife, que el desarrollo del puerto "se llevara a cabo hacia el norte de la ciudad" en la zona de la Bahía de Naos, el Muelle de Mármoles y Punta Grande, y ahora, incluyen en el expediente del BIC, según se afirma en las alegaciones de Puertos, "terrenos de la zona de servicio del puerto que pueden suponer una importante limitación a las competencias de explotación portuaria".

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