Ejerció durante varios periodos como secretario interventor del Ayuntamiento de Yaiza, pero no tiene "preparación técnica", ni "estudios superiores". Eso fue lo que alegó uno de los cuatro acusados en la pieza separada del caso Yate, por la presunta malversación de casi un millón de euros de Yaiza con los pagos a Felipe Fernández Camero. Al igual que el resto de acusados en esta pieza separada del caso Yate, Antonio Fernández Martín recurrió el auto que puso fin a la instrucción de la causa, pero la Audiencia Provincial acaba de rechazar su petición.
"No existe duda de que autorizó varios pagos, aunque fuera de forma esporádica a lo largo de varios años, y así consta su firma en diversos documentos como interventor municipal, que es el que tiene que controlar la regularidad y control del gasto público. No puede por tanto alegar desconocimiento de las funciones de ese cargo cuando, al menos durante diez años, ha estado autorizando pagos aunque fuera supliendo vacaciones o vacantes", concluye el auto de la Audiencia.
En su recurso, Antonio Fernández Martín pedía el sobreseimiento libre para él y alegaba que como secretario accidental, "tan solo hizo nueve pagos" a Fernández Camero, y que "no consta en la causa que supiera que la contratación fuera irregular". Incluso, apeló a su falta de "preparación técnica para discernir sobre la ilicitud de la contratación". Además de representar al Ayuntamiento en varios pleitos, Felipe Fernández Camero recibía una suma fija mensual de unos 2.000 euros. Esa cantidad correspondía a supuestas labores de asesoramiento que, según la instrucción, no se habrían prestado realmente.
"Es auxiliar administrativo, sin estudios superiores y, por tanto, mal puede indiciariamente cometer a sabiendas acto alguno que incida en la figura de prevaricación administrativa", señaló la defensa de este trabajador municipal, ya jubilado, que sostiene que no era su competencia "ejercer el control y fiscalización del precio satisfecho" a Camero por sus servicios. Sin embargo, la Audiencia considera que ésa era precisamente su responsabilidad cuando asumía accidentalmente el cargo de secretario interventor, por lo que concluye que deberá ir a juicio junto a los otros tres acusados: el propio Camero, el ex alcalde José Francisco Reyes y el que era secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes. Para ellos, la Fiscalía pide 6 años de prisión, mientras que para Antonio Fernández reclama 5 años y 9 meses.
Imputado poco después de firmar un certificado
En su recurso, Antonio Fernández cuestionaba también que se le imputó en este procedimiento cuando la instrucción estaba prácticamente concluida. Por eso, planteaba una supuesta vulneración del derecho de defensa, al haber tenido que declarar "sin conocer toda la causa" y sin "haber participado en la instrucción". Al respecto, la Audiencia recuerda que precisamente su declaración se retrasó a petición de su defensa, para que pudiera "tener conocimiento de las extensas actuaciones practicadas". Además, añade que "finalmente declaró y contestó a las preguntas", sin alegar en ese momento ninguna indefensión.
En cuanto a su imputación, el auto recuerda que efectivamente se produjo cuando la instrucción ya estaba avanzada. El nombre de este trabajador apareció de la mano de un certificado firmado por él y aportado a esta causa por la defensa de Fernández Camero, en diciembre de 2012. En ese certificado, Antonio Fernández firmaba como secretario accidental del Ayuntamiento y aseguraba que el abogado sí prestó los servicios por los que cobró cerca de un millón de euros de Yaiza.
Según la Fiscalía, esa certificación era "íntegramente mendaz en su contenido y en su forma", ya que cuando se elaboró, Antonio Fernández Martín ni siquiera estaba ejerciendo efectivamente como secretario. Poco después, el propio Fernández Martín fue imputado en la causa, ya que se detectó que algunos de los pagos a Camero fueron autorizados por él mismo, cuando en algunos momentos del periodo que se investiga sí reemplazó a Bartolomé Fuentes como secretario interventor.
"El nombramiento no justifica cualquier ilegalidad ulterior"
Además de rechazar este recurso y el presentado por Fernández Camero, la Audiencia también ha desestimado el de Vicente Bartolomé Fuentes. En su caso, alegaba entre otras cosas que cuando se designó a Fernández Camero como asesor del Ayuntamiento, en agosto de 1980, él no era aún secretario. Y añadía que cuando dejó de serlo (tras ser inhabilitado por una condena judicial), a Camero se le siguió pagando "conforme a la misma operativa empleada hasta entonces y sin oponerse objeción alguna".
Al respecto, la Audiencia señala que "lo que se imputa a los denunciados es el mantenimiento de dicha situación", ya que "no consta expediente alguno de contratación ni contrato laboral durante los años 1996 a 2008", que son los que se investigan y los que no habrían prescrito.
"Es cierto que se encuentran con una situación de hecho ya creada con anterioridad", pero "ello no les exonera, en principio, y dados los cargos que ostentaban, los cuales les colocaba en una posición de garantes del interés público, de procurar que esa situación de hecho finalizara o, si se estimase necesario, se ajustase a la normativa vigente en esa fecha. Ese primer nombramiento, en definitiva, no puede servir como soporte para cualquier posible ilegalidad ulterior", concluye el auto.
En cuanto al cuarto acusado, José Francisco Reyes, su defensa no presentó un recurso contra el auto que puso fin a la instrucción de la causa, pero se adhirió a los planteados por Vicente Bartolomé Fuentes y Antonio Fernández Martín, que han sido rechazados.
