29/mar./2020

DIRIGE SU ESCRITO CONTRA 19 PERSONAS POR LAS TRAMAS DE URBASER Y FCC

La acusación popular pide 22 años de cárcel para Isabel Déniz y 19 para Camero en el caso Unión

Dirige su escrito contra 19 personas por las tramas de Urbaser y del pabellón de Argana adjudicado a FCC. “La historia del Ayuntamiento de Arrecife es la historia el urbanismo criminal y de la corrupción llevada hasta la náusea”...

La acusación popular pide 22 años de cárcel para Isabel Déniz y 19 para Camero en el caso Unión

La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, se enfrenta ya a una petición de 22 años de cárcel y 28 de inhabilitación en la pieza del caso Unión que investiga su etapa al frente del Consistorio. Ésa es la pena que solicita para ella la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, que acaba de presentar su escrito de calificación en esta causa, centrada en las adjudicaciones de contratos a Urbaser y en la construcción del pabellón de deportes de Argana a cargo de FCC, con las que "se llevó a cabo el saqueo sistemático y continuado de las arcas públicas".

A falta del escrito de la Fiscalía, que correrá a cargo del fiscal anticorrupción Luis del Río, de momento la acusación popular ha dirigido acusación contra 19 personas, entre políticos, técnicos y empresarios, dentro de la última fase de Unión, que se conoció como "Operación Jable". En su escrito, Transparencia Urbanística reclama la misma pena de 22 años de cárcel para el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha. Además, pide que tanto él como Déniz sean condenados a pagar una multa equivalente al triple del valor de las “dádivas” que recibieron. La tercera mayor pena se solicita para el que fuera secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, para quien piden 19 años de prisión y 20 de inhabilitación.

Según la acusación popular, todos ellos “se dedicaron a enriquecerse de forma ilícita con tal ansia de lujo, poder y dinero que no conoció fin hasta que la ciudadanía los apartó del Ayuntamiento en las elecciones de 2007”, en el caso de María Isabel Déniz, y hasta el estallido del caso Unión en el del resto, cuando en el año 2009 “la UCO intervino el Ayuntamiento de Arrecife por orden del titular del Juzgado Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro”. “Durante años la sociedad lanzaroteña fue testigo mudo de esta historia de indecencia y  miedo, de ostentación y bajeza”, señala la acusación particular, que considera “la historia del Ayuntamiento de Arrecife es la historia el urbanismo criminal y de la corrupción llevada hasta la náusea”. 

 

“Un espectáculo de pornografía política verdaderamente obsceno”


A lo largo del escrito de calificación, la acusación hace constantes referencias a las anotaciones que durante años hizo el ex gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, en varias libretas que aportaron datos calve a esta investigación, detallando distintos sobornos pagados a cargos públicos y funcionarios en forma de regalos de lujo, viajes y cantidades en metálico, a cambio de adjudicaciones presuntamente fraudulentas y de pagos de facturas infladas o por servicios no prestados. 

“Las anotaciones de Jacinto Álvarez y la transcripción de las conversaciones muestran un espectáculo de pornografía política verdaderamente obsceno”, concluye Transparencia Urbanística, que pide precisamente para Jacinto Álvarez otra de las mayores penas, de 16 años de cárcel. Junto a él, se enfrentan a esa misma petición de prisión cuatro directivos de Urbaser: Santiago Alonso Herreros, Manuel Andrés Martínez, Francisco José Martínez Llerandi y Stephan Jean Antoine Balverde. Además, tanto para ellos como para el resto de acusados, se reclaman también decenas de años de inhabilitación.

 

Ocho años para Dimas, Curbelo y Leal


Por su parte, el líder histórico del PIL, Dimas Martín; el que fuera su mano derecha, Matías Curbelo; y el ex consejero del Cabildo y ex secretario del PSOE en Arrecife, Miguel Ángel Leal, se enfrentan a una petición de 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por su presunta intervención en el amaño de la adjudicación del contrato de recogida de basura en el año 2002 a Tecmed (que posteriormente fue absorbida por Urbaser) y en el cobro de sobornos a cambio de esa adjudicación. 

Tras su detención en esta causa, el propio Matías Curbelo confesó que Dimas Martín e Isabel Déniz se “repartieron” una comisión ilegal y aseguró que él mismo recogió personalmente uno de los “sobres”, con “entre 10 y 12 millones de pesetas”. Según Curbelo, después le entregó ese sobre a Miguel Ángel Leal, que es marido de la que entonces era teniente de alcalde de Arrecife, cuando PIL y PSOE gobernaban juntos en la capital bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz.

 

Arrocha y Spínola, “proyectos de tarde” y “autorizaciones de día”


En cuanto al resto de acusados, otra de las mayores penas, concretamente de 10 años de cárcel, se pide para un técnico del Cabildo, Manuel Jesús Isidro Spínola, que compartía empresas privadas con el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, dedicándose a realizar proyectos de arquitectura e ingeniería. “Esos mismos proyectos que les proporcionaban ingentes beneficios en horario de tarde, eran los que el señor Spínola y el señor Arrocha autorizaban en su horario de mañana en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife respectivamente”, sostiene la acusación popular, que subraya que ambos “actuaban en el sector privado con expresa incompatibilidad de su cargo”.

Además, agrega que para ello “usaban” a otros dos socios, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo Gil, “para representar a las entidades y presentar proyectos u obras nunca ejecutadas e innecesarias, y así lucrarse con facturas falsas de obras no realizadas satisfactoriamente que validaba Rafael Arrocha, como jefe de la Oficina Técnica, y eran abonadas por el Ayuntamiento de Arrecife”. Para estos dos acusados y para un tercero, Julio Romero, la acusación pide 12 meses de multa y 3 años de inhabilitación. En cuanto a Manuel Jesús Isidro Spínola, además de 10 años de prisión, la acusación popular solicita que se le imponga una multa por el triple del valor de las “dádivas” que presuntamente recibió.

 

Un “entramado de corrupción” tras el pabellón de Argana


Por último, el escrito de acusación de Transparencia Urbanística se dirige también contra dos directivos de Fomento Construcciones y Contratas, Enrique Astorga y Enrique Hernández, para los que pide 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación para empleo o cargo público. Según señala la acusación popular, el “modus operandi” en este caso fue idéntico al aplicado con Urbaser. Es decir, “el señor Arrocha informa favorablemente, el señor Fernández Camero lo refrenda jurídicamente y la alcaldesa lo lleva a aprobación municipal, conocedora del entramado de corrupción que hay detrás, con el ánimo de seguir engordando su fortuna personal de modo ilícito”.

Entre otras cosas, la investigación de la UCO detectó que FCC pagó un viaje a Marruecos a María Isabel Déniz y varios miembros de su familia, coincidiendo con la adjudicación de ese contrato. La acusación señala que ese pabellón se adjudicó a esta empresa “rozando una baja temeraria”, para luego multiplicar el presupuesto de la obra con modificados del proyecto que fueron aprobados incluso 3 años después del plazo en el que debía haberse terminado la obra. Y el resultado fue “un pabellón de deportes que no reunía las condiciones mínimas para obtener la apertura al público por motivos de seguridad, obsoleto antes de nacer”, y que “una vez que se tuvo conocimiento de la trama que orquestó su construcción, se cerró al público y no ha sido abierto todavía”.

De hecho, Transparencia Urbanística recuerda que para poder abrirlo, el Ayuntamiento ha calculado que es necesario realizar obras por valor de más de 1,5 millones de euros, dado el “cúmulo de deficiencias” detectado. Sin embargo, en su momento, “los acusados devolvieron los avales correspondientes” a FCC, “previa presentación de las certificaciones al Ayuntamiento”, dando por buena la obra, que “nunca debió ser inaugurada ni abrirse al público”, y que fue clausurada tras el estallido de la operación Unión.

 

Tres hechos delictivos y casi una decena de delitos


En su escrito de calificación, la acusación popular distingue tres hechos delictivos distintos: uno centrado en la adjudicación del contrato de recogida de basura en el año 2002, otro por la ampliación de los contratos de parques y jardines y limpieza viaria, también con Tecmed, que aumentaron de forma “desproporcionada e injustificada” llegando a superar hasta en un 517 por ciento el precio por el que se había adjudicado originalmente, y el tercero por la construcción del pabellón de Argana.

Para lograr cada uno de estos hechos delictivos, la acusación popular sostiene que los implicados incurrieron, en función de la participación de cada uno, hasta en 8 delitos distintos: cohecho, prevaricación, alteración de concurso, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, infidelidad y violación del secreto, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental.

Así, al solicitar las penas de prisión, se centra en cada una de las tres tramas, tratando cada uno de los delitos como delitos “en concurso”, es decir, necesarios para obtener el mismo fin. Esto supone aplicar la pena prevista para el delito más castigado en el Código Penal, aumentándola en un grado, y multiplicarla por tres en el caso de María Isabel Déniz y Rafael Arrocha. En el caso del resto, las penas van en función de si están relacionados con las tres tramas presuntamente delictivas o no, y también en los presuntos delitos en los que incurrieron en cada una.

Además, el escrito de acusación incluye también a las parejas de María Isabel Déniz y Dimas Martín, Domingo Abreut Cabrera y Elena Martín, en calidad de partícipes a título lucrativo. Sus nombres se incorporaron a la causa hace unos meses, ya que tanto la juez instructora, Silvia Muñoz, como el Ministerio Fiscal, consideraban que ambos se “beneficiaron” de las comisiones ilegales que presuntamente recibieron sus parejas. Así, aunque no se piden penas para ellos, sí tendrían que responder de las cantidades económicas, en caso de condena.

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