31/may./2020

CREE QUE HABÍA Y SIGUE HABIENDO UNA ACTITUD DE "ENTREGA" AL "CACIQUE"

La acusación popular denuncia la "pleitesía" de la admistración con Rosa: “Los hechos parecen transcurrir en plena Edad Media”

Considera que políticos y técnicos incurrieron en "ilegalidades groseras" por su "entrega" al "cacique”. Además, cree que la "pleitesía" continúa en la actualidad y denuncia “el grado de injerencia y la insólita beligerancia" de las tres administraciones implicadas con la instrucción del caso Stratvs...

La acusación popular denuncia la "pleitesía" de la admistración con Rosa: “Los hechos parecen transcurrir en plena Edad Media”

A nadie se le permite hacer en Lanzarote lo que a Juan Francisco Rosa: la inmensa mayoría de los empresarios de la isla, y de los ciudadanos, ajustan sus pretensiones de negocio a lo que las normas autorizan o permiten; solo el señor Rosa cree posible definir a su antojo el lugar, las dimensiones y las características de sus negocios, y solo él cree posible que las normas se ajusten, como un guante a la mano, a sus pretensiones”. Éste es uno de los extractos del escrito de la acusación popular del caso Stratvs, que concluye que los hechos, efectivamente, demuestran que Rosa logra “materializar” esas pretensiones gracias a su “poder e influencia” sobre distintos cargos públicos y funcionarios que “graciosamente se pliegan” a sus intereses.

“Los hechos objeto de instrucción parecen transcurrir en plena Edad Media”, sostiene el escrito de acusación de Transparencia Urbanística, que considera que políticos y técnicos han actuado y siguen actuando con “entrega”, actitud “servil” y “pleitesía” hacía Juan Francisco Rosa. “Los llamados a garantizar la igualdad de todos ante la ley entregaron sus armas y aceptaron cambiar el principio de legalidad por la ley del más fuerte”, agrega dentro de esta comparación con la etapa medieval de los señores feudales.

En base a esa premisa, la acusación popular imputa a Rosa tres nuevos delitos continuados de tráfico de influencias, por lo que pide para él 21 años de cárcel, frente a los 15 que reclama la Fiscalía. “Sólo desde la perspectiva de un tráfico de influencias continuado se puede entender el cúmulo de ilegalidades cometido de forma consciente y deliberada por los representantes de las tres administraciones públicas implicadas”, señala el escrito de acusación, que define a Rosa como “el cacique”, “el sumo hacedor” y “el señor del dinero”, porque considera que ha logrado imponer su voluntad sobre políticos y técnicos

Por un lado, consiguiendo que aprobaran “actos administrativos groseros en su ilegalidad”. Por otro, por la “impunidad” de la que ha gozado después, pese a que lo construido en nada se parece a lo que (también ilegalmente) se había autorizado. Además, subraya que los mismos cargos públicos que autorizaron la apertura de Stratvs no sólo han “permitido con impunidad la explotación de la industria clandestina durante años”, sino que incluso se “dejaron fotografiar en actos públicos” en la bodega, concretamente en su inauguración, a la que acudieron destacados políticos de todas las administraciones.

 

Un Plan “elaborado expresamente para legalizar Stratvs”


Además, la acusación popular agrega que esa “manifestación de entrega y pleitesía” continúa a día de hoy y se ha hecho “patente a lo largo de la instrucción” de esta causa, “hasta el punto que la normativa aprobada, y que se ha pretendido aprobar, se ha elaborado expresamente con el único fin de legalizar el complejo turístico Stratvs, y conferirle a través del planeamiento una posición jurídica singular y privilegiada, equiparándolo indebidamente con las bodegas históricas de La Geria”. 

Transparencia Urbanística se refiere así al Plan Especial de La Geria, aprobado el pasado mes de julio por el Gobierno de Canarias, y también a la modificación de ese Plan Especial que pretende sacar adelante el Cabildo. La modificación ya ha sido llevada a Pleno hasta en tres ocasiones por el presidente, Pedro San Ginés, pero hasta ahora no ha conseguido aprobarla por la minoría en que se encuentra el grupo de gobierno de CC.

Mientras tanto, la acusación denuncia además que “el grado de injerencia y la insólita beligerancia de las administraciones públicas implicadas (local, insular y regional) con la instrucción judicial y su constante cuestionamiento de las resoluciones judiciales están a la altura de la demostración del poder económico y social de que hace gala el señor Rosa”.

“Tal ha sido el nivel de agresividad”, agrega, “que hasta la Fiscalía General del Estado ha tenido que intervenir públicamente, emitiendo una nota de apoyo a la labor del señor Ignacio Stampa, que ha sufrido, junto con la juez de instrucción, una campaña de desprestigio y ataque personal, dirigido y alentado desde los medios de comunicación propiedad del señor Rosa, sin precedentes en la democracia”. Al respecto, destaca que “la presión recibida por la juez instructora, doña Silvia Muñoz, por el Ministerio Fiscal y por las acusaciones personadas, sólo es comparable con el tesón, rigor y firmeza mantenidos en la instrucción de la causa”.

 

“Entrega fiel” de San Ginés, Fabelo y Rafael Martín


Además de señalar a los políticos y técnicos acusados en la causa, la acusación particular también se refiere en su escrito a algunas de las personas que considera que siguen “plegándose” a los intereses de Rosa en cada una de las tres administraciones implicadas. Respecto al Cabildo, sostiene que “la entrega fiel y sin paliativos en la defensa de los intereses del señor Rosa por el presidente, don Pedro San Ginés, el consejero de Medio Ambiente, don Francisco Fabelo, y el director insular de Ordenación Territorial, don Rafael Martín, ha sido tan pública y evidente que ha causado alarma social en Lanzarote”, por la “insistente claudicación de los representantes públicos ante la capacidad de influencia y el control férreo que ejerce el señor Rosa sobre los que públicamente se reconocen como sus subordinados”.

En cuanto al Gobierno de Canarias, cuestiona el “espectáculo ofrecido por el director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y algunos de sus funcionarios, con la asistencia de los servicios jurídicos de Gobierno de Canarias”, que “han dejado una huella patente en la instrucción, reflejando el intento de intromisión e injerencia del Gobierno autónomo en el ámbito de actuación y la independencia del Poder Judicial”.

Por último, en lo que respecta al Ayuntamiento de Yaiza, sostiene que “el actuar de los representantes políticos y de los funcionarios públicos da actualidad a los versos de Víctor Fernández (el salinero)”. Incluso, el escrito de acusación reproduce su contenido, que arranca con un: “Si yo tengo de Alcalde a mi medianero, resulta en la Alcaldía lo que yo quiero. Si el Secretario he sido yo quien lo ha puesto, se escribe lo que sea por mí dispuesto…”

 

Un “cinismo comparable” en los alcaldes de Yaiza


Respecto a los funcionarios y políticos que sí están acusados en la causa, la acusación popular se adhiere casi en su totalidad a la calificación de la Fiscalía, aunque pide llevar al banquillo a una persona más (el ex director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Juan César Muñoz Sosa) y agrega nuevos delitos para el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y el aparejador de la Oficina Técnica Pablo Carrasco.

En cuanto a Reyes, le acusa de un nuevo delito de prevaricación por omisión, al no haber paralizado las obras cuando tuvo conocimiento de que ni siquiera se estaba respetando la licencia que él concedió, y que también era ilegal. El ex alcalde llegó a firmar un decreto ordenando parar las obras en el año 2003, pero la acusación popular sostiene que fue un “papel mojado”. De hecho, no sólo no llegaron a pararse los trabajos, sino que incluso Reyes concedió una prórroga de la licencia dos años después. 

“Firmó el decreto de suspensión con plena consciencia de que no iba a cumplirse” y “obvió deliberadamente tomar cualquier decisión que impidiera la continuación de la construcción ilegal o la sanción de lo ya ejecutado”, subraya el escrito. 

Además, compara la actuación del ex alcalde con la de la actual alcaldesa, que también está acusada de dos delitos de prevaricación, uno por acción y otro por omisión. En su caso, tras ser citada a declarar por primera vez como imputada en esta causa, la juez llegó a preguntarle si tenía intención de actuar a partir de ese momento, dado que al menos desde entonces sí le constaba la situación de ilegalidad del macrocomplejo Stratvs. 

“El señor Reyes da muestras de gozar de una mente más preclara que la que ha demostrado en sede judicial, haciendo gala de un cinismo comparable con el mostrado por la señora Gladys Acuña, al acordar el cierre del restaurante y mantener abierto el resto del complejo turístico en el año 2014”, señala al respecto la acusación popular.

 

El Castastro de Yaiza, abierto en sábado para Rosa


Además, también agrega otros detalles para reflejar el “sometimiento” que considera que existe hacia Rosa. Por ejemplo, que el Catastro de Yaiza abrió sus puertas un sábado “para permitir el cambio de titularidad catastral”, y además “sin dar audiencia al anterior titular”. En esa operación realizada en marzo de 2013, cuando la instrucción del caso Stratvs ya estaba avanzada, se puso a nombre de Rosa el suelo sobre el que se asienta Stratvs, pese a que tenía otros propietarios. El responsable del Catastro, Blas Noda, está acusado por un delito de falsedad en documento público por estos hechos, ya que registró el cambio de titular “sin realizar la más mínima comprobación”. 

El escrito también se refiere en particular a la actuación del responsable de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, y del gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, ambos acusados en la causa. Sobre ellos, señala que tanto sus informes como su “inexistente labor de inspección”, “a pesar del conocimiento de la contaminación y de la peligrosidad en las actividades que se desarrollaban en el complejo turístico, relatan una capacidad de influencia del señor Rosa sobre las decisiones de los técnicos del Cabildo Insular de una evidencia palmaria”.

En definitiva, y en referencia al papel de todas las administraciones implicadas, la acusación popular concluye que “el íter administrativo que se sigue en la construcción, apertura, puesta en funcionamiento y posterior clausura del complejo turístico denominado bodega Stratvs, relata no sólo un regateo con la ley llevado a la extenuación, sino unas dosis de cinismo y sometimiento a la capacidad de influencia del señor Rosa por los llamados a defender el interés general y a garantizar el cumplimiento de las normas propias de un Estado de Derecho”. Y todo ello, amparando "la más loca alucinación de un empresario, que ha pretendido equipararse con las bodegas históricas de La Geria mediante el procedimiento de los hechos consumados".

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