La diputada lanzaroteña por Nueva Canarias (NC), Gladys Acuña, exigió este martes al Gobierno canario en el Parlamento "que actúe de inmediato para evitar la ejecución del proyecto de instalación de 53 torretas de entre 29 y 50 metros de altura en Lanzarote"
Acuña ampara su petición "en la reciente sentencia del TSJC que revoca los permisos para las actuaciones que ya se llevan a cabo en la isla vecina de Fuerteventura, donde la iniciativa de Red Eléctrica entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal se encuentra bastante avanzada"."El fallo del TSJC es una herramienta potente para que el Gobierno actúe ya y salvaguarde los intereses de nuestra isla de Lanzarote", señaló.
No obstante, "a pesar de que la sentencia es un balón de oxígeno para la lucha conjunta que han venido librando desde hace meses las islas de Fuerteventura y Lanzarote", Gladys Acuña dice no fiarse "de la diligencia del Ejecutivo regional" y es por ello que, a instancias suyas, respondió en el Parlamento el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, a quien Acuña recordó "las nefastas consecuencias que sufriría el territorio sensible de Lanzarote y la industria turística si no se obliga a Red Eléctrica a invertir en una alternativa soterrada para las líneas de conducción de energía".
"En Lanzarote no se ha comenzado con la obra, por lo tanto tenemos una situación diferenciadora con respecto a Fuerteventura, donde el proyecto está en ejecución", agregó la diputada.
Emplaza al Gobierno a "ir a Europa si hace falta"
En cuanto a la valoración del fallo, Gladys Acuña sostuvo que "la sentencia viene a decir que en caso de disconformidad del proyecto con el planeamiento, se elevará el proyecto al Gobierno de Canarias, que decidirá si procede o no la ejecución del mismo y ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento territorial o urbanístico y solo mediante esa revisión o modificación del plan insular se dotará de contenido a la declaración de interés general y al mismo tiempo se le dará intervención a las corporaciones locales en el procedimiento de forma que se salvaguarde el principio de autonomía local".
Acuña además emplazó al Gobierno "a ir a Europa si hace falta, porque el pueblo de Lanzarote como el de Fuerteventura no quiere torretas". "Los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote hemos dicho que no queremos este proyecto y ahora usted tiene en sus manos un instrumento muy potente que es una sentencia judicial que lo habilita al respecto. El proyecto atenta contra nosotros, atenta contra nuestro principal atractivo turístico que es nuestro paisaje, atenta contra la salud y no es el modelo energético que queremos", concluyó.
