Alternativa Ciudadana 25 de mayo considera que el reciente levantamiento de los embargos sobre los bienes de 17 cargos públicos de Lanzarote, que participaron en la administración de la empresa pública de aguas INALSA, es "la última demostración de que lo que lo que buscaban Coalición Canaria y PSOE cuando privatizaron el agua en la isla era salvar las propiedades de quienes llevaron a la empresa pública a la ruina, y no el interés general de los lanzaroteños".
"Ni Coalición Canaria ni el Partido Socialista llevaron en sus programas electorales la privatización del agua; al contrario, Pedro San Ginés aseguró que se liquidaría Inalsa y los culpables responderían con su patrimonio. Sin embargo, cuando el juzgado ordenó como medida cautelar el embargo de los bienes de quienes habían mal gestionado la empresa pública, sus partidos pusieron en marcha la maquinaria privatizadora para salvar el patrimonio de esos políticos. Vendieron una empresa pública para saldar el embargo de quienes la habían arruinado", sostienen desde Alternativa Ciudadana en un comunicado.
Con el levantamiento del embargo por parte del juzgado, "los irresponsables políticos quedan impunes, mientras la ciudadanía de Lanzarote ha dejado de controlar la generación y distribución de un elemento tan esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, y especialmente de la isla, como es el agua, vendida por Pedro San Ginés y el Partido Socialista a la empresa madrileña Canal de Isabel II", continúan.
La formación ha criticado también que a partir del año que viene, "casualmente tras las elecciones, la empresa concesionaria tiene permiso para subir el precio del agua por encima de la subida del IPC, tal y como recogen los acuerdos de privatización". "Cuando llegue ese momento", añaden, "la sociedad lanzaroteña debe saber que lo que está pagando de más ha servido para que cargos de Coalición Canaria, PIL y PSOE, entre ellos políticos en activo, o candidatos como José Juan Cuz (a la presidencia por el PSOE), salvarán sus bienes". Se trata, en total, de 40 millones de euros, "de una deuda que no ha desaparecido, sino que los lanzaroteños hemos pagado y seguiremos haciéndolo", reivindican.
En su comunicado, el partido sostiene también que ha "mantenido la misma postura coherente desde el comienzo de este conflicto, denunciando los chanchullos que llevaron a Inalsa a la quiebra y señalando que su deuda podía y debía ser saldada mediante la responsabilidad patrimonial de quienes hundieron la empresa, ya que por su naturaleza, la mayoría de los bienes de Inalsa eran inembargables".
