UGT pide al Cabildo de Lanzarote y a los ayuntamientos de la isla que presenten mociones contra la Reforma Laboral

El sindicato UGT ha pedido al Cabildo de Lanzarote y a todos los Ayuntamientos de la isla que presenten mociones en contra de la Reforma Laboral, para sumar así apoyos a la campaña que han emprendido para ...

2 de marzo de 2012 (14:40 CET)
UGT pide al Cabildo de Lanzarote y a los ayuntamientos de la isla que presenten mociones contra la Reforma Laboral
UGT pide al Cabildo de Lanzarote y a los ayuntamientos de la isla que presenten mociones contra la Reforma Laboral

El sindicato UGT ha pedido al Cabildo de Lanzarote y a todos los Ayuntamientos de la isla que presenten mociones en contra de la Reforma Laboral, para sumar así apoyos a la campaña que han emprendido para conseguir que el texto sea modificado antes de su aprobación por el Congreso de los diputados.

Para lograrlo, el secretario general de UGT Lanzarote, César Reyes, ha destacado la necesidad de que "los grupos políticos contrarios a la reestructuración del mercado laboral impuesta por el Gobierno visualicen su rechazo" a través de esas mociones.

Según Reyes, los partidos políticos contrarios a la reforma laboral tienen "el deber de mostrar, en todas aquellas instituciones en la que están presentes, su oposición a un texto que va en contra de los derechos de los trabajadores residentes en sus municipios".

"Un retroceso de 30 años"

Para el líder de UGT Lanzarote, la reforma laboral aprobada el pasado 8 de febrero por el Consejo de Ministros, "supone un peligroso cambio de modelo, porque incrementará los niveles de pobreza y ampliará la brecha social, afectando gravemente a los más desfavorecidos". La aplicación de la reforma laboral, asegura Reyes, "tendrá consecuencias perniciosas e importantes repercusiones" porque, entre otras cosas, "abarata el despido y permite la rebaja de los salarios de los trabajadores".

Desde UGT Lanzarote señalan que "a reforma laboral impuesta por el Gobierno significa el mayor ataque a los trabajadores desde la implantación de la democracia en España y supone un retroceso de 30 años en los derechos laborales".

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