Comisiones Obreras y UGT han emitido un comunicado conjunto en Lanzarote con motivo del Día Mundial del Turismo, denunciando que las islas no tienen "nada que celebrar" en esta fecha. "Mientras los principales indicadores turísticos crecen de manera espectacular, el empleo en conjunto de los subsectores de la hostelería (que lo componen los establecimientos hoteleros, bares, cafeterías, restaurantes, bares, salas de fiestas, discotecas y similares) y sobre todo su calidad, es precario, a tiempo parcial y, en muchos casos, fraudulento, ya que se trabajan más horas de las contratadas, lo que supone un fraude a la Seguridad Social", advierten ambos sindicatos, que añaden que "esta realidad supone también un aumento de las cargas laborales de las personas trabajadoras".
Por eso, han aprovechado este 27 de septiembre para reiterar que los trabajadores "continúan siendo la cara b del turismo en España", ya que "la bonanza económica que vive la industria turística a nivel general y en particular la Canaria, se ha traducido en una mayor explotación laboral sustentada en salarios más bajos, precariedad laboral, pese a estar negociados los Convenios sectoriales, y aumento de la externalización, con el objetivo de no aplicar los Convenios Provinciales en Canarias".
"Seguiremos movilizándonos, denunciando y reivindicando el derecho a tener unas condiciones de trabajo dignas, con un empleo con derechos y profesionalidad, por el derecho de la negociación colectiva, recuperando los derechos y el poder adquisitivo de los salarios, por la derogación de las reformas laborales de los distintos Gobiernos, contra la pobreza salarial y la externalizaciones, así como el reconocimiento de las enfermedades profesionales y el cumplimiento total de los convenios sectoriales de hostelería en Lanzarote", advierten CCOO y UGT.
"Los contratos temporales esconden situaciones fraudulentas"
Además, advierten de que el crecimiento de empleo "no es real, ya que el mayor número de contratos han sido temporales y a tiempo parcial", y "los que han sido indefinidos, la mayoría lo han sido como fijos discontinuos o fijos a tiempo parcial". A juicio de los firmantes de la declaración, "el elevado número de contratos temporales esconde situaciones fraudulentas ya que, o están cubriendo una necesidad permanente o, aun siendo temporales, al hacerse para cubrir temporadas altas en el sector, deberían realizarse bajo la modalidad de fijo indefinido, pues en Lanzarote no existe la temporalidad en el sector, teniendo unos índices de ocupación altísimos durante todos los meses del año".
A esto, añaden también la existencia de "falsos contratos formativos", en los que "contratos en prácticas como becarios/as cubren puestos de trabajo habituales para ahorrarse el salario de un trabajador"; así como la "subcontratación y externalización a nivel del conjunto de departamentos de los servicios en sectores de hotelería, y, en particular, el departamento de camareros y camareras de pisos, con el objetivo de precarizar más el empleo y no aplicar los convenios sectoriales para rebajar más aún los salarios en cerca del 40% y empeorar sus condiciones laborales".
Los sindicatos señalan también que esta "precariedad laboral origina una merma en la profesionalidad y la calidad de la oferta turística" y recuerdan que hace un año ya abogaron por "un pacto a favor de la hostelería reglada, contra la economía sumergida y la precariedad laboral y por la regulación, lo más homogénea posible, de las viviendas de uso turístico en el conjunto del Estado Español, y en particular en Lanzarote". Para ello, piden que se abra un debate en el Consejo de Turismo de Canarias sobre "las líneas generales de un modelo turístico socialmente responsable".
Un pacto para regular la oferta "alegal" de camas
"Esperamos y confiamos que el Gobierno de Canarias impulse un pacto, en el que participen los sindicatos y las asociaciones empresariales mayoritarias del sector, en favor de la oferta reglada para hacer frente a la oferta alegal, para que afloren este tipo de viviendas y para que se puedan comercializar de una manera reglada y así acabar con la competencia desleal y el intrusismo, propiciar que aflore la economía sumergida a nivel general y en particular el empleo sumergido, reforzando las inspecciones turísticas y la Inspección de Trabajo", apuntan.
"La masificación alojativa se ha convertido en un goteo silencioso para acabar desplazando a la población autóctona y altera la morfología urbana de la ciudad. A todo ello hay que añadirle que, en muchas ciudades, los espacios comunes están siendo sustituidos por negocios en las terrazas, en espacios públicos, como plazas o aceras. La impresión que tienen muchas ciudadanas y ciudadanos es que la especulación urbanística está siendo sustituida por la especulación turística, y, si algún día estalla la burbuja, pagarán los de siempre", advierten los sindicatos, señalando que esos son los "principales problemas que niegan los que hablan de turismofobia".
Ante esta situación, creen que es hora de que las administraciones "no se pongan de perfil, o se dediquen a hablar de las ‘bondades" y la riqueza y el empleo que genera la industria turística’. Los empresarios y el Gobierno no pueden seguir cogiendo el ‘rábano por las hojas’, ya que se volverían a equivocar como hasta ahora, no es un problema de marketing, ya que en nuestra opinión debemos ir al fondo y no utilizar la "turismofobia" como un "espantapájaros", que sacan a relucir cuando alguien critica cómo está montado el negocio turístico", insisten, defendiendo que "lo urgente es no perder el tiempo y ponerse a trabajar en un cambio de modelo turístico, socialmente sostenible, apostando por empleo de calidad y salario decente para sus trabajadores y trabajadoras, como llevamos muchos años reclamando desde CCOO Lanzarote y UGT Lanzarote".
En su comunicado, UGT y CCOO también anuncian que van a promover sello de "hoteles justos" que "cambien esta realidad, para que hagan posible la convivencia entre vecindad y turistas, apostando por un modelo de turismo sostenible, una actuación inspectora para la detección y corrección en la prestación de servicios turísticos en clandestinidad y en el cumplimiento de la normativa turística". En definitiva, abogan por un pacto "a favor de la hostelería reglada, contra la economía sumergida y por la regulación, lo más homogénea posible, de las viviendas de uso turístico en el conjunto del estado español".
