La Comunidad Europea prohibió expresamente desde el año 2009 que las empresas canarias puedan beneficiarse de más de una ayuda al transporte para el mismo producto, pero el Gobierno de España ignoró esta decisión y ha permitido que se acumulen subvenciones, que benefician especialmente a las islas capitalinas. Eso es lo que lleva años denunciando la empresa Harinera Lanzaroteña -que afirma que esas ayudas provocan una competencia desleal-, y lo que ahora ha venido a confirmar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un informe fechado el pasado 30 de agosto.
Ese informe fue solicitado por el Ministerio de Fomento, que pidió que la Comisión se pronunciara sobre los costes subvencionables en el transporte marítimo y aéreo con origen o destino en las Islas Canarias para el año 2017. Y en su respuesta, este órgano reitera algunas advertencias que ya viene realizando desde hace años y que "no han sido atendidas" -como la recomendación de establecer los costes "en función de una empresa gestionada de manera eficiente, en lugar de basarse en el coste medio ponderado de los operadores"-, pero también incluye otras nuevas, entre las que se incluye la que la empresa lanzaroteña lleva años reivindicando.
En su informe, la CNMC recuerda que ya desde el año 2009 la Comisión Europea estableció que la ayuda "no podía acumularse con otras ayudas al transporte", sobre todo las vinculadas al POSEI. Sin embargo, concluye que "a pesar de esta indicación", ni el Real Decreto aprobado en 2009 por el Gobierno español ni el borrador de orden ministerial para las ayudas de 2017 "incluyen expresamente esta regla de prohibición de acumulación".
Una sola ayuda ya permite cubrir el 100% de los costes subvencionables
En sus conclusiones, el informe señala que el Gobierno "debería incluir una mención a la regla de prohibición de acumulación con otro tipo de ventajas en los productos agrícolas, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad se permite llegar hasta el 100% de los costes subvencionables solo utilizando uno de los tipos de ayudas existentes". Es decir, que acogiéndose a la ayuda de una sola administración, una empresa puede cubrir la totalidad del gasto de transporte de un producto.
Esta situación viene siendo denunciada desde hace años por el dueño de Harinera Lanzaroteña, Agustín Márquez, que afirma que esto supone una "competencia desleal" para las empresas de las islas no capitalinas. En el año 2015, el empresario consiguió que el Pleno del Cabildo aprobara una moción apoyando sus reivindicaciones para trasladarlas al Gobierno canario, pero nada ha cambiado desde entonces. Y tampoco ha dado frutos la investigación que abrió hace más de un año la Comisión Europea, a petición de este empresario lanzaroteño, sobre los posibles incumplimientos de esa cláusula que impide acumular ayudas.
Ya entonces, Agustín Márquez denunció que desde su empresa habían tratado sin éxito de conseguir la lista de los que se han beneficiado de las ayudas que se conceden en Canarias. Y con la investigación pudo acceder a esa lista, pero no a los datos desglosados del origen de cada ayuda.
Fomento podría ahora corregir el criterio de forma retroactiva
Ahora, con el nuevo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Ministerio de Fomento deberá decidir si corrige el criterio que está aplicando hasta ahora. En caso de hacerlo, no solo afectará a los próximos ejercicios sino también al del pasado año 2017, que es el que se analiza en ese informe.
"Se recomienda que se incluya una mención en la normativa, de manera que se afirme dicha prohibición de forma clara y terminante", señala el informe, que también pide que el Ministerio informe de "las medidas que, en su caso, se hayan puesto en marcha para verificar esta exigencia, debiendo establecerse de forma efectiva en caso de no haberse producido".
Además de esta antigua reivindicación de Harinera Lanzaroteña, el dictamen de la CNMC también cuestiona otros criterios que se están siguiendo en el reparto de ayudas, como el hecho de subvencionar productos con carácter retroactivo, ya que sostiene que esto vicia el espíritu con el que están creadas estas ayudas. Al respecto, señala que el objetivo es que repercutan en los precios del mercado para beneficiar a los consumidores, y apunta que eso difícilmente puede ocurrir si las ayudas se solicitan sobre productos ya distribuidos y vendidos en años anteriores.
