LE INSTA A QUE APLIQUE EL REGLAMENTO QUE SE APROBÓ EL AÑO PASADO

La CEL pide al Gobierno canario que sancione a las viviendas turísticas que no se regularicen

"No tiene sentido que teniendo aprobado un reglamento desde el 22 de mayo del pasado año, no se actúe de acuerdo con el mismo para sancionar aquellas actividades que se desarrollen fuera de este ordenamiento", afirma la asociación lanzaroteña de empresarios...

18 de agosto de 2016 (14:25 CET)
La CEL pide al Gobierno canario que sancione a las viviendas turísticas que no se regularicen
La CEL pide al Gobierno canario que sancione a las viviendas turísticas que no se regularicen

La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) ha instado al Gobierno de Canarias a "regularizar" la situación de las viviendas vacacionales que existen en la isla, de acuerdo con la normativa vigente, o a aplicar sanciones en caso de incumplimientos. Y es que en opinión de la asociación empresarial, el Ejecutivo no debe renunciar a "los derechos que tienen todos los canarios a financiar los servicios públicos con la imposición correspondiente a los actividades que se desarrollan en el archipiélago".

Para la CEL, "no tiene sentido que teniendo aprobado un reglamento desde el 22 de mayo del pasado año, el decreto 113/2015, no se actúe de acuerdo con el mismo para sancionar aquellas actividades que se desarrollen fuera de este ordenamiento por no registrarse adecuadamente o por incumplir el mismo".

La Confederación recuerda que los informes elaborados por la propia Consejería de Turismo confirman que hay más de 28.000 viviendas para el alquiler( de las cuales se han regularizado alrededor de 1.800), con una media de 4,32 camas por vivienda, lo que representa el 22,34% del total de camas turísticas que se ofertan en Canarias y que ha tenido un impacto económico general en 2015 de 528 millones de euros.

Con estos datos, para la CEL, "se demuestra tanto la importancia de este segmento de la oferta alojativa como la imperiosa necesidad de actuar a través de los servicios de inspección turística para detectar las irregularidades que ponen en riesgo tanto la calidad como la seguridad de la estancia del visitante, y la correspondiente aportación al erario público por el impago de las obligaciones fiscales que la propia actividad acarrea".

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