La Cámara de Comercio de Lanzarote exige a las administraciones que cumplan con los plazos de pago que establece la Ley de Morosidad. Y es que, a juicio del presidente de la Cámara, José Torres Fuentes, "la morosidad no puede convertirse en el instrumento de financiación de la administración pública".
Según informan desde la Cámara de Comercio, las instituciones canarias deben a las empresas del Archipiélago más de 1.700 millones de euros. Una "elevada morosidad a la que se ven sometidas las empresas y que ocasiona problemas financieros que, según la Cámara, generan hasta el 40 por ciento de las quiebras empresariales. Por término medio, una empresa tarda en cobrar de las instituciones en torno a 180 días y en el caso de las administraciones locales se llega hasta los 240 días.
"Para todas estas empresas, el retraso excesivo en el abono de las facturas las sitúa en una dinámica que encadena impagos entre ellas, entrando en un proceso de falta de liquidez del que es muy difícil escapar, por las restricciones actuales del acceso al crédito bancario", explican desde la Cámara.
Incumpliendo la ley
La Ley marca un plazo máximo de pago de 50 días en 2011, que se irá reduciendo a 30 días paulatinamente hasta llegar a 2013. La Ley establece además la creación de un Registro de Facturas en todas las administraciones para que aquellas que lleven más de tres meses en este registro sin ser abonadas, sean elevadas a pleno para su público conocimiento.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote, José Torres Fuentes, "la morosidad no puede convertirse en el instrumento de financiación de la administración pública, ya que las empresas están sufriendo con dureza sus consecuencias". Y, por ello, añade que "es imprescindible atajar cuanto antes este mal endémico y adaptarse a lo que marca la Ley, tanto a los plazos como a los procedimientos".
"Como institución que defiende los intereses generales de todas las empresas de Lanzarote", la Cámara de Comercio de Lanzarote explica que se ha dirigido "a todas las corporaciones locales y a la máxima institución insular para solicitar a las administraciones el cumplimiento de esta Ley 15/2010, de 28 de diciembre, para que vayan reduciendo paulatinamente los plazos hasta alcanzar el plazo máximo de abono de 30 días a partir del 1 de enero del 2013".
