La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha informado este lunes de que el proyecto de Ley de Renta Ciudadana ha recibido 43 alegaciones y sugerencias, una media elevada teniendo en cuenta que el año pasado, en otras propuestas normativas abiertas a consulta pública por el Gobierno de Canarias, se alcanzaron las 12. En total, solo 5 de ellas fueron prestadas por organismos o asociaciones y el 90% se mostraron a favor de la implementación de la Renta Ciudadana.
Algunas de las cuestiones planteadas fueron, por ejemplo, y en diversas ocasiones, que se establezcan controles para evitar fraudes; que los perceptores de la ayuda contribuyan a la sociedad aportando mediante el trabajo voluntario; que la renta ciudadana venga acompañada de políticas de fomento del empleo y se exija a la persona realice un itinerario de inserción laboral; que sea compatible con otros tipos de ayudas como prestación no contributiva o con ayudas por discapacidad, y que la concesión de las ayudas se realice de forma ágil, mejorando la coordinación interadministrativa.
Según explicó en una nota la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, la consulta se abrió con el fin de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura ley de Renta Ciudadana.
"Tras el cierre de la consulta, el siguiente paso es realizar diversos informes técnicos, entre ellos, un informe de resultados en el que se recogen las propuestas, se analizan y se les da respuesta motivada a las alegaciones presentadas", aclaró.
Además, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas de consulta pública ya que "el objetivo es contar con una ley lo más consensuada y participada posible por parte de todas las partes implicadas, administración, entidades del Tercer Sector, colectivos profesionales de Trabajo Social, entidades sindicales y empresariales y ciudadanía, en general".
Artículo 24 del Estatuto de Autonomía
El proyecto de Ley Renta de Ciudadanía responde a la prerrogativa establecida en el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía del Gobierno de Canarias, en el que se establecen como una obligación para el Gobierno la creación de una renta de ciudadanía que permita garantizar unos ingresos de vida dignos a toda la población canaria.
En torno al 36 por ciento de la población canaria está en riesgo de pobreza o exclusión social, por lo que, en opinión de la viceconsejera, "resulta totalmente urgente contar con una herramienta que garantice a nuestra ciudadanía unas condiciones de vida digna a la vez que establezca vías por las cuales las familias en situación de vulnerabilidad puedan integrarse social y laboralmente".
Con el fin de dar a conocer las principios y objetivos el proyecto de ley regulador de la renta ciudadana, la Consejería organizó el pasado mes de diciembre unas jornadas abiertas que bajo el título 'Redistribuye Canarias. Artículo 24: ¿qué Renta de Ciudadanía queremos?', contó con la participación de diferentes especialistas que dieron a conocer diferentes aspectos de la futura normativa así como su aplicación en diversas comunidades autónomas.
