"No lo recuerdo" es la frase que más ha repetido el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, al declarar este lunes como testigo en el juicio del caso Stratvs. "Hace muchos años", ha añadido, eludiendo así responder a algunas de las preguntas de la fiscal y de la abogada de la acusación popular, que le han interrogado por hechos ocurridos en 2014 y 2015, cuando cuestionó públicamente y en los Juzgados el informe emitido por una jurista del Cabildo que actuó como perito judicial en esta causa.
"¿Usted consideró que una pericial tenía que ser supervisada"?, le ha preguntado la fiscal. "Pues parece ser que sí, ¿no?", ha respondido San Ginés, cuando le han mostrado un escrito que él mismo envió al Juzgado, al remitir el informe de la jurista Joana Macías. En ese escrito, el entonces presidente señalaba que el informe de Macías tenía "errores" y que no había sido "supervisado ni validado", a lo que la juez que instruía la causa respondió con una providencia en la que advertía que tratar de influir sobre los peritos de un procedimiento judicial puede constituir un delito.
Además de concluir que la bodega Stratvs era ilegal e ilegalizable, ese informe de Joana Macías planteaba que había vicios de nulidad en el Plan Especial de La Geria que acababa de aprobarse -y que efectivamente poco después fue anulado por los Tribunales-, señalando también que daba un trato de privilegio a la bodega ilegal de Juan Francisco Rosa, al equipararla al resto de bodegas históricas de La Geria.
De "grave, gravísimo" a "no lo recuerdo"
En ese momento, a finales de 2014, San Ginés aseguró que el informe de Joana Macías había "encendido todas las alarmas" en el Cabildo; que colocaba "a los pies de los caballos a toda la Corporación, a todos los juristas de la Corporación"; y que era algo "grave, muy grave, gravísimo". Sin embargo, poco más de cinco años después, el ex presidente ha asegurado que no recuerda haber pronunciado esas frases. Ni tampoco el nombre de la técnico que elaboró ese dictamen. Ni siquiera haber pedido 'contrainformes' para rebatirlo.
"No lo recuerdo, la verdad. Ni siquiera recuerdo ahora mismo el contenido de los informes", ha asegurado, en una declaración que ha distado mucho de la que prestó en el primer juicio del caso Stratvs en 2017. En aquella primera vista, en la que también declaró como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmó que había ordenado supervisar esa pericial de Joana Macías porque su contenido le "preocupó", y reconoció que fue algo "excepcional", que no se hacía habitualmente.
Así, aunque entonces también apeló en varios momentos al "no lo recuerdo", en aquel juicio tuvo menos lagunas de memoria y, sobre todo, otra actitud con el Ministerio Fiscal, que en aquella vista estaba representado por Ignacio Stampa. De hecho, este lunes San Ginés ni siquiera ha "recordado" el nombre de ese fiscal, pese a que durante la instrucción del caso Stratvs llegó a presentar una queja contra él en Fiscalía en nombre del Cabildo, que fue archivada de plano.
"No veo mayor problema en esto"
En el juicio de la primera pieza de Stratvs, el entonces presidente del Cabildo tuvo que ser advertido en más de una ocasión por el presidente de la Sala del TSJC, para que respondiera a las preguntas del fiscal y dejara de cuestionarlas. Sin embargo, aunque este lunes también lo ha vuelto a hacer con algunas, con la mayoría ha optado por evitar responder alegando que han pasado "muchos años".
Así, ha asegurado que no recuerda quién le dijo que el informe de Joana Macías tenía "errores". Y tampoco por qué entendió que ese informe -que no era para el Cabildo sino elaborado a petición del Juzgado- debía ser "supervisado", cuando no se hacía ni él mismo lo había hecho en otros casos.
"Hace demasiados años de todo esto. En uno se consideraría necesaria la supervisión y en otros no, pero no veo mayor problema en esto", ha sostenido. Después, tras ver los documentos , ha reconocido que quien se lo dijo fue el que era director de Política Territorial, es decir, un cargo de designación política nombrado por él.
"No lo recuerdo, la verdad. Pero tampoco lo niego", ha contestado también cuando le han preguntado por una circular que emitieron en el Cabildo, en la que obligaban a todos los técnicos y juristas del Cabildo que actuaran como peritos a entregar sus informes para que fueran supervisados.
Un 'contrainforme' encargado a la sobrina del abogado de Rosa
Además, San Ginés ha asegurado que ni siquiera recuerda que pidió hasta cinco informes para rebatir el de Joana Macías. Ni tampoco la relación que tenía una de las juristas del Cabildo a la que le encargó ese 'contrainforme', Delia Fernández, con el abogado de Juan Francisco Rosa, Felipe Fernández Camero. "No lo recuerdo", ha vuelto a responder. "¿No sabe que es su sobrina?", ha insistido la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer. "Sí", ha admitido entonces Pedro San Ginés, que a continuación ha añadido que no vio causa de "abstención" o de "recusación" para que esta jurista interviniera en este asunto, pese a que tenía vínculo indirecto con el empresario.
Lo que sí ha defendido es que él pedía "informes, no contrainformes". "Si resultaban contrainformes de otros, es que resultaban, no es que yo los pidiera así", ha sostenido. Sin embargo, los que hizo públicos en su día fueron los que rebatían el de Macías, pero no el que llegaba a las mismas conclusiones, elaborado por el que era jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz.
Poco después de emitir ese informe, Leopoldo Díaz fue destituido de su puesto por San Ginés, tal como le ha recordado la abogada de la acusación. "En absoluto fue por la emisión de ese informe", ha respondido el ex presidente, que ha asegurado que él no ha "adoptado medidas contra nadie", a pesar de esa destitución de Díaz -que después fue anulada por los Tribunales-, y a pesar de la declaración que la propia Joana Macías realizó en el primer juicio de Stratvs, en la que relató cómo desde entonces se le había relegado en el departamento, apartándole entre otras cosas de la emisión de informes. "Cogen a otra persona no muy fuerte y estaría con depresión", llegó a afirmar la jurista, que interviene en esta causa como perito.
"La capacidad de influencia de Rosa"
Durante la declaración de San Ginés, el presidente de la Sala de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, ha interrumpido en varias ocasiones las preguntas de la abogada de la acusación popular, recordando que el ex presidente declaraba en calidad de testigo. "Pretendemos demostrar la capacidad de influencia de Rosa y las consecuencias que ha tenido para los peritos", ha subrayado la letrada.
A continuación, le ha seguido preguntando a San Ginés por la destitución de Leopoldo Díaz, y por la sentencia que obligó después a devolverle su puesto. "¿Qué tiene que ver esto con el caso?", ha respondido San Ginés cuando la abogada le ha preguntado si recordaba ese fallo judicial. Al respecto, el ex presidente ha evitado hablar de la sentencia que declaró ilegal esa destitución y ha seguido defendiendo que entendió que podía hacerlo porque la designación y el cese del jefe de la Oficina Técnica fueron una "decisión política".
En la misma línea de demostrar la "influencia" que tenía Juan Francisco Rosa en el Cabildo y en otras instituciones, la abogada de Transparencia Urbanística ha preguntado también a San Ginés si asistió a la inauguración de la bodega Stratvs, poco antes de asumir la Presidencia del Cabildo, y también si acudió a la boda de la hija de Rosa, siendo ya presidente. "Sí, claro", ha respondido a ambas cosas, ante lo que el presidente de la Sala ha vuelto a interrumpir.
"El el delito de tráfico de influencias no se castiga solo al que influye, sino también al que se deja influir", ha advertido el magistrado, insistiendo de nuevo en que Pedro San Ginés había sido citado en esta causa en calidad de testigo. No obstante, tal como ha señalado el propio San Ginés, los hechos que se juzgan en esta causa son anteriores a su mandato. Por eso, lo que la acusación ha subrayado que pretendía demostrar es la relación que ha venido manteniendo Rosa con destacados cargos públicos, tanto en este caso del Cabildo como del Ayuntamiento de Yaiza y del Gobierno de Canarias, así como las dificultades que han afrontado los técnicos de esas administraciones que han intervenido como peritos en esta causa, y también los intentos que se han hecho de legalizar las instalaciones, incluyendo la aprobación del anulado Plan de La Geria y la posterior modificación que San Ginés no consiguió sacar adelante.
"Que yo sepa no está legalizada"
"Como presidente del Cabildo y responsable de espacios naturales, ¿adoptó alguna medida contra Stratvs?", le ha preguntado también la abogada de la acusación a San Ginés. "No lo recuerdo", ha vuelto a responder el ex presidente, que también ha declarado que no sabe si Stratvs cumple con el planeamiento, aunque poco antes había reconocido implícitamente que le consta que es ilegal.
"¿Stratvs fue legalizada bajo su mandato?", le había preguntado la letrada. "¿Está legalizada?", ha respondido con tono molesto San Ginés. "Se lo pregunto", ha añadido la abogada. "Que yo sepa no. Que yo sepa no está legalizada", ha contestado entonces el ex presidente.
Lo que sí ha querido Pedro San Ginés es responder a algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en el primer juicio de Stratvs, e incluso ha pretendido aportar documentos a la Sala, lo que ha sido rechazado por los magistrados. "Un testigo no puede aportar documentación", ha advertido Emilio Moya.
Al parecer, como ya intentó en ese primer juicio, San Ginés quería responder a la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que había declarado que el Cabildo se negó a prestar colaboración interadministrativa al Ayuntamiento cuando estaban tramitando los expedientes sancionadores a Stratvs. Al respecto, San Ginés ha afirmado que ante la solicitud que les trasladó en su día el Consistorio, en la que alegaba que no tenían medios para culminar esos expedientes, él pidió un informe al director insular de Política Territorial. Y ese informe, según ha declarado, "recomendaba suspender los actos", al estar iniciado este procedimiento penal, o elevar la solicitud al Gobierno de Canarias. Al respecto, cabe recordar que Acuña fue condenada entre otras cosas por omisión, por no haber adoptado medidas para cerrar la bodega cuando era consciente de su ilegalidad.
