Cinco agentes del Seprona que participaron en las inspecciones y en el precinto de la bodega Stratvs han declarado este jueves durante el juicio y, entre otras cosas, han relatado cómo descubrieron uno de los delitos que se investigan, por la destrucción de una vivienda con valores etnográficos que en teoría iba a rehabilitarse.
"Fue por los árboles", ha explicado uno de los agentes, que ha contado cómo compararon las fotografías antiguas con la actual ubicación de la casa. "Había tres metros desde los árboles hasta la pared y ahora hay uno", ha señalado, apuntando que así detectaron que "había aumentado el tamaño de la construcción".
Después, acompañados de la juez que instruyó esta causa, Silvia Muñoz, y de un técnico del Cabildo designado como perito, acudieron a la propiedad para realizar catas y confirmar sus sospechas. "Si la construcción es antigua, debe tener los mismos materiales que se usaban antes. Debía tener arena y piedra, pero lo que había dentro era bloque de hormigón", ha precisado uno de los agentes, que ha detallado que picaron en distintos puntos de las paredes e introdujeron una cámara para ver la composición interior de esos muros.
Además, ha confirmado que incluso le ofrecieron a la propiedad y a su abogada que dijeran dónde querían que se picara. "Hicimos varias catas para que no hubiera ningún tipo de problema", "se hicieron cuatro o cinco hasta que la jueza dijo que era suficiente", ha añadido. Y "el resultado fue que era una obra nueva", ha declarado también otro de los guardias civiles que participaron en esa inspección.
"Por las fotos, y dio resultado"
"¿Y concluyeron que la casa no era la misma por las fotos?", ha planteado una de las abogadas de la defensa, intentando cuestionar la declaración y las conclusiones de los agentes. "Por las fotos, y dio resultado", ha respondido uno de ellos, reiterando que después las catas confirmaron que el tipo de material no coincidía con el de una obra antigua.
En cuanto al interior, lo que había tampoco tenía nada que ver con una vivienda, que es lo que se había pedido permiso para restaurar. "Había una barra, una tienda...", ha recordado uno de los agentes, que ha detallado que allí se vendían "productos de la isla y de otros sitios". Y todo ello sin ningún tipo de autorización, ya que el único permiso que había era para rehabilitar una vivienda antigua. Sin embargo, según los agentes y las pruebas periciales, lo que hicieron fue derribarla, pese a que la propia autorización del Gobierno de Canarias indicaba que tenía valores etnográficos, y pese a que estaba afectada además por el expediente de Bien de Interés Cultural de La Geria.
Al respecto, tanto el abogado de Juan Francisco Rosa como uno de los magistrados de la Sala, Carlos Vielba, han preguntado a dos de los agentes si sabían que esa declaración de BIC no se había aprobado y que lo que había era un expediente incoado. No obstante, la ley establece que la protección de un Bien de Interés Cultural cobra vigencia desde que se incoa el expediente, precisamente para evitar que durante la tramitación se alteren los bienes que se pretenden proteger. Y en ese momento, aunque años después el Gobierno de Canarias declaró su caducidad, ese expediente estaba en vigor.
De una bodega-almacén de 900 metros a "una bodega industrial"
La abogada de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, ha preguntado también a los agentes por el resto de instalaciones que vieron al realizar la inspección del complejo Stratvs, que ocupa más de 12.000 metros cuadrados cuando la autorización solo permitía rehabilitar la casa preexistente y construir una bodega almacén subterránea de 900 metros. Así, además de a la tienda, se han ido refiriendo al restaurante, a las terrazas pavimentadas, a las pérgolas, a los muros y al resto de instalaciones que vieron, incluyendo una bodega que nada tiene que ver con lo que se había autorizado, y que han calificado como "bodega industrial".
Además, se han referido también a las actividades que se desarrollaban en el complejo, que incluían conciertos y exposiciones, a pesar de que no contaba con ningún tipo de autorización para ello ni esas instalaciones tenían cobertura legal. "Estaba a la vista de todos. Ponías en Internet bodega Stratvs y veías los anuncios que iban haciendo de las actividades", ha explicado uno de los agentes, que utilizó después esos datos para documentar una de las denuncias. "¿El conocimiento que tenían era por Internet?","¿les consta que se hicieran esas actividades?", ha vuelto a cuestionar una de las abogadas de la defensa, poniendo en duda que realmente se celebraran esos eventos en Stratvs. A esto, el agente ha respondido aportando otro dato: "Por poner un ejemplo, cuando la bodega ya estaba precintada, nos pidieron un desprecinto a través del Juzgado para poder sacar los cuadros de una exposición".
Vertidos contaminantes y extracción ilegal de picón
Los agentes también han detallado otros aspectos que analizaron en esas inspecciones, como el sistema de aguas residuales que también se investiga en esta causa, por presuntos delitos contra el medio ambiente por la emisión de vertidos contaminantes. Al respecto, cuando las defensas les han preguntado por su cualificación o sus conocimientos en esa materia, todos han respondido que para ese análisis participaron en la inspección agentes especializados de la Guardia Civil que se desplazaron desde Gran Canaria, y que está previsto que declaren en las próximas jornadas del juicio.
Además, también se les ha preguntado por la extracción de picón, que en sus informes cifraron en unos 3.000 metros cúbicos, así como por la instalación de un belén que también incluyeron en su denuncia, dadas sus "grandes dimensiones" y que se estaba ubicando sobre suelo protegido.
Por su parte, la abogada que representa a los tres acusados del Gobierno de Canarias, que a su vez es la jefa de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional, ha trasladado a los cinco agentes la misma pregunta, relativa a por qué no denunciaron antes las obras de Stratvs. Así, tras pedir a cada uno que dijera en qué año llegó a la isla -algunos ya están actualmente en otros destinos-, les ha preguntado si no vieron esas obras cuando se estaban ejecutando. En el caso de uno de ellos, que se incorporó al Seprona en Lanzarote en 2003, ha respondido que sí recordaba haber visto entonces las obras. "Pregunté a los compañeros y dijeron que había licencias. Preguntas porque son los que tienen antigüedad, y te fías", ha declarado. "Recuerdo al principio vagamente que había una licencia de obra. Dijeron que estaba en vigor", ha contestado otro. Sin embargo, al margen de la presunta ilegalidad de esa licencia, que también se juzga en esta causa, lo cierto es que lo que se estaba construyendo nada tiene que ver con lo que se había autorizado.
El otro tema recurrente que han vuelto a poner sobre la mesa las defensas durante esta jornada se ha centrado en el resto de bodegas de La Geria, preguntando a los agentes si habían realizado también allí inspecciones. Al respecto, todos han respondido afirmativamente, recordando que se recibieron denuncias a raíz del caso Stratvs. En cuanto a la comparación de Stratvs con las bodegas históricas, uno de los agentes lo ha zanjado recordando que el resto son "de los años 60 y 70 o anteriores", mucho antes de que La Geria fuera declarado espacio protegido. En cuanto a las que han podido hacer después ampliaciones ilegales, han recordado que algunos casos también han sido denunciados e incluso juzgados.
