La Fiscalía Provincial de Las Palmas ya ha presentado su recurso contra el auto que anuló la primera grabación realizada por el denunciante del caso Unión, Carlos Espino, cuando Fernando Becerra le ofreció un soborno en nombre de Luis Lleó. En su escrito, el Ministerio Fiscal pide que el juez ponente de ese auto, Salvador Alba, sea apartado del procedimiento y que se celebre una nueva vista de cuestiones previas, "con magistrado distinto, al entender vulneradas las garantías procesales".
A lo largo de 62 folios, la Fiscalía sostiene que la resolución de Alba no fue "ajustada a derecho". Entre otras cosas, señala que "las grabaciones anuladas no vulneran derecho fundamental alguno, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo". Y es que en contra de lo sostenido por el juez, el Ministerio Fiscal subraya que "no se ha producido una intromisión en una conversación ajena; no se provoca delito alguno; no se utiliza engaño para conseguir una confesión sobre hechos ocurridos con anterioridad; no se hace referencia a datos íntimos o de la vida privada, y mucho menos de una persona que no participa en unas conversaciones que, por otra parte, han sido admitidas y ratificadas por sus interlocutores", es decir, el propio denunciante y Fernando Becerra, que ha confesado los hechos y aceptado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
Además, el recurso también cuestiona que en el auto de Alba "se hacen afirmaciones que denotan un pre-juicio, lo que implica un quebranto en la garantía de imparcialidad del magistrado presidente" de la Sala. Al respecto, señala que el magistrado –que tiene dos expedientes abiertos por el Consejo General del Poder Judicial y está investigado en una causa penal en el TSJC- "descalifica la instrucción" del caso Unión en su auto, con afirmaciones como "este procedimiento no tiene razón de ser" y "los documentos no pueden ser más irregulares". Y también "se anticipan preguntas concretas del objeto del veredicto, cuando todavía no se ha celebrado el juicio oral", entre otras cosas.
A esto, la Fiscalía añade que en el auto "se confunde la nulidad de la prueba con su fiabilidad; se anulan fuentes de prueba que contaban con autorización judicial motivada; y se valoran dictámenes periciales caligráficos propuestos por la parte, pero que habían sido previamente desestimados por la propia Sección Sexta, en una resolución de la que fue ponente el ahora magistrado presidente, y que, por lo tanto, no estaban admitidos ni válidamente introducidos en el proceso".
Por todo ello, pide que se estime el recurso de apelación y que, "de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal, se celebre una nueva vista con magistrado distinto, al entender vulneradas las garantías procesales".
