La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha rechazado los recursos de dos de los acusados en una de las piezas del caso Montecarlo, centrada en los pagos a la empresa Tunera Producciones, avalando así el auto que puso fin a la instrucción de la causa y concluyendo que existen indicios suficientes para llevarla a juicio.
Los recursos que ahora han sido rechazados fueron presentados por dos de los acusados, el ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, y el empresario Eduardo Ferrer, y han tardado dos años y medio en resolverse, ya que el auto recurrido, que fue el que inició el trámite de Procedimiento Abreviado previo a la apertura del juicio oral, se dictó en abril de 2016.
Junto a Sáenz y Ferrer, en esta pieza están acusadas otras nueve personas por delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El resto de personas que se sentarán en el banquillo en esta pieza son el ex alcalde de Arrecife, José Montelongo, los ex concejales Lorenzo Lemaur (PP), Isabel Martinón (PNL), Victor Sanginés (PSOE) y Eduardo Lasso (PIL) y los trabajadores municipales Miguel Ángel Leal, José Nieves Caraballo, Blas Cedrés y Francisco Hernández Betancort.
"Facturas por servicios que no se correspondían con un contenido real"
En su auto, fechado el pasado 14 de noviembre, la Audiencia concluye que el auto del juez cerrando la instrucción hacía un relato "exhaustivo" de los indicios que existen contra los acusados. Además, señala que esos "elementos indiciarios" sirven para "avalar la conclusión" de que el dueño de Tunera pudo "propiciar de alguna forma que el Ayuntamiento de Arrecife, y particularmente alguno de sus funcionarios, autorizaran y dieran viabilidad al pago de determinadas facturas por servicios que en algunos casos no se correspondían con un contenido real y, en otros, no hacían más que propiciar un modo de contratación al margen de los requisitos y el procedimiento establecido para garantizar la libre concurrencia en beneficio particular del mismo".
Además de referirse a "numerosa documental, testifical e informes de la UDEF", el auto de la Audiencia hace especial hincapié en las "concluyentes consideraciones del informe del perito judicial" que se incorporó a la causa, y que confirma la existencia de "indicios racionales de criminalidad". En cuanto a los argumentos planteados por las defensas en estos recursos, señala que deberán resolverse en el juicio, cuando esos alegatos se pongan en contradicción con la carga acusatoria que existe en esta causa.
Así, rechaza íntegramente el recurso de Carlos Sáenz y estima solo parcialmente el de Eduardo Ferrer, únicamente en lo relativo a la fianza que había fijado el juez instructor. En su auto, el magistrado establecía esta fianza en 3,3 millones de euros, aunque la Audiencia ha acordado bajarla a 521.825 euros, aumentada en un tercio como establece la ley.
