La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado este miércoles cinco días a la Fiscalía Superior de Canarias para que aclare su postura ante la posible imputación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por supuestas delitos cometidos durante su etapa como concejal de Seguridad y después alcalde de La Laguna en el llamado "Caso Grúas".
La causa se instruye desde hace tiempo en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna pero, en caso de extender la investigación a Clavijo, las actuaciones deben remitirse al TSJC, dada la condición de aforado del presidente. Eso fue precisamente lo que hizo a finales del pasado mes de agosto la juez instructora, al entender que había indicios para investigar a Fernando Clavijo. Además, su decisión se basó en el informe elaborado por el fiscal asignado al caso, que concluía que hay indicios de delitos de malversación y prevaricación en la actuación de Clavijo como alcalde de La Laguna.
Ahora, antes de decidir si ve motivos para ampliar la investigación al presidente canario y para asumir esta causa, el TSJC está a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía Superior de Canarias, que sería a su vez quien pasaría a hacerse cargo en nombre del Ministerio Público.
Respuesta en un día a la exigencia de Clavijo
La providencia remitida este miércoles por el TSJC a la Fiscalía "otorgándole un plazo de cinco días hábiles improrrogables para que evacúe informe" responde a una petición formulada un día antes por el propio Clavijo. En un escrito dirigido a esta sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el presidente de Canarias "exigía que no se demorara más el informe del Ministerio Público".
Así lo ha hecho público el propio TSJC en un comunicado, en el que explica que el motivo alegado por el propio Fernando Clavijo fue "la inminente entrada en vigor de la ley orgánica que promulga el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que acaba con los aforamientos de miembros del gobierno y parlamentarios". Este cambio supondría que Clavijo sí pueda ser investigado por el Juzgado que actualmente instruye la causa, y que sí ha visto ya motivos para su imputación.
"Al tratarse de una providencia dictada por vía telemática, el Ministerio Fiscal dispone, además de del plazo de cinco días hábiles improrrogables, un segundo plazo de 10 días naturales para contestar", precisan desde el TSJC.
