El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife ha decidido abrir diligencias penales para investigar la actuación de un técnico de la Oficina del Plan Insular del Cabildo, Gustavo Navarro, en relación con las viviendas ilegales de La Bufona. Fue el denunciante de esa causa, Gonzalo Murillo, quien acudió a los tribunales al considerar que Navarro emitió una certificación urbanística "falsaria" sobre el suelo en el que se asientan esas casas, sin tener además competencias para ello.
Ese certificado ha sido utilizado de forma reiterada por los compradores de las viviendas, en los pleitos contencioso-administrativos que emprendieron para intentar anular la orden parcial de derribo que pesa sobre estas casas, y que fue decretada en 2013 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Además, la defensa de los promotores de esta urbanización, Federico Echevarría y Antonio Caro, también aportó ese informe durante el juicio penal en el que fueron condenados a seis meses de prisión por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Durante ese juicio, en el que Murillo estaba personado como acusación particular, su abogada ya advirtió de que su cliente había presentado una demanda contra este trabajador del Cabildo por un posible delito de prevaricación. Además, en la denuncia a la que ha tenido acceso La Voz, el denunciante sostiene que el técnico podría haber incurrido en "falsedad en documento oficial", con la "finalidad de dar cobertura a unas obras ilegales ejecutadas sobre suelo rústico de protección ecológica e impedir que se pueda ejercer la potestad de la Administración, de restitución del orden físico y natural alterado". Ahora, en un auto fechado el pasado 13 de diciembre, el juez Jerónimo Alonso ha ordenado practicar varias diligencias para esclarecer los hechos.
"Mutó la calificación real del suelo", según el denunciante
El informe emitido por Gustavo Navarro sostiene que "las viviendas se emplazan en el suelo máximo delimitado para núcleos de población" y que, "de acuerdo con esto, no se encuentran en Suelo Rústico de Protección: Valor natural ecológico-El Jable, según el Plan Insular". Sin embargo, ésa es precisamente la clasificación que da al suelo el Plan General de Arrecife que se encuentra en vigor.
Tal como han señalado las sentencias dictadas hasta ahora en los procedimientos contenciosos, el informe de Navarro agregaba a continuación que, dentro de ese tipo de suelo que establece el PIOT, luego "la distribución corresponde al planeamiento municipal". Sin embargo, al no aclarar en su informe que el Plan de Arrecife lo califica como rústico protegido, tanto los promotores como los compradores de las viviendas han utilizado ese certificado en su defensa, aunque sin éxito.
Según el denunciante, el técnico del Cabildo "mutó la calificación real" de ese suelo y, además, lo hizo "fuera del ámbito de sus competencias, pues correspondía al Ayuntamiento de Arrecife la emisión" de ese certificado, que está fechado el 3 de diciembre de 2012.
El juez solicita expedientes al Cabildo y al Gobierno canario
Inicialmente, la denuncia de Murillo recayó en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, pero este Juzgado se ha inhibido, ya que los hechos denunciados ocurrieron en el partido judicial de Arrecife, que es donde finalmente van a ser investigados.
En su auto, el juez Jerónimo Alonso ordena requerir al Cabildo el expediente que dio lugar a la emisión de la certificación urbanística, a raíz de la solicitud de una de las dueñas de las viviendas; así como el que abrió el presidente del Cabildo tras el escrito presentado por Murillo cuestionando la emisión de ese informe.
Del mismo modo, solicita que la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y la Apmun entreguen los respectivos expedientes sobre los informes emitidos respecto a estas viviendas, que tienen desde hace años una orden parcial de derribo. Además, entre otras cosas, ordena recabar la relación de juicios contenciosos abiertos sobre esas casas y el estado de tramitación en que se encuentran. Por último, pide que el auto se ponga el conocimiento del Ministerio Fiscal y de las demás partes personadas en estas diligencias.
Fue jefe de la Oficina del PIOT tras la destitución de Polo Díaz
Además de ser técnico de la Oficina del PIOT, Gustavo Navarro ha estado también al frente de este departamento. Fue en agosto de 2015 cuando fue designado como jefe sustituto de la Oficina del Plan Insular, después de la polémica destitución de Leopoldo Díaz ordenada por el presidente, Pedro San Ginés.
Seis meses después de su nombramiento, el propio Navarro decidió renunciar al cargo y presentó su carta de dimisión. Incluso, pidió ser trasladado a otro departamento del Cabildo.
