El caso Jable, surgido del caso Unión y que tiene a María Isabel Déniz y a Felipe Fernández Camero entre los principales acusados, sigue atascado y sin fecha en la Audiencia Provincial, cuatro años después se cerrara la instrucción de la causa y de que la Fiscalía presentara el escrito de acusación.
En 2017, Camero recusó a la Sala que había sido designada para celebrar el juicio, alegando que esa misma sección de la Audiencia había resuelto varios recursos en distintas piezas de Unión durante la instrucción del procedimiento, alegando que por eso estaba comprometida su imparcialidad. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó la pretensión de Felipe Fernández Camero, pero no lo hizo hasta principios de este año. Así, aunque esa recusación no prosperó, sí frenó el procedimiento durante casi tres años, por el retraso del TSJC al resolverla.
Sin embargo, cuando por fin se había superado ese escollo, la causa se enfrenta ahora a otro nuevo, ya que la misma Sala es la que ha decidido ahora abstenerse de celebrar la vista. El motivo en este caso es que los magistrados designados para el juicio de Jable son los mismos que juzgaron recientemente al ex gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, y a otras siete personas, a raíz de la querella que interpuso contra ellos la empresa, y de la que resultaron absueltos.
La querella fracasada de Urbaser
"A la vista del contenido de la sentencia dictada por los tres magistrados que conocieron de esta causa, procede plantear su abstención para el conocimiento de la presente", señalan los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Pilar Parejo, Nicolás Acosta y María del Pilar Veastegui, en una providencia fechada el pasado 21 de mayo.
En esa sentencia, la Sala absolvió a los acusados por la querella de Urbaser, concluyendo que la empresa "no desconocía los hechos" que imputaba a su ex gerente y apuntando incluso que pudo "contribuir a su comisión". "Aunque ello constituye, en parte, el objeto de otro procedimiento", advertía en su fallo la Sala, dejando claro el vínculo entre esa querella de Urbaser y los hechos que se juzgarán en el caso Jable, donde además de Jacinto Álvarez están acusados varios directivos de la empresa en Madrid.
"Si me condenan antes de ese juicio, me desprestigian", afirmó Jacinto Álvarez ante la Sala el pasado mes de noviembre, cuando se celebró aquel juicio, apuntando que ahí estaba el motivo de que Urbaser hubiera presentado esta querella contra él. Y es que tras su detención en Jable, el ex gerente no solo confesó sus delitos, sino que también implicó a buena parte de la cúpula de Urbaser en Madrid, afirmando que la empresa era la que ordenaba los presuntos sobornos que se pagaban a cargos públicos y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife.
Ahora, aunque la querella de Urbaser no prosperó -la Fiscalía ni siquiera presentó acusación y el juicio se celebró solo con la empresa como acusación particular-, esa vista sí ha terminado teniendo consecuencias en Jable, volviendo a dejar la causa "en suspenso".
De nuevo en manos del TSJC
En su providencia, los magistrados de la Sección Segunda dan traslado de la "causa de abstención" que existe por haber intervenido en ese juicio, y será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien tenga que pronunciarse sobre si acepta o no su abstención. Mientras tanto, el juicio vuelve a quedar en el aire a la espera del TSJC, que deberá decidir si mantiene a la misma Sala o si designa una nueva, lo que implicaría nuevos retrasos.
Junto a María Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero, en esta causa hay acusadas otras 15 personas, incluyendo a los directivos de Urbaser y también a otros de Fomento Construcciones y Contratas, así como a Dimas Martín y a otros políticos y técnicos.
Además de pedir multas millonarias e importantes penas de prisión (la mayor para el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha), la Fiscalía solicitaba en su escrito de acusación -presentado en diciembre de 2016- que sean decomisados 863.674 euros que presuntamente recibieron cinco de los acusados (Isabel Déniz, Dimas Martín, Rafael Arrocha, Felipe Fernández Camero y Miguel Ángel Leal) en sobornos de Urbaser y Fomento Construcciones y Contratas.
El fiscal considera que estas dos empresas recibieron contratos de forma fraudulenta, que además después se fueron disparando en el precio, a cambio del pago de comisiones ilegales. Y todo ello "a costa del erario público", ya que el "criterio decisivo" para las adjudicaciones era "el abono de las dádivas solicitadas", y no que las empresas "ofreciesen las mejores condiciones para la Corporación municipal".
