El Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife ha cambiado dos de las fechas previstas para el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, que sentará en el banquillo al ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. Fue otro de los acusados en esta causa, el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, quien pidió que se cambiara una de las jornadas, al coincidirle con el juicio de la pieza principal del caso Stratvs, donde también está procesado.
Inicialmente, tal como ya había adelantado La Voz, el juicio por la incautación se fijó para los próximos días 16, 23 y 30 de marzo y el día 6 de abril. Sin embargo, en caso de que no se produzcan nuevos cambios, finalmente empezará una semana más tarde, el 23 de marzo, y terminará 15 días después de lo previsto, el 21 de abril.
Las fechas que se han eliminado son la del 30 de marzo, por coincidir con el calendario del juicio de Stratvs, que ya estaba señalado con anterioridad; y la del 16 de marzo, en este caso por motivos de organización del propio Juzgado. Así, las nuevas jornadas fijadas son 23 y 24 de marzo y 6 y 21 de abril, aunque aún podrían sufrir variaciones.
Doble imputación como gerente del Consejo de Aguas
En el caso Stratvs, Hernández Duchemín también está acusado por su intervención como gerente del Consejo Insular de Aguas, al haber autorizado el sistema de vertidos de la bodega de Juan Francisco Rosa, pese a que había informes que advertían de que eran contaminantes. Además, aunque ese permiso era temporal y sujeto a controles, el Consejo nunca acudió a tomar muestras ?solo constan las que aportó el empresario, sin acreditar cómo ni dónde se habían tomado- y tampoco actuó cuando se venció ese permiso de seis meses y la bodega siguió funcionando.
"Va a resultar fulminantemente desimputado", llegó a afirmar hace cinco años San Ginés, cuando José Juan Hernández Duchemín fue citado por primera vez por el Juzgado dentro del caso Stratvs, por el que ahora irá a juicio. Además, poco después Duchemín sumó esta otra imputación por su intervención en la incautación de la desaladora de Montaña Roja, que fue ordenada por Pedro San Ginés sin contar con un solo informe por escrito que avalara o propusiera siquiera esta medida.
Lo único que había era un informe del propio Hernández Duchemín proponiendo abrir un expediente a la empresa propietaria de la planta, Club Lanzarote, por tres faltas leves y una menos grave. Y en base a eso, San Ginés ordenó incautar la planta y entregársela a Canal Gestión Lanzarote, que se estuvo beneficiando de esas instalaciones hasta que la Justicia anuló esta medida, tachándola de extrema", "gravosa", "desproporcionada" e "ilegal". Después, el gerente firmó otra resolución para llevar a cabo lo ordenado por San Ginés.
"Colaboración consciente a la realización del ilícito penal"
El tercer acusado que se sentará en el banquillo es el ex secretario del Cabildo y del Consejo de Aguas, Francisco Perdomo. Según el juez instructor de esta causa, tanto él como Duchemín prestaron una "colaboración consciente a la realización del ilícito penal" por parte de San Ginés, del que señalaba que "en su condición de presidente del Consejo Insular de Aguas, llevó a efecto su personal voluntad, apartándose de la ley".
En el caso de Pancho Perdomo, puso su firma al informe jurídico elaborado 'a posteriori' por el abogado externo Ignacio Calatayud, que asesoraba a San Ginés en la incautación mientras a su vez trabajaba para Canal Gestión, que fue la empresa a la que le entregaron las plantas incautadas. "A sabiendas de la ilicitud de la medida cautelar que se había adoptado, colaboró conscientemente con aquél, procediendo inmediatamente a extender una diligencia de ratificación en su condición de secretario del Cabildo de Lanzarote", señalaba el magistrado en el auto con el que puso fin a la instrucción de la causa.
Petición de doce años de inhabilitación
El juicio se celebrará solo con la acusación popular, ejercida por los ex consejeros de Podemos Carlos Meca y Pablo Ramírez, ya que la Fiscalía cambió de criterio después de haber defendido que había indicios de delito. Ese cambio llegó tras un auto del juez Salvador Alba -que poco después fue condenado por corrupción en el ejercicio de su cargo- en el que desimputó a Calatayud. Y según la Fiscalía, al no poder formular acusación contra el que había sido señalado como "ideólogo" de la incautación, tampoco podía hacerlo contra el resto.
No obstante, tanto el propio Ministerio Fiscal como el juez instructor y la Audiencia Provincial han avalado que la causa llegue a juicio con la acusación popular, que pide 12 años de inhabilitación para cada uno de los acusados por delitos de prevaricación. En su escrito de calificación, la acusación popular sostiene que la incautación de la desaladora de Montaña Roja se llevó a cabo porque era "la única vía que daba respuesta al capricho del señor San Ginés y su deseo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote por encima del respeto a la legalidad vigente y de la propiedad privada".
Además, el escrito recuerda que ésta no es la primera vez en la que San Ginés es acusado de "beneficiar" a Canal. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también ordenó revisar la adjudicación del contrato por el que Canal de Isabel II se hizo con la gestión del agua en la isla, al considerar acreditado que se alteraron los pliegos en beneficio de esta empresa madrileña.
