La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, se enfrenta a una petición de 38 años de cárcel. Ésa es la condena que reclama para ella el propio Consistorio, que está personado como acusación particular en el caso Unión y es quien ha solicitado las mayores penas, superiores a las de la Fiscalía y a las de la acusación popular que ejerce Transparencia Urbanística.
La Voz de Lanzarote ya había publicado una parte del escrito de acusación del Ayuntamiento, centrada en la trama de Urbaser, pero ahora este medio ha tenido también acceso al otro escrito complementario, que analiza los hechos relacionados con FCC y la adjudicación de la obra del pabellón de deportes de Argana, que actualmente sigue cerrado por las deficiencias detectadas en su construcción.
En esta segunda parte del escrito, y solo por los hechos vinculados a esa adjudicación, el Ayuntamiento pide para Isabel Déniz 22 años de prisión, 51 años de inhabilitación y 178.680 euros de multa. Y a esto hay que sumar los 16 años de cárcel que le solicita en la misma pieza por las tramas de Urbaser, en la otra parte del escrito que ya había trascendido.
Para Arrocha, 32 años de cárcel en total
El Ayuntamiento pide la segunda mayor pena para el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, para el que reclama 16 años de prisión por la trama de FCC, así como 53 años de inhabilitación y 413.000 euros de multa. Y en su caso, esto se suma también a los 16 años de cárcel que ya le pedía por la parte de Urbaser, con lo que se enfrenta en total a una petición de 32 años de prisión.
Además, el Ayuntamiento hace recaer sobre estos dos acusados la responsabilidad civil por el dinero presuntamente malversado con los pagos a FCC. Así, reclama que Déniz indemnice al Consistorio con 1.798.793 euros y Rafael Arrocha con 1.032.000. En el caso de la ex alcaldesa, el Ayuntamiento también pide que en caso de impago, su marido, José Domingo Abreut, responda como responsable "a título lucrativo", al haberse beneficiado del dinero obtenido por su mujer de manera presuntamente ilícita.
En total, solo por la trama de FCC, el Consistorio exige la devolución de más de 2,8 millones de euros, que se suman a los casi 10 millones de euros que reclama por las tramas de Urbaser, tal como había publicado ya La Voz, y de los que deberían responder de forma solidaria los 15 acusados por los pagos a esta segunda empresa. Así, en caso de condena y solo en esta pieza del caso Unión, el Ayuntamiento espera ser indemnizado con 12.620.254 euros. Y a esta cantidad se suman las multas que también pide para algunos acusados.
Once años de cárcel para Manuel Jesús Spínola y 8 para Julio Romero
El Ayuntamiento también es quien solicita mayores penas para otros dos acusados en la causa, Julio Romero y Manuel Jesús Isidro Spínola, que eran socios de Rafael Arrocha en un "entramado" de empresas que realizó proyectos tanto para FCC como para Urbaser. Solo por los hechos vinculados a FCC, el Consistorio pide para ellos 8 años de prisión, 10 de inhabilitación y una multa de 65.000 euros por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude a las administraciones públicas. Además, también reclama que se les impongan 17 años de prohibición de obtener subvenciones o ayudas públicas, contratar con el sector público o gozar de beneficios o incentivos fiscales.
Para Manuel Jesús Isidro Spínola, que además es técnico del área de Actividades Clasificadas del Cabildo, el Ayuntamiento pedía ya 3 años de prisión por su intervención en la trama de Urbaser, con lo que en total se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel por parte del Consistorio.
En cuanto a Julio Romero, por los hechos vinculados a Urbaser el Ayuntamiento le pedía 3 años de inhabilitación y una multa, pero no cárcel. Sin embargo, en la parte del escrito centrada en FCC, reclama también 8 años de prisión.
Para los dos directivos de FCC, 12 años
La lista de acusados por la trama de FCC se completa para el Ayuntamiento con dos directivos de la empresa, Enrique Astorga y Enrique José Hernández Martín. Para ambos, el Consistorio pide 12 años de prisión, 22 de inhabilitación para empleo o cargo público y 7 de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, para contratar con el sector público o para recibir beneficios fiscales. Además, reclama que sean condenados a pagar una multa de 144.000 euros cada uno.
El Ayuntamiento acusa a ambos de un delito de fraude a las administraciones públicas y otro de cohecho, ya que los dos firmaron el pagaré con el que se pagó un viaje a Marruecos del que disfrutaron Isabel Déniz y ocho miembros de su familia, incluyendo a su marido, su hija, sus tres hermanos y las parejas de éstos. El viaje se realizó en diciembre de 2005, poco después de adjudicarse la obra del pabellón, y fue abonado mediante un pagaré de FCC, autorizado por estos dos acusados. Incluso, la factura estaba a nombre de la empresa y suponía la "nada desdeñable cantidad", según destaca el Ayuntamiento, de 17.340 euros, como "contraprestación a favores administrativos otorgados".
Además de pagar este viaje a María Isabel Déniz, FCC también entregó 30.000 euros en metálico a Rafael Arrocha "por informar", como jefe de la Oficina Técnica, "a favor del proyecto de adjudicación del pabellón de Argana Alta". Y el proyecto sobre el que informó favorablemente Arrocha había sido elaborado por una de sus empresas, Gamma Instal, en la que participaba "de manera intermedia". Por la elaboración de ese proyecto, esta empresa de Arrocha, de la que eran socios Julio Romero y Manuel Jesús Spínola, recibió otros 130.000 euros de FCC.
"Mediante la concurrencia de estas personas y con la finalidad de defraudar las arcas públicas", según el Ayuntamiento, "Arrocha informó a favor de FCC", que era "el proyecto ejecutado por mercantiles en las que él mismo participaba". Y todo ello "habiéndose puesto previamente en connivencia con la que en aquel momento era alcaldesa".
Peticiones dispares de las distintas acusaciones
En esta misma pieza hay otros 11 acusados, aunque solo por las tramas de Urbaser, por lo que sus nombres aparecen en la parte del escrito de acusación que ya había trascendido. Entre ellos, tal como había publicado ya La Voz, se encuentran el ex secretario, Felipe Fernández Camero, para el que el Ayuntamiento pide 16 años de prisión; cinco directivos de Urbaser, para los que reclama la misma pena de cárcel; Dimas Martín, Matías Curbelo y Miguel Ángel Leal, para los que pide 8 años de prisión; y Daniel Hernández y Rafael Antonio Corujo, que según la acusación intervinieron como "pantalla" en las sociedades de Arrocha, y para los que solo pide 3 años de inhabilitación y 12 meses de multa.
En la parte del escrito de Urbaser, las penas solicitadas por el Ayuntamiento son bastante similares a las que planteó la acusación popular representada por Transparencia Urbanística. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la parte del escrito centrada en FCC, que corrió a cargo de otro abogado.
Uno de los motivos estaría en el modo de calcular la solicitud de penas, ya que tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones lo han hecho considerando que los distintos delitos se cometieron "en concurso", es decir, que eran necesarios para llegar al mismo fin. En esos casos, lo que se aplica es la pena del delito más grave (en cada uno de los hechos delictivos), aumentada en su mitad superior. Sin embargo, en la parte de la acusación del Ayuntamiento centrada en FCC, se piden penas por cada delito de forma independiente, aunque formen parte del mismo hecho.
En el caso de María Isabel Déniz, el Consistorio le acusa de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración y le pide en total, sumando las dos partes del escrito, 38 años de cárcel, frente a los 22 que reclama Transparencia Urbanística y los 13 que pide la Fiscalía. En cuanto a Rafael Arrocha, el Ayuntamiento le pide en total 32 años de cárcel, mientras que Transparencia Urbanística solicita 22 y el fiscal 19 años y 6 meses.
Los otros dos casos en los que se dan grandes diferencias son los de Manuel Jesús Isidro Spínola y, especialmente, en el de Julio Romero. Para el primero, el Ayuntamiento pide en total 11 de años de cárcel y la acusación popular 10, pero la Fiscalía no solicita cárcel (solo 3 años de inhabilitación y una multa de 7.500 euros). En el caso de Julio Romero, ni el fiscal ni Transparencia Urbanística reclaman prisión, pero sí lo hace el Consistorio, que solicita 8 años de cárcel para él.
