La concejal de Actividades Clasificadas e Infracciones del Ayuntamiento de Arrecife, Carmen Delia Delgado, no quiso confirmarlo durante el Pleno celebrado este jueves, a pesar de las preguntas de la oposición, pero lo cierto es que sí tendrá que declarar como imputada (lo que hoy se conoce como investigada) por su intervención en el expediente contra la machacadora ilegal de Los Mármoles, que en julio de 2016 ordenó que fuera paralizado a pesar de las advertencias de los técnicos.
Su citación fue solicitada por el Ministerio Fiscal, que considera que "existen indicios suficientes" de la "posible perpetración" de un delito de prevaricación administrativa por parte de la edil de Coalición Canaria. Por eso, el pasado mes de junio formuló una denuncia pidiendo que se abrieran diligencias judiciales. En ella, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas incluía también a la empresa responsable de las obras, Transportes y Excavaciones Tiagua SL, y a su gerente, Óscar Octavio Cabrera Díaz, en este caso por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
A raíz de esa denuncia, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ya abrió diligencias y ha cursado las primeras citaciones. Además de los investigados, el fiscal también pedía que declararan como testigos una técnico municipal del departamento de Infracciones, que fue quien realizó las advertencias, y dos agentes del Seprona que denunciaron en su día las obras.
La actividad ilegal se conocía desde 2015
El 10 de noviembre de 2015, La Voz de Lanzarote informó por primera vez de la actividad de una posible cantera ilegal y una machacadora de esta empresa, que en los últimos años ha resultado adjudicataria de importantes contratos con la administración, y en particular con el Cabildo y con Canal Gestión, a quien esa misma institución entregó la gestión del ciclo integral del agua. A finales de ese mes, el concejal Andrés Medina, a través de la Asociación Adey Galguen, interpuso una denuncia. Después, agentes del Seprona acudieron a la parcela y constaron que se estaban realizando "labores de movimientos de tierras, acopios y clasificación de materiales entrantes, así como entradas y salidas de camiones portando áridos", careciendo de licencia para ello.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Arrecife abrió un expediente de infracción urbanística y ordenó precintar la obra, pero ni la empresa cumplió la orden de parar los trabajos ni el Consistorio ejecutó el precinto. Además, tal como en su día publicó La Voz, la concejal Carmen Delia Delgado ordenó paralizar ese expediente en julio de 2016, alegando que antes de continuar debía llevarse a cabo una visita técnica por parte de la oficina municipal. Para ello, se basó en un informe emitido el mes anterior por la técnica municipal Lidia Sánchez Suárez, en el que se recomendaba esa visita, pero como parte de la tramitación del expediente.
"Tal paralización", según sostiene la denuncia de la Fiscalía, "no sólo contradecía las indicaciones del informe de la técnica municipal, sino que no obedecía a ninguna razón de fondo que la justificara, máxime cuando existían indicios de la presunta existencia de ilegalidad por la realización de obras y actividades por la entidad Tiagua SL sin contar con las preceptivas autorizaciones".
La técnico pidió a la edil que "reconsiderara" su decisión
De hecho, el Ministerio Fiscal subraya que unos días después, el 19 de julio de 2016, la misma técnico emitió otro informe en el que pedía a la concejal que "reconsiderara la decisión de paralizar el expediente, al resultar del todo improcedente por suponer una obstaculización para su efectiva resolución". Sin embargo, el fiscal señala que "pese a tal recomendación técnica, no consta que el expediente fuera posteriormente reanudado", al menos mientras el Ministerio Público realizó sus diligencias de investigación, previas a presentar la denuncia y solicitar la apertura de diligencias judiciales.
Finalmente, coincidiendo con la citación de la concejal, la resolución de ese expediente se llevó a Pleno este jueves en una sesión extraordinaria. Durante la sesión, la edil admitió que el expediente ya había caducado en una ocasión y que estaba a punto de caducar de nuevo, justificando así el motivo de que se convocara un Pleno extraordinario con ese único punto en el orden del día. Y en la sesión, lo que se aprobó fue sancionar con 15.001 euros a Transportes y Excavaciones Tiagua y ordenar el cese "definitivo" de su actividad en la carretera de Los Mármoles. Ahora, esa sanción se suma a esta causa penal abierta, en la que la empresa y su gerente tendrán que responder de un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Una autorización vinculada a las obras de la Circunvalación
Cuando Transportes y Excavaciones Tiagua SL comenzó su actividad en la carretera de Los Mármoles en el año 2013, tenía un permiso del Gobierno de Canarias vinculado a las obras de desdoblamiento de la Circunvalación de Arrecife, para que el material resultante de los trabajos fuera almacenado y tratado en esa parcela. Pero aunque esa autorización tenía una vigencia de dos años y estaba ligada a las obras de la carretera, la empresa siguió trabajando en el terreno cuando terminaron esos trabajos.
En su primer informe de junio de 2016, la técnico municipal proponía al Departamento de Infracciones requerir a la empresa Tiagua SL y a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, que fue quien otorgó el permiso a la empresa, "para proceder a realizar las inspecciones que la legislación le encomendara en cuanto al control del proyecto". Sin embargo, lo que hizo la concejal fue paralizar el expediente, a la espera de que se realizara esa visita. Cuando la técnico le pidió a la edil que "reconsiderara" su decisión, también reiteró que resultaba "de máxima prioridad" que se llevaran a cabo esas inspecciones.
En su denuncia, el fiscal también pide que se reclame un informe al Servicio de Calificaciones Territoriales del Cabildo, "indicando si la carencia de calificación territorial u otros títulos habilitantes de las mismas sería convalidable mediante ulterior legalización administrativa". Al respecto, tal como publicó hace dos años La Voz, cabe recordar que la empresa ya intentó "legalizar" su actividad en 2014, pidiendo la calificación territorial al Ayuntamiento de Arrecife. Sin embargo, ésta fue denegada, ya que ese suelo está calificado como rústico de uso agrícola residual en el planeamiento en vigor.
Solo permisos "excepcionales"
En ese tipo de suelo, sólo puede autorizarse "excepcionalmente" la instalación de "Sistemas Generales Insulares puntuales, siempre que ello se justificara desde el interés general insular". Eso incluiría, por ejemplo, la construcción de una carretera, y precisamente por eso se le dio autorización para el acopio de materiales durante las obras de la Circunvalación, al ser un proyecto de interés general. Sin embargo, ese permiso nada tiene que ver con la actividad que la empresa siguió desarrollando después de forma ilegal.
En el nuevo Plan General de Arrecife que pretende aprobarse, así como en la adaptación básica que se aprobó en el año 2004, la calificación de ese suelo se modifica, y pasaría a "urbanizable no sectorizado, diferido", donde sí podría llegar a autorizarse una actividad industrial. Sin embargo, mientras no se apruebe el nuevo PIOT, la actividad no será autorizable, ya que el Plan Insular que sigue en vigor también contempla ese suelo como rústico agrícola, y ese documento manda jerárquicamente sobre los planes municipales. Precisamente por eso, el Ayuntamiento denegó en su día la calificación territorial a la empresa, aunque después ha tardado dos años en aprobar la sanción y ordenar la paralización de los trabajos.
