El ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, no ha empezado a cumplir aún la pena de 2 años, 9 meses y 22 días de prisión que se le impuso en el caso Unión, por cobrar facturas falsas de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife por servicios que no había prestado. La sentencia firme fue dictada por el Tribunal Supremo en abril de 2016, condenándole por delitos de malversación y prevaricación, pero Batllori ha conseguido retrasar la ejecución del fallo.
Primero presentó un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, con el que pretendía que se anulara la condena, pero ni siquiera fue admitido a trámite. Después, solicitó un indulto al Gobierno, que ahora debe ser resuelto por el Consejo de Ministros. Y mientras llega esa decisión política, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que fue quien dictó la sentencia de primera instancia, ha accedido a suspender la ejecución.
Así lo han confirmado a La Voz de Lanzarote desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que precisa que no se ha hecho lo mismo con el resto de condenados en esta pieza del caso Unión. En el caso de Dimas Martín, que es el otro condenado con pena de cárcel, también ha solicitado un indulto, pero la Sección Sexta de la Audiencia no accedió a aplazar la ejecución, debido a los antecedentes penales con los que ya cuenta. De hecho, esos antecedentes hacen prácticamente imposible que se le conceda un indulto, ya que uno de los requisitos para otorgarlo es no haber cometido delitos anteriores. En el caso de Dimas, no solo tiene varias condenas firmes a sus espaldas, sino que ya fue indultado hace años por una de ellas.
Blanco, Elorrieta y Guerra "ya están cumpliendo la inhabilitación"
Respecto a la ex concejal de Arrecife Luisa Blanco, la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, y el ex gerente de la empresa, Rafael Elorrieta, el Supremo rebajó las penas impuestas en primera instancia y no fueron condenados a prisión, sino solo a inhabilitación para empleo o cargo público, durante 8 años y medio. Sobre ellos, el TSJC ha confirmado a La Voz que "ya están cumpliendo la pena" de inhabilitación. No obstante, cabe recordar que actualmente, ninguno de ellos ocupaba ya cargos públicos.
En cuanto al sexto condenado en esta pieza, el ex concejal de Arrecife José Miguel Rodríguez, falleció durante las pasadas Navidades. Rodríguez había sido condenado en esta pieza a un año de prisión tras reconocer los hechos, mostrar su arrepentimiento y devolver parte del dinero malversado. Y al ser su primera condena de cárcel, en principio no era obligado su ingreso en prisión, por tratarse de una pena inferior a dos años.
Así, quien sigue pendiente de cumplir la pena impuesta es Rodríguez Batllori, a la espera de saber si el Consejo de Ministros le concede o no el indulto solicitado. Al respecto, cabe recordar que casi todos los partidos de la oposición en el Congreso pretendieron prohibir la concesión de indultos en casos de corrupción. Por su parte, el PP rechazó aprobar esta iniciativa, aunque asegura que mantiene el "compromiso" de no indultar a personas condenadas por prácticas corruptas. En cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena mientras se decide, corresponde al tribunal que dictó la sentencia decidir si acepta retrasar el cumplimiento del fallo, en función de cada caso.
Cobró más de 45.000 euros sin prestar servicios
En la sentencia de esta pieza del caso Unión, el Tribunal Supremo consideró "acreditado" que Francisco Rodríguez Batllori cobró 19.764 euros del Ayuntamiento de Arrecife y 26.089 euros de Inalsa sin haber prestado ningún tipo de servicio y sin haber sido siquiera contratado. Y también consideró probado que si se llevó ese dinero público a cambio de nada, fue gracias a la intervención del resto de los acusados y a la influencia de Dimas Martín, que fue quien pidió que se abonaran las facturas, sobre los cargos públicos de su partido. Sin embargo, el Supremo rebajó las penas respecto a la sentencia de primera instancia, al eliminar en algunos casos el delito de malversación y sustituirlo por el de prevaricación administrativa, que solo se castiga con inhabilitación.
El motivo, según el fallo, es que la sentencia de primera instancia no especificó debidamente que la consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, y el gerente, Rafael Elorieta, tuvieran "a su cargo" los caudales de la empresa pública. Por eso, dado que ése es uno de los requisitos para que exista el delito de malversación, anuló este delito en el caso de las facturas pagadas desde Inalsa, sustituyéndolo por el de prevaricación, y mantuvo la malversación solo en los pagos desde Arrecife, donde sí se especificaba que José Miguel Rodríguez tenía "a su cargo" los fondos del Consistorio como concejal de Hacienda.
Otras dos sentencias firmes en el caso Unión
A esta condena firme del caso Unión se suma la que afrontó el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que ya cumplió la pena de 6 meses de cárcel. En el caso de Reyes, se dictó una sentencia de conformidad, ya que reconoció los hechos y admitió que incurrió en un delito de prevaricación urbanística, al conceder la licencia para el chalet de Carlos Morales y Alexia de Grecia.
Además, hay ya una tercera condena firme en Unión, en la pieza por los pagos a Proselan, que ha sido ratificada recientemente por el Tribunal Supremo. El fallo firme se conoció la pasada semana, aunque en realidad se dictó el pasado 25 de noviembre. Sin embargo, al menos hasta el pasado viernes, no había sido notificado formalmente a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que es también quien dictó el fallo de primera instancia y quien debe tramitar su ejecución.
Además de imponer penas de prisión de 4 años y medio de cárcel a los acusados, esta sentencia supondrá el apartamiento de su cargo del todavía interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, que también ha sido condenado a 8 años de inhabilitación, y del ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, que continúa trabajando en el área de Movilidad del Ayuntamiento. Además, ambos deberán devolver al Consistorio, junto con el empresario José Daniel Hernández, más de 250.000 euros que fueron malversados. Sin embargo, para ello aún debe llegar esa notificación formal de la sentencia, para iniciar los trámites de ejecución.
