El empresario Juan Francisco Rosa se ha sentado por primera vez este lunes en el banquillo de los acusados en el primer juicio del caso Stratvs, en el que está acusado junto a otras nueve personas. La vista ha comenzado en los Juzgados de Arrecife, hasta donde se ha desplazado la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, encargada de juzgar esta pieza de la causa por el aforamiento de una de las acusadas, la alcaldesa de Yaiza Gladys Acuña.
A Lanzarote también ha regresado el fiscal Ignacio Stampa, que actualmente está destinado en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, pero que instruyó esta causa desde su inicio y ha vuelto a la isla para representar al Ministerio Fiscal en este juicio, que se extenderá durante toda la semana. Durante las dos primeras jornadas está previsto que se planteen las cuestiones previas y que declaren todos los acusados, mientras que en el resto están citados decenas de peritos y testigos. Junto a la Fiscalía ejercen la acusación popular los denunciantes de esta causa, la asociación Transparencia Urbanística, además de la familia Negrín, que interviene como acusación particular dado que con la construcción del complejo Stratvs fueron ocupados presuntamente terrenos de su propiedad.
Además de este primer juicio, aún está pendiente que se fije fecha para la pieza principal de la causa, que sigue en manos de la Audiencia Provincial. En ese segundo juicio, Rosa deberá responder de la mayor parte de los delitos por los que está acusado, y que incluyen delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, contra el patrimonio y de estafa, entre otros. En cuanto a esta primera vista, se centra solo en los hechos relacionados con la intervención de la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional Gladys Acuña, cuya condición de aforada hizo que parte de la causa pasara a manos del TSJC.
Este primer juicio, centrado en prevaricación y tráfico de influencias
Así, en esta pieza Rosa deberá responder solo de un presunto delito de tráfico de influencias, relacionado con la concesión de la licencia de apertura de actividad, otorgada bajo la Alcadía de Acuña. En cuanto a la alcaldesa, está imputada por un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación medioambiental, tanto por acción como por omisión. Los primeros hechos que se le imputan se remontan a diciembre de 2008, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento concedió la licencia de actividad clasificada a Stratvs, con el voto favorable de Acuña y de los otros tres ediles que participaron en la reunión, Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío Santana y Evaristo García Pérez. Todos ellos acusados de un delito de prevaricación urbanística, por haber autorizado la concesión de ese permiso, en el que se establecieron condicionantes que nunca se cumplieron.
En el caso de Leonardo Rodríguez, que en ese momento era teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, en la víspera de esa reunión de la Junta de Gobierno recibió un mensaje de la secretaria de Rosa, pidiéndole que contactara con el empresario "puesto que le tenía comentar un tema de la bodega". Ese mismo día, el concejal devolvió la llamada a Rosa, en una conversación que fue intervenida por la UCO dentro del caso Unión y que se incorporó al caso Stratvs. En esa llamada, según el auto de la juez instructora que puso fin al procedimiento, Rosa le dice que "sólo le falta la licencia para legalizar la bodega y que se vota al día siguiente, con ánimo de favorecerse de la buena relación con el señor Rodríguez para obtener el voto favorable de la Junta".
Al día siguiente, tras votar favorablemente a la concesión de la licencia, Leonardo Rodríguez "llamó hasta en dos ocasiones a Juan Francisco Rosa, sin que conste en el teléfono intervenido judicialmente que consiguiera contactar con él". Finalmente, el día 22 de diciembre de 2008, Leonardo Rodríguez se acercó a la casa de Juan Francisco Rosa "a entregarle algo, probablemente la licencia", señalaba la juez.
"Conocían lo no autorizable de la instalación en su magnitud"
Según el auto, la alcaldesa y los ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno concedieron ese permiso pese a que conocían "lo no autorizable tanto de la instalación en su magnitud, como en su actividad, que de facto se convirtieron en múltiples actividades", y "a sabiendas de que la construcción ya excedía y en mucho lo autorizado en el año 1999, y que la actividad en sí, no podía autorizarse".
Al aprobar la autorización introdujeron dos condicionantes, pero la juez subraya que nunca tuvieron intención de cumplirlos ni de exigir su cumplimiento. De hecho, "ni se controlaron con carácter previo a la concesión de la licencia de actividad clasificada ni posteriormente". El primero de ellos era que los técnicos competentes visitaran la bodega para comprobar que se ajustaba al proyecto que se había autorizado (y que era la rehabilitación de una vivienda y una bodega almacén de 900 metros, cuando el complejo Stratvs tiene más de 12.000 metros cuadrados). Sin embargo, esa visita nunca se realizó ni fue ordenada por la alcaldesa, según la juez.
El segundo de los condicionantes era que la entidad debía estar en posesión de la autorización de vertidos otorgada por el Consejo Insular de Aguas. Con esto, según la juez, pretendían "salvar formalmente el escollo que les suponía conocer que obraban informes" de Salud Pública, que desde el año 2006 venían advirtiendo de que las instalaciones no cumplían con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales.
Acuña y José Antonio Rodríguez, acusados también por omisión
Además, Gladys Acuña deberá responder en este juicio de otro delito de prevaricación urbanística por omisión, por no haber adoptado medidas para ordenar el cierre de la bodega pese a que, según la juez instructora, al menos después de su imputación y primera declaración en esta causa, debía ser ya plenamente consciente de las "graves irregularidades urbanísticas y medioambientales".
Por el mismo delito por omisión se sienta en el banquillo el que era concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, al no adoptar medidas para el cierre de Stratvs pese a tener perfecto conocimiento "de las graves irregularidades urbanísticas y medioambientales", según la juez instructora. Además, al igual que ocurre con otros acusados, Rodríguez se volverá a sentar en el banquillo en el segundo juicio de Stratvs por hechos anteriores a la Alcaldía de Acuña, bajo el mandato de José Francisco Reyes, cuando también era concejal de Urbanismo.
En cuanto a Reyes, también deberá afrontar dos juicios, por un lado por haber autorizado esta obra y por otro por ser quien inició el expediente que culminó Acuña, para concederle la licencia de actividad. Por esto último es por lo que responderá en este primer juicio, que le ha llevado de nuevo al banquillo de los acusados, tras sumar ya otras condenas a sus espaldas, incluida la última del caso Yate, en la que confesó haber cobrado sobornos a cambio de la concesión de licencias ilegales, incluyendo las de dos hoteles y el puerto deportivo de Juan Francisco Rosa en Playa Blanca.
La lista de acusados en este primer juicio se completa con el que era secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, apartado de su cargo por otra condena por prevaricación urbanística; el técnico del Ayuntamiento Andrés Morales; y el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, que desde la Corporación insular informó favorablemente a que el Ayuntamiento de Yaiza otorgara la licencia de actividad a Stratvs.
