La Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley ha convocado una nueva caravana de protesta en Lanzarote para exigir a los gobiernos que "se sancione" con la fijeza "el abuso de temporalidad" cometido contra los empleados temporales.
La misma tendrá lugar el 14 de marzo, y tal y como ocurrió en enero, se desarrollarán protestas en otras ciudades españoles, en esta ocasión en un total de 30. En Canarias, además de en Lanzarote, habrá manifestaciones en coche en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Para respetar las medidas preventivas y de contención frente al Covid, afirman que a las mismas solo acudirán "una una representación de miles de trabajadores públicos temporales de toda España que sufren "abuso de la contratación temporal y fraude de ley". En el caso de Lanzarote, se afirma que empleados públicos del Gobierno de Canarias en la isla apoyarán la protesta.
Una situación laboral "discriminatoria"
"Nos manifestamos porque, a pesar de que intentamos por todos los medios (a nivel social, judicial, político y administrativo) que se solucione la situación laboral discriminatoria a la que nos tienen sometidos desde hace décadas, vemos peligrar inminentemente nuestros puestos de trabajo y porque consideramos que la defensa de nuestros empleos es ahora algo prioritario", explica la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley.
En un comunicado, señalan que se sienten "totalmente desprotegidos por parte del gobierno y nuestras administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al abuso de temporalidad por la Directiva Europea 1999/70, cuyo objetivo no se está cumpliendo en España."
Al respecto, la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley recuerda que Bruselas ha requerido a España a "solucionar el problema de la excesiva temporalidad" en el empleo público y que cumpla la normativa comunitaria que prohíbe este tipo de prácticas laborales para entregar los fondos europeos".
Así, solicita al Ministerio de Administraciones Públicas que revise la propuesta para el Plan Nacional de Reformas de la agrupación nacional de Trabajadores Temporales Públicos (TTPS), que se publicó en la web del Congrego, junto con las aportaciones ciudadanas, el 29 de junio de 2020.
"La solución es sencilla y pasa por inspeccionar la contratación de cada empleado público y, si se detecta abuso en un acto administrativo, regularizar su situación aplicando el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público", señalan desde esta plataforma, desde donde hacen un llamamiento a los gobiernos para que "demuestren a Europa que son capaces de dejar a cero la temporalidad abusiva".
Asimismo, reclaman una reunión "con carácter de urgencia" con el ministro de Política Territorial y Función Pública "para ofrecerles las únicas soluciones acordes con Europa". "Si no se nos escucha ni se nos tiene en cuenta, seguiremos con movilizaciones", aseguran.
En este sentido, advierten que "una huelga de trabajadores públicos temporales en este momento será un foco de atención para Europa, que puede ser decisivo en la paralización de los fondos europeos". Así, instan al ministro a que "ponga en marcha la inspección en todas las administraciones usando los criterios que establece Europa y el propio Estatuto Básico del Empleado Público".