El Informe Anual de SOS Racismo 2008 advierte un aumento del racismo social, un retroceso en el reconocimiento de derechos humanos y un endurecimiento y "derechización" de las políticas de expulsiones y repatriaciones de inmigrantes, lo que revela un diagnóstico "preocupante" que establece dos categorías de personas en la sociedad: las acreedoras de derechos y los inmigrantes.
Así lo denunció este jueves el representante de SOS Racismo, Peio Aierbe, durante la presentación del informe realizado en la Universidad de La Laguna (ULL), junto al director del Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Vicente Zapata.
Aierbe criticó la "doble moral e hipocresía" del Gobierno estatal, que dijo realiza discursos con los que pretende "crear una pantalla" para no asumir que lo que realmente está haciendo es incrementar las expulsiones y que se está dando un "giro de derechización" con dinámicas que se pueden "tildar de racistas o de discriminatorias".
Frente al drama de la inmigración en cayucos, que ?según el informe- ha dejado 876 muertes documentadas y otras tantas desapariciones sin contabilizar, el Gobierno actual pone como ejemplo de su eficacia el incremento de más medios, más policías, más apoyo de la UE y más expulsiones, lo que refleja un endurecimiento de este tipo de políticas.
También rechazó que se hable de desarrollo y cooperación con África, "pero no se hace nada y todos los acuerdos son un chantaje a esos países para que, a cambio, se conviertan en gendarmes" que impidan salir a sus ciudadanos, "lo que es ilegal", apuntó.
El informe, que ha sido presentado simultáneamente en diferentes lugares de España, denuncia las irregularidades y vulneración de los derechos de los menores no acompañados, o la "fijación obsesiva" del Gobierno con las repatriaciones de inmigrantes, que han aumentado un 6 por ciento con respecto a 2006 y ,en muchos casos, se han hecho con "un trato vejatorio".
EMPEORAMIENTO EN MENORES
Para el representante de SOS Racismo la situación de los menores extranjeros "es otro ejemplo de libro de la contradicción", ya que lo que se pretende es dar un tratamiento de inmigrantes a los menores, pretendiendo su expulsión a los que hayan superado los 16 años, en lugar de aplicar la ley del menor.
Tachó de "eufemismo" el reagrupamiento familiar y criticó que "se ha ido para detrás" con medidas como la construcción de centros de menores en Marruecos, en lugar de que las instituciones que asuman su responsabilidad con estos menores.
"No se puede decir que estemos saturados por unos miles de menores", afirmó Aierbe, quien sí reconoció la necesidad de aumentar los recursos y las políticas de corresponsabilidad para atender a estos jóvenes, que defendió pueden ser vistos como una posibilidad para el mercado laboral y reducir el envejecimiento de las sociedades europeas.
CIERRE DE LOS CIE'S
El documento critica la "criminalización" y condiciones de trato a los inmigrantes en situación irregular, que remarca no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa, y sin embargo se les priva de libertad en los "inconstitucionales" centros de internamiento de extranjeros, de los que reclaman su cierre.
Frente a ello, cuestionan la intención de la próxima directiva europea que pretende un periodo de encierro de hasta 18 meses en estos centros, que dijo son "lugares de no derechos", en los que se actúa con "opacidad", carecen de control de funcionamiento.
Airebe consideró que "clama al cielo" las limitaciones de acceso a estos centros, con la que dijo "algo se intenta ocultar" sobre el funcionamiento de estas instalaciones, que dijo no persiguen garantizar la expulsión sino "estigmatizar a esas personas", que podrían estar "perfectamente localizadas" con una documentación y sin necesidad de estar encerradas en centros.
MÁS RACISMO SOCIAL
SOS Racismo advierte un aumento del racismo social y apunta que la mayoría de las denuncias recibidas (28%) se refieren a agresiones o discriminaciones cometidas por particulares. También destaca el incremento "significativo" de las denuncias recibidas por el trato de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que el informe califica como una forma de racismo "amparado por el secretismo y la impunidad" ante los obstáculos para denunciar y la falta de investigación independiente.
El informe advierte situaciones de discriminación en el ámbito educativo, donde la integración es "uno de los grandes retos" y en el mercado laboral, en el que la mitad de los inmigrantes regulares tienen contratos temporales o llegan a tener diferencias salariales del 16 por ciento, que pueden alcanzar el 30 por ciento en el caso de empleos en la economía sumergida.
Aierbe afirmó que la imagen de la sociedad española con respecto a hace cinco años, en los que se consideraba como poco xenófoba en el conjunto europeo, ha cambiado a parámetros de "exclusión y racismo".
Como ejemplo apuntó la negativa "sistemática" al alquiler de pisos a inmigrantes y vinculó estas "miles" de situaciones cotidianas a esa tendencia impulsada desde las instituciones que convierte a las "víctimas en victimarios".
ACN Press
