Algo más de 3.200 extranjeros solicitaron sus papeles de residencia y trabajo en Lanzarote a lo largo de los tres meses durante los que permaneció abierto el último proceso de regularización de inmigrantes ejecutado en España. El porcentaje final de las solicitudes que finalmente serán aceptadas gira en torno a un 90 por ciento. Así, 9 de cada 10 sin papeles residentes en Lanzarote han pasado y/ o pasarán en breve a normalizar su situación.
La mayoría de los inmigrantes que han participado en el trámite, sobre todo marroquíes, ecuatorianos y colombianos, desempeñan su actividad en la construcción y en el sector servicios de la Isla.
La cifra definitiva en territorio nacional superó las 700.000 solicitudes y, según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, sólo unas 150.000 personas se quedaron fuera del trámite.
Tres meses después de haberse cerrado el proceso, al menos más de un cuarto de solicitantes permanecen aún a la espera de recibir una anhelada respuesta por parte del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), ya que la Delegación del Gobierno en Las Palmas aún no les ha remitido contestación.
En la información del Ministerio sobre el proceso de regularización, se indica que el subdelegado del Gobierno o el delegado del Gobierno en las comunidades autónomas resolverá, a la vista de la documentación presentada y obrante en el expediente, la solicitud presentada. En la misma se agrega que "la resolución deberá ser motivada y se notificará al empresario o empleador , remitiéndose copia de la misma al trabajador".
Sin embargo, y aunque poco a poco van emitiéndose las resoluciones, en Lanzarote existe todavía un alto porcentaje de inmigrantes que aún permanecen a la espera de obtener sus papeles.
Desde la Dirección Insular se ha apuntado a una sobrecarga en el trabajo como una de las causas de este aparente retraso. Además, tras tres meses para presentar la documentación, en el último día terminaron por inscribirse 340 personas en Lanzarote, según los datos proporcionados por la Casa del Mar. Dado que en la jornada previa del cierre del proceso se habían presentado un total de 2.730 solicitudes, puede afirmarse que gran parte de las mismas, más de un 15 por ciento, fueron registradas el último día de la campaña, lo que una vez más demuestra que fueron muchas las personas que dejaron el trámite hasta la ultimísima hora.
El director del Instituto Social de la Marina, Pedro González Corujo, ha asegurado que la actividad que se registró en la institución durante los últimos días del proceso fue realmente "frenética", al tiempo que aseguró que diariamente se tramitaban una media de 100 expedientes, después de que el proceso se iniciase con cierta tibieza y los primeros días la media no superase los 50 ó 60.
Una de cal y otra de arena
Para algunos este ha sido un proceso que ha supuesto una de cal, y para algunos una de arena. Jessica es una colombiana que lleva viviendo un par de años en la Isla. Ha participado en este último proceso de regularización y por el momento se muestra impaciente por saber si esta vez le concederán el permiso de trabajo y, con ello, la tarjeta de residencia. En su caso, todo ha ido como esperaba, incluidos los plazos. "Tras un par de meses mi futuro jefe ya recogió la documentación en la Dirección Insular, y tras pagar una tasa de más de 175 euros ahora estoy a la espera de que me entreguen la tarjeta de residencia", explicó ayer a las puertas de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Arrecife, donde los inmigrantes reciben sus permisos pasados unos 25 días y tras serles registradas sus huellas digitales para citarlos un par de días más tarde para la recogida definitiva.
Fraude e inspección
La causa más probable de que muchos inmigrantes esperaran hasta el último día del plazo tope del proceso reside probablemente en que los empresarios por fin se decidieron. Lo cierto es que la novedosa y alternativa fórmula aplicada a mitad del proceso, relativa al empadronamiento por omisión, facilitó a los interesados "contratar y normalizar a sus propios empleados".
Sin embargo y como se suele decir en estos casos, una vez hecha la ley, está hecha también la trampa. Y es que se han dado multitud de casos en los que los propios inmigrantes han tenido que pagar un alto precio a ciertos empresarios para adquirir un contrato de trabajo que al final, bien por un inicial acuerdo o en otras ocasiones para sorpresa del extranjero, se ha roto sin llevarse a cabo. "Es sólo para conseguir los papeles", comentaba ayer una ecuatoriana cerca de las inmediaciones policiales.
"Yo he pagado 2.000 euros por una simple firma de un empresario, sólo para que me den de una vez los papeles. Y conozco gente que, como no tiene dinero, está trabajando gratis por el favor que les hizo el empresario al presentarle su solicitud". Posteriormente, claro está, estos empleadores fraudulentos continuarán aportando, al menos durante seis meses -tiempo mínimo de cotización- una parte proporcional por concepto de la Seguridad Social del el trabajador fantasma al que supuestamente contrataron.
El director insular, Marcial Martín, anunció al término del proceso que en cuanto se culminara con la notificación y tramitación de todos los regularizados, desde el Gobierno de la Nación se pondrá en marcha una campaña de inspecciones laborales para toda España y a raíz de ello "todas aquellas personas que estén trabajando de forma irregular tendrán que irse", además de que "los empresarios tendrán que pensarselo muy bien" a la hora de contratar personas que no se encuentren en una situación legal.
En España la llegada de inmigrantes ha rondado el 1,5 por ciento anual, mientras que en las Islas este porcentaje se ha situado en el 3 por ciento, dándose crecimientos anuales de hasta 65.000 personas. Por ello, el Gobierno de Canarias pretendió introducir ciertos aspectos concretos de cara al proceso llevado a cabo en el archipiélago pero que finalmente no terminaron de cuajar.
En cuanto a las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes, diversos colectivos en Lanzarote han manifestado que ésta podría provocar mayores efectos en el mercado laboral o hasta dejar secuelas sociológicas en municipios pequeños. La sostenibilidad financiera de servicios como la educación o la sanidad es quizás la cuestión más complicada. Pero los socialistas han sostenido a lo largo de este año que el verdadero "efecto llamada" sobre la inmigración ilegal lo tiene la economía sumergida , por lo que han considerado desde que se iniciara el proceso de regularización que la inmigración laboral es una necesidad en España.
Récord en la Seguridad Social
Gracias al proceso de regularización de inmigrantes , mediante el cual se prevé que 690.679 consigan la regularización en todo el país, ha provocado que el mes de mayo sea un récord histórico en afiliaciones a la Seguridad Social.
En cuanto al número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo al finalizar el pasado mes de julio, éste ha aumentado en 14.557 personas en relación con el mes anterior, lo que supone un 0,7% más y coloca el número de parados en 1.989.417, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social supera los 18 millones.
