Francisco Hernández es el enfermero de empresa del Cabildo, además de técnico en Prevención de Riesgos Laborales, y es una de las personas involucradas en este proyecto. En una entrevista concedida a este diario explicó que el objetivo final es la aplicación de la ley, pero también ofrecer ayuda a aquellos fumadores que la soliciten. En el cuestionario se pregunta a los trabajadores qué tipo de ayuda preferirían, a elegir entre un curso para dejar de fumar, asesoramiento individual, manuales de auto-ayuda, u otras informaciones sobre fuentes de ayuda externa. Esta iniciativa está coordinada por el departamento de Recursos Humanos del Cabildo, cuyo máximo responsable es Victoriano Fierro.
A finales de este mes pretenden tener en su poder todos los cuestionarios y el próximo 24 de noviembre acudirán al Congreso Nacional sobre Tabaquismo, en la que harán una exposición de la empresa. Allí explicarán cómo están atajando el problema y lo que pretenden hacer en un futuro. Entre otras medidas, tienen previsto habilitar un teléfono de auto-ayuda para que las personas puedan llamar de manera individual y solicitar aquello que necesiten. Ya tienen algunas encuestas completadas y hay bastantes personas que reconocen que fuman y que no tienen intención de reducir el consumo ni de dejarlo. Pero también hay otros tantos que solicitarán ayuda.
El problema principal, en opinión de Hernández, va a ser la ausencia de zonas habilitadas para fumar dentro de los lugares de trabajo. Con media hora para desayunar, los fumadores tendrán que ingeniárselas para administrarse el tiempo libre en varios y más pequeños descansos, uno para cada cigarrillo.
Habrá personas a las que se les ofrecerá el manual de auto-ayuda, entre los 1.000 ejemplares que tienen pensado solicitar al Ministerio de Sanidad. Otros, en cambio, serán derivados al Servicio Canario de Salud para que entre en los programas y, aquellos que tengan más dificultades para abandonar su adicción, serán remitidos al Centro de Atención a la Drogodependencia para que reciban puntualmente la terapia que necesiten. Si es necesario, se hará dentro del horario de trabajo, ya que las terapias se desarrollan durante la mañana.
En definitiva, se pretende hacer un abordaje individual para evaluar las especificidades de cada caso y decidir de acuerdo a las necesidades personales de cada individuo. Francisco Hernández adelantó que lo que no se va a hacer es financiar la deshabituación, es decir, las pastillas, parches, chicles y demás instrumentos adicionales para dejar de fumar. Él había presentado una propuesta pidiendo que se costeasen, pero los expertos le quitaron la idea de la cabeza y lo desaconsejaron tajantemente porque con ellos no se contribuye a un buen resultado final, sino más bien todo lo contrario.
Una ley sin concesiones
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley anti-tabaco que prohibirá fumar en todos los centros de trabajo a partir del 1 de enero de 2006. El dictamen, que pasará ahora a debatirse en el Senado, contó con el apoyo unánime de la Comisión de Sanidad salvo en algunos detalles como la financiación de los tratamientos para dejar de fumar. Esta enmienda del Grupo Popular fue rechazada. La portavoz socialista de Sanidad, Isabel Pozuelo, se mostró en contra de financiar los tratamientos de deshabituación del tabaco al considerar que "no hay evidencia científica sobre su eficacia". Los partidos políticos habían presentado casi 200 enmiendas al anteproyecto de ley. Según Pozuelo, la ley puede pasar su trámite en el Senado en las próximas semanas, de forma que a mediados de noviembre o primeros de diciembre sea definitivamente aprobada por el Congreso de los Diputados.
Se espera que entre en vigor a principios del año que viene. La ley establece en su artículo 7 la prohibición de fumar totalmente en centros de trabajo públicos y privados; en centros, servicios o establecimientos sanitarios; en centros docentes; instalaciones deportivas, centros comerciales; medios de transporte; estaciones de servicio y ascensores, entre otros lugares. Además, el texto prohíbe la venta de tabaco en centros y dependencias de las administraciones públicas, en centros sanitarios, en centros docentes y culturales, así como en instalaciones deportivas.
No obstante, se permite la habilitación de zonas para fumar en bares y restaurantes con más de 100 metros cuadrados, salas de fiesta, teatros, aeropuertos y estaciones de autobuses, marítimas y ferroviarias. Como estaba previsto se prohibirá la venta de tabaco a los menores de 18 años y la publicidad del producto en prensa, radio, vallas y cines, así como la distribución gratuita o promocional de los productos del tabaco. Las multas aplicables en caso de incumplimiento de la ley varían de los 30 a 600 euros para las faltas leves, de los 601 hasta los 10.000 en el caso de las infracciones graves y de los 10.001 hasta los 600.000 para las muy graves.
