El desahucio de Luis Manuel Torres Guillén, de 56 años, ya tiene fecha y será el mismo día que el del matrimonio formado por Sinforiano Lemes, de 90 años, y Pilar Callero, de 87 años. Estos vecinos serán desalojados el próximo 23 de mayo de sus viviendas en Argana Alta, que fueron vendidas por la Iglesia a una empresa. El ex presidente de la asociación de vecinos del barrio, Andrés Medina, ha calificado esta situación de "injusticia" y ha explicado que "estalló de la rabia" con el asesor de la empresa cuando, tras haberle planteado una serie de propuestas, le dijo finalmente que sólo "abonaría 6 mensualidades a razón de 300 euros" al matrimonio de ancianos para que entregara las llaves antes del 23 de mayo.
Además, Medina también ha criticado duramente a la Iglesia, que aseguró que tenía un compromiso con la empresa para que realojara a estas familias. "Lo que dice la Diócesis de Canarias y la buena voluntad por parte de la empresa de realojarlos era todo una mentira", ha asegurado. "Lo que pretende la Iglesia es echar el problema encima a la empresa y lo que pretende la empresa es dejar pasar el tiempo para que se produzcan los desahucios", ha insistido Medina, que está ayudando a Sinforiano Lemes y a Pillar Callero en esta difícil situación.
En los últimos días, Andrés Medina se ha reunido tanto con el Obispado de Canarias como la empresa Iveco, que compró estas casas. Medina ha informado de todos los trámites que ha realizado para intentar frenar estos desahucios y de las diferentes versiones que han aportado la Iglesia y la empresa, que también ha realizado una serie de propuestas que no convencen a los vecinos porque no tiene "un pizco de humanidad".
Andrés Medina se llegó a reunir el 25 de abril con el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, y le solicitó el documento en el que se fijó el supuesto compromiso con la empresa de realojar a las familias, pero le dijo que no lo tenía en su poder.
El 29 de abril, Medina recibió la visita en su vivienda del asesor de la empresa Iveco, que le invitó a una reunión en su despacho con la intención de llegar a un acuerdo sobre el desahucio del matrimonio de ancianos. "Me contó una historia diferente de la que yo tenía conocimiento", ha señalado Medina a través de un comunicado. En esa reunión, también le hizo varias propuestas que tenían que ser aprobadas antes del 23 de mayo, día en el que se ejecutarán los desalojos.
"No habrá acuerdo por separado"
Medina ha señalado que este asesor, el abogado y la empresa pretenden que todas las partes afectadas, es decir, las cuatro familias que aún viven en estas casas, "estén de acuerdo con sus propuestas", puesto que si hay alguna que no está conforme, "no habrá acuerdo por separado". La propuesta que interesaba a Medina era la que afectaba al matrimonio de ancianos para el que la empresa ofreció en un principio una cantidad de 250 euros mensuales en concepto de alquiler de la vivienda que fueran a ocupar tras el desahucio.
El ex presidente de la asociación de vecinos la rechazó, pero finalmente llegó a un acuerdo con Iveco. "La empresa pagaría 300 euros al matrimonio en usufructo vitalicio hasta su muerte. Este dinero sería ingresado mensualmente en su cuenta corriente. Se haría un documento notarial donde se reflejasen dichos acuerdos", ha explicado. La familia lo aceptó, pero el asesor de la empresa volvió a insistir en que las otras familias afectadas también debían estar conformes. "Yo le volví a insistir en que para mí eso era un chantaje a las familias y que no estaba dispuesto a aceptarlo".
Medina mantuvo una nueva reunión con este asesor el 7 de mayo. "Mi sorpresa fue mayúscula. No aceptó lo que en un principio estaba conforme, sino que la última propuesta y la definitiva era que la empresa abonaría 6 mensualidades a razón de 300 euros (un total de 1.800 euros) a esta familia", que tenía que "entregar las llaves" y salir de la casa antes del 23 de mayo. Por supuesto, Medina no aceptó estas condiciones puesto que la empresa "no tiene un pizco de humanidad y consideración con esta familia".
"Le manifesté al asesor que no tenían vergüenza"
Por último, el viernes 9 de mayo, Medina recibió la llamada del asesor para saber si este matrimonio había aceptado su última propuesta. "Estallé de la rabia, le manifesté al asesor que no tenían vergüenza, que lo que estaban haciendo era ganar tiempo y que los acuerdos que dice la Diócesis de Canarias y la buena voluntad por parte de la empresa de realojarlos era todo una mentira. Les comenté a los vecinos la propuesta y no podían creerlo. Ellos me informaron que tampoco estaban dispuestos a ceder a sus demandas y chantajes", ha denunciado este vecino.
Medina cree que la Iglesia sólo ha pretendido dejar el problema en el tejado de la empresa, mientras que Iveco ha querido "dejar pasar el tiempo". "Saben que si nos tienen entretenidos con reuniones, su imagen no se verá dañada. La conclusión es clara: si realmente existe un acuerdo notarial (para realojar a las familias) y no se cumple, tanto la Iglesia como la empresa están cometiendo una ilegalidad de la que tendrán que responder", ha exigido Medina.
