Juan Antonio Valencia, candidato al Senado de Unidos Podemos por Lanzarote respondía así a la vicepresidenta del Gobierno Canario, quien en su visita a la isla aseguraba ante los medios que su partido no cuestionaba esta Ley. "Debemos de tener en cuenta dos cosas, de un lado que no se trata de una Ley, sino de un anteproyecto y por otro lado que la plataforma ‘Por un territorio sostenible’ que se ha creado y que se está presentando en las islas, responde a un sentimiento mayoritario al que se han sumado organizaciones, sindicatos y partidos políticos, además de ex presidentes de gobierno canario e incluso ex ministros de sus propias formaciones".
Para Valencia estas declaraciones "no son muy acertadas pues estamos hablando del futuro de nuestro territorio, de la economía de nuestras regiones ya de por sí castigadas. El Gobierno canario no puede hacer demagogia como ha hecho Clavijo en decir que esta Ley serviría para atajar el índice de desempleo que hay en Canarias. No queremos otra burbuja inmobiliaria, esto será pan para hoy y hambre para mañana. Queremos una Ley del Suelo que invierta en recuperar las zonas agrícolas, que invierta en economía verde, que tengamos soberanía alimentaria, que podamos aprovechar los recursos naturales e invertir en desarrollar medidas sostenibles y ecológicas, no de nuevo en el ladrillo y la construcción. No somos un solar, como dice el lema, es nuestra tierra, donde hemos nacido y queremos seguir disfrutando de nuestra identidad sin que ello repercuta en nuestro paisaje y nuestra gente".
El candidato recuerda que desde IUC ya se ha señalado que el anteproyecto abre la puerta a una liberalización y mercantilización del suelo, renunciando a un control autonómico, sin controles previos, lo que parece abocar a una judicialización del territorio, como ya indican algunas fuentes. Y también es constatable que la participación ciudadana ha sido limitada a un corto periodo de exposición, solo ampliado por la presión pública generada. Ni se ha dado traslado, ni informado adecuadamente a la ciudadanía en un tema tan vital, pero a la vez complejo.
"Debemos pues exigir al Gobierno un proceso de debate abierto y participativo en el que todos y todas podamos ser escuchados que influirá en el desarrollo de nuestro futuro y no tomar tan a la ligera eso de que seamos un sector crítico que diga no, nuestro no está argumentado con bases sólidas, con estudios realizados por especialistas y sólo hay que escucharlos para comprender que se trata de un anteproyecto erróneo. No en vano, se han presentado más de 200 alegaciones, por las distintas administraciones, entidades y colectivos".
"Sin embargo- finaliza Valencia-, quienes formamos parte de esta plataforma somos optimistas y esperamos que el Gobierno sea permeable a todas estas aportaciones desde las instituciones y la sociedad civil, porque al contrario delo que opina la vicepresidenta sí se trata de una plataforma con contenidos y propuestas".
