El Cabildo de Lanzarote ha interpuesto un total de 29 procedimientos judiciales contra licencias urbanísticas municipales que incumplen el Plan Insular de Ordenación del Territorio, lo que supone unas 12.000 camas turísticas recurridas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) o el Tribunal Supremo (TS) han confirmado nada menos que 21 sentencias anulando esas licencias otorgadas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, y de esas 21 sentencias anulatorias, 17 son firmes, lo que significa que hay 8.197 plazas ya anuladas. A estas hay que sumar otros recursos contra edificaciones en dos planes parciales de Playa Blanca, cuyas licencias han sido suspendidas judicialmente. En total, se han recurrido 20.772 plazas alojativas, algunas con obras finalizadas y otras no.
El Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote abordó durante la mañana de este miércoles, 11 de junio, una convocatoria extraordinaria para ofrecer un balance, expuesto por el abogado Agustín Domingo Acosta, de los recursos interpuestos contra licencias urbanísticas. Los integrantes del Consejo reclamaron la necesidad de difundir a la población toda esta información para evitar "debates virtuales" y mostrar los hechos ya consumados, pero el debate del Consejo fue más allá de desmenuzar los casos de los planes parciales ilegales y planteó la necesidad de ejecutar las sentencias y definir el futuro modelo territorial de Lanzarote.
Fernando Ruiz, representante de la Fundación César Manrique (FCM), señaló que más allá del ámbito jurídico, que ya se está planteando -en el caso de la FCM con la personación en 20 pleitos y 14 sentencias en firme favorables que afectan a 8.219 camas-, éste es el momento de aportar información transparente y pública sobre los procesos, de poner sobre la mesa "las compensaciones justas al interés general" y de "negociar el futuro, para que dentro de siete años no tengamos el mismo problema".
Acorde a la visión planteada por Ruiz sobre la existencia de dos modelos diferentes de Isla (apuesta por el interés general o por el libre mercado) que han supuesto un conflicto "de enorme envergadura", por cuanto se ha producido "un enfrentamiento a gran escala para derribar lo que le ha costado construir a esta sociedad, con normas bien fundamentadas", el investigador y catedrático Wilfredo Wilpret, representante de la Universidad de La Laguna, afirmó que "aunque compartiría medidas drásticas" ante la ilegalidades urbanísticas de Lanzarote y de toda Canarias "la Isla está dando una lección importante", con la celebración de este Consejo, "que se puede exportar al resto del Archipiélago". Wilpret insistió en la aplicación de la Justicia "con todo el peso de la Ley" y expresó su preocupaciónpor "los niveles de prevaricación y corrupción" que afloran en las islas.
La propuesta del representante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roque Calero, también fue compartida, como el resto de apreciaciones, por la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, quien dijo apoyar la 'exigencia' de crear un plan de desarrollo sostenible integral que contemple aspectos como previsiones de impactos sobre viviendas, centros educativos, sanidad, agua potable, energías alternativas, consumo energético, etcétera.
Las intervenciones, de reconocimiento a la labor realizada por el Cabildo, por el abogado Agustín Domingo Acosta y por todo el equipo de la Oficina del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) con respecto a la apertura de recursos judiciales contra licencias que no se ajustaban a este plan a pesar de las reacciones contrarias por parte de ayuntamientos y promotores, solicitaron en su mayoría la concreción de los efectos de las sentencias, cuyas consecuencias están previstas por Ley: los establecimientos alojativos con licencia anulada por los tribunales deben iniciar un expediente de legislación para restablecer el orden jurídico.
A este expediente de legalización se le aplicarán las mismas 'reglas' que para la obtención de una licencia. Se examinará si el establecimiento alojativo se ajusta al PIOT, si puede obtener la licencia o no, esto es, si existe un informe favorable de compatibilidad con las normas insulares, que es una de las causas para impugnar licencias. Durante el Consejo se comentó que, en general, los únicos expedientes de legalización que pueden resultar favorables son los relativos a aquellos proyectos cuya ilegalidad se basa en la 'temporalización' de las camas construidas y que este periodo ya haya podido cumplirse, por ejemplo. El representante de los colectivos, Pedro Hernández, propuso el cierre de los establecimientos que tienen sentencia anulatoria de licencia mientras dura este proceso.
Actualmente no hay ningún plan parcial adaptado a la Revisión del PIOT y sólo tres planes de pequeñas dimensiones (Puerto Calero, Las Coloradas y Castillo del Águila) están adaptados al PIOT de 1991. Tal como aclaró Agustín Domingo Acosta, aunque el TSJC haya anulado la Revisión del Plan, esto debe ser confirmado por el Tribunal Supremo, que puede revocar esta nulidad. Esto significa que la Revisión del PIOT "goza de presunción de legalidad y es vinculante desde su entrada en vigor en mayo de 2000", indicó el abogado.
La exposición de Acosta partió de los planes urbanísticos previstos para la Isla en 1973 con la construcción ?no consumada- de casi 500.000 plazas turísticas y las reacciones posteriores hasta llegar a la desclasificación directa, con el PIOT de 1991, de 250.000 camas y el establecimiento de un techo alojativo de 111.000 camas en Lanzarote. Todos los planes parciales debían adaptarse al PIOT de 1991, pero algunos ayuntamientos, especialmente Yaizay Teguise, concedieron licencias sin siquiera informar al Cabildo. Las sentencias establecen doctrinas jurisprudenciales sobre el alcance del PIOT y señalan que las normas del PIOT son superiores y vinculantes.
Así, serán licencias nulas las otorgadas sin informes de compatibilidad del PIOT o las que hayan superado el 50% de la programación del cupo temporal. Los planes parciales afectados son Plan Parcial Costa Teguise, Montaña Roja, Las Coloradas, Castillo del Águila, San Marcial del Rubicón, Playa Blanca, Papagayo Arenas, Mercantil Costa Roja, etcétera. Son motivos de impugnación la vulneración de la suspensión de licencias que se produjo de 1998 a 2000, los informes negativos del PIOT, la omisión de los trámites esenciales al procedimiento o el incumplimiento de normas sectoriales, entre otros. Según indicó el representante del Partido Socialista y antiguo consejero de Política Territorial, Carlos Espino, quien calificó de "día importante" la jornada de información del Consejo, los procedimientos judiciales del Cabildo contra las licencias ilegales han evitado la construcción de 10.000 camas nuevas.
