"Lejos de tranquilizarnos, nos preocupa más la respuesta de la administración". De esta manera se ha pronunciado el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Francisco Torres Stinga, con respecto a la analítica de seis empleados de los Juzgados de Arrecife [que muestran "determinaciones aisladas de arsénico", ->75345] pese a que el Gobierno de Canarias asegura que "no hay motivos de alarma".
Torres Stinga ha elevado a "nueve o diez personas" las afectadas por estos niveles de arsénico. "Los funcionarios se están realizando analíticas, que se las están costeando de forma privada. Sé que hay funcionarios que están pendientes de resultados. A lo largo de estos días iremos conociendo nuevos datos y nuevas personas afectadas", ha señalado en Radio Lanzarote. Los funcionarios afectados no trabajan en el mismo departamento, sino "repartidos por los Juzgados".
Esta situación, en principio, "no afectaría tanto a los abogados porque están temporalmente en el Palacio de Justicia, pero sí a los funcionarios, jueces y fiscales". "Estamos preocupados porque pasamos mucho tiempo en el Palacio de Justicia. No tendría que haber niveles de arsénico", ha insistido el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote.
Torres Stinga ha señalado que estos niveles de arsénico se "podrían producir en determinados puestos de trabajo como en la minería, en la gente que trabaja con pesticidas o con cantidades de pescado o marisco", pero no en "el entorno de un Palacio de Justicia, donde no se tendrían que producir estas lecturas de arsénico".
"Que nos tranquilicen"
Desde el Colegio de Abogados de Lanzarote están pendientes de que la jueza decana se ponga en contacto con ellos para abordar esta problemática. "A partir de ahí veremos lo que hacer frente a la administración. Debe venir un técnico del Gobierno de Canarias y explicar si está relacionado el Palacio de Justicia con los niveles de arsénico. Que nos tranquilicen", ha pedido Torres Stinga.
"Las administraciones son muy dadas a negarlo todo y cuando sucede lo contrario nadie es responsable. Que venga un técnico y asuma responsabilidades. No hablamos de temas salariales, sino de la salud, de trabajar en un entorno de seguridad, que creo que por ahora no está garantizada. Hay algo de duda que hay que disipar", ha insistido.
El Colegio de Abogados también está pendiente de que se pronuncie Inspección de Trabajo y, además, también ha cuestionado que la Ley de Riesgos Laborales no sea igual para todos. "En las oficinas públicas los cables están en el suelo. Exigen mucho, pero luego no son rigurosos ni estrictos en su cumplimiento", ha manifestado.
