ACN
La Plataforma Cámara de Comercio presentó este lunes una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el presidente de la Cámara de Las Palmas, José Miguel Suárez Gil, y su comité ejecutivo, por lo que considera "unos hechos delictivos" consistentes en el intento de "colar 75 empresas en el censo electoral" de cara a las próximos comicios a la institución cameral.
La Plataforma Cámara, que insta a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas tecnologías a parar el proceso electoral hasta que todo se aclare, ha pedido a la Fiscalía que investigue a las empresas, ya que "algunas han recibido subvenciones" y a juicio del secretario del colectivo, Antonio Vélez, esta circunstancia "no puede quedar impune porque atentan contra el proceso electoral y el Estado democrático".
Trama empresarial
Vélez, que prefirió no dar los nombres de las empresas, reiteró que la Plataforma Cámara "quiere que la Fiscalía analice a esas empresas, donde muchas tienen conexiones familiares y que se investigue esa supuesta trama empresarial".
Tampoco quiso ir más allá sobre la vinculación de estas denuncias con supuestas relaciones entre empresas, política y Justicia. "No es bueno para el tejido empresarial mezclarse con la política ni poder judicial sino que tenemos que estar separados".
No obstante, destacó que son miembros del mismo Comité Ejecutivo, que han estado gobernando la Cámara, los que ahora "son capaces de denunciarse unos a otros" y convertirse "de forma oportunista en los salvapatrias, pero que no son capaces de llevar lo que critican a los tribunales".
"Solamente estamos denunciando lo que la Fiscalía tendría que hacer de oficio, no tenemos muchas más pruebas que las que hemos presentado, pero sí pedimos que la Consejería paralice las elecciones porque no podemos tener credibilidad de que se vayan a realizar unas elecciones limpias y trasparentes con los hechos que vienen sucediendo", puntualizó.
Por otro lado, Vélez recordó que aún sigue sin resolverse su petición de descentralizar el voto permitiendo que éste se pueda ejercer en las antenas camerales, como ocurre en otras provincias, para evitar que 52.000 empresarios tengan que votar en un solo día en la sede de la Cámara de Comercio.
