El Gobierno Autonómico encargado de recaudar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) desde 1991, para después repartirlo a los Cabildos insulares para su financiación, inflaba los gastos generados de la recaudación y gestión del dinero y por tanto, repartía menos dinero del que les correspondía a las islas. El Cabildo de Lanzarote junto con su institución homóloga en La Gomera decidieron poner un Recurso Contencioso Administrativo contra el Gobierno, cuya sentencia fue dictada el pasado 7 de abril y se ha dado a conocer este lunes.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha determinado que en 2001, la Consejería de Hacienda del Gobierno, aumento los costes de gestión, como mínimo, en 8,8 millones de euros, aunque esta cifra es la más optimista. En la sentencia se baraja que el incremento pudo superar los 19 millones de euros. El Tribunal no aporta una cifra exacta porque, según explica la sentencia, la Comunidad Autónoma se encargó de ocultar la contabilidad para que en el procedimiento judicial, los peritos no pudieran revisar las cuentas del Gobierno.
Además de apropiarse de dinero a costa de unos gastos ficticios en la recaudación del IGIC, el Gobierno no entregó al Cabildo los 65 millones de euros en concepto de compensación por la desaparición del Arbitrio a la Producción y la Importación en Canarias (APIC), un impuesto que el Cabildo cobraba a los productos que llegaban a sus puertos y que, con la plena integración del Archipiélago en 1998 en la Unión Europea y la consiguiente prohibición de las barreras y aranceles a productos procedentes de los países miembros, fue desapareciendo progresivamente hasta que en 2001 dejó de existir.
La compensación a los Cabildos por la pérdida de los ingresos del desaparecido APIC, había sido pactada por el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Canarias y los Cabildos en 1999, pero la Comunidad Autónoma no cumplió su compromiso y ahora es condenado por ello.
Según las fuentes jurídicas consultadas, se trata de una sentencia "histórica", como histórica es la cifra total que tendrá que pagar después del precedente que ha sentado esta decisión judicial, cuyas consecuencias se verán plasmadas en las resoluciones de los recursos interpuestos por el Cabildo, por los mismos motivos, correspondientes a los años 1999, 2000 y 2002, que todavía están pendientes. De hecho, desde el Cabildo esperan que esta sentencia haya "sentado criterio", y que las que aún están pendientes se resuelvan en el mismo sentido, multiplicando por tres la cifra a pagar por el Gobierno de Canarias.
