El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha hecho público un nuevo comunicado sobre la desaladora de Montaña Roja, en el que entre otras cosas afirma que "el Consorcio mantiene abierta la negociación con Club Lanzarote SA para tratar de alcanzar un acuerdo que permita, a quien único está facultado para la venta legal de agua, repercutir la facturación a los vecinos o usuarios, exactamente en las mismas condiciones que cualquier otro vecino de Lanzarote". El presidente se refiere así a la empresa Canal Gestión, a quien se entregó la gestión del ciclo integral del agua bajo su mandato, y que es quien sostiene que debería facturar el agua a esos vecinos.
En su nota de prensa, San Ginés asegura también que el Gobierno de Canarias ha "instado" al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote "a evitar la venta de aguas por parte del Club Lanzarote SA". En realidad, según el comunicado, fue el Consejo quien elevó una consulta a dos Consejerías del Ejecutivo regional (la de Agricultura y la de Economía Industria y Comercio). Y en respuesta a esa consulta emitieron dos informes que, según San Ginés, se pronuncian "en idéntico sentido". Sin embargo, el presidente no ha hecho públicos esos informes.
Aunque en la nota de prensa reproduce algunos párrafos, la Corporación no ha adjuntado los documentos. Al ser solicitados por este medio, desde la institución han respondido que es necesario tramitar una solicitud por escrito y de forma presencial en el Consejo para acceder a esos informes, pese a que ha sido el propio Cabildo quien ha hablado de su contenido en un comunicado de prensa oficial.
Los informes hablan de seguir trámites "legalmente previstos"
En esa nota de prensa, San Ginés sostiene que los informes concluyen que "el Consejo Insular de Aguas debe evitar la venta de aguas no amparada por título concesional, adoptando las medidas necesarias tendentes a impedir que continúe la venta ilegal y para garantizar el suministro legal de agua, así como determinar las actuaciones que en legalidad procedan para garantizarla venta de agua con precio autorizado". También, según el presidente, "la Dirección General de Aguas especifica que conforme a la legislación vigente en esta materia que resulta de aplicación, esa venta de agua requiere de una concesión de servicio público otorgada mediante concurso público".
Otro de los extractos de esos informes que reproduce San Ginés señala que "debe el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, previa tramitación legalmente prevista y en garantía del cumplimiento de las determinaciones legales, realizar información reservada sobre los hechos denunciados y, si así lo considera y en su caso, iniciar el correspondiente expediente sancionador, estando para la determinación de sanciones al orden de competencias legal, imponiendo o proponiendo las mismas".
Cabe recordar que lo que hizo San Ginés hace casi año y medio fue incautar la desaladora de Montaña Roja y el resto de plantas e instalaciones de Club Lanzarote, sin orden judicial y sin haber instruido siquiera un expediente. De hecho, ordenó la incautación en la misma resolución en la que acordó abrir ese expediente, que además se tramitó por tres supuestas faltas leves y una menos grave. Una de esas faltas era no tener autorización para la producción de agua. Concretamente alegaba que el permiso estaba caducado, aunque el TSJC ya respondió a esto concluyendo que esa autorización seguía en vigor.
"El fondo de la cuestión no ha sido resuelto por los tribunales", sostiene San Ginés en su comunicado. Sin embargo, cabe recordar que la incautación ya ha sido anulada por el TSJC, que dictó medidas cautelares ordenando devolver la planta a Club Lanzarote. Además, el presidente y otras cuatro personas están imputadas en una causa penal abierta por esa incautación. Además, se ha abierto una pieza separada para investigar la contratación del abogado Ignacio Calatayud, que asesoraba a San Ginés para ordenar la incautación mientras trabajaba a su vez para Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron las plantas. El pasado mes de octubre, el presidente tuvo que acatar el mandato judicial y devolver esas plantas a Club Lanzarote.
