El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha remitido una nota de prensa en la madrugada de este jueves para desmentir la información hecha pública por el Partido Socialista, que le pedía que apartara de la Corporación al abogado Ignacio Calatayud, al que el propio San Ginés definió en una rueda de prensa como "un buen amigo".
En su escrito, Pedro San Ginés afirma que Calatayud no ha cobrado 300.000 euros en el último año, aunque no niega haber firmado personalmente contratos con el abogado por este importe, tal como denunciaban los socialistas. Según el presidente, en estos meses Calatayud "sólo" ha cobrado unos 90.000 euros, aunque también reconoce que hay cantidades pendientes de pago.
En el inicio de su nota de prensa, San Ginés se aferra a un informe de la
Directora del Órgano de Gestión Económico?Financiero del Cabildo de
Lanzarote, para asegurar que "en el ejercicio 2010 el letrado Ignacio Calatayud ha cobrado de la primera corporación 39.916 euros". Sin embargo, varios párrafos después admite que también ha cobrado "en torno a 50.000 euros" en virtud del contrato por el que se le nombró abogado de Inalsa en el proceso concursal en el que se encuentra la empresa pública.
Un contrato, varias fases
Respecto a ese contrato, San Ginés asegura en su nota de prensa que el importe total asciende a 86.000 euros, a diferencia de lo manifestado por el Partido Socialista, que eleva la cifra a unos 200.000 euros.
"La propuesta definitiva de contratación aceptada por los administradores judiciales, según se acredita en un certificado de la gerencia de INALSA, fue sensiblemente inferior a los honorarios del anterior letrado contratado por Manuela Armas, y muy inferior a los 195.600 euros a los que alude el Grupo Socialista en su comunicado", afirma el presidente.
Sin embargo, en un escrito fechado el 27 de enero de 2010, y registrado el 2 de marzo de 2010, el propio San Ginés, "en calidad de consejero delegado" de Inalsa, acepta el presupuesto presentado por Ignacio Calatayud, que está desglosado en varios capítulos, pero que contempla una suma total de 186.000 euros, a los que habría que sumar, en su caso, los impuestos.
Así, los 86.000 euros a los que alude el presidente corresponden a la "fase común" del proceso, pero también se contemplan otros 100.000 euros en pagos para las futuras fases que pudieran llegar a producirse. Concretamente, 40.000 euros para la fase de convenio, otros 40.000 para la fase de liquidación y 20.000 más para la fase de calificación. El mismo día en el que se registró este documento, se firmó también una factura para realizar un primer pago de 43.000 euros por esta causa a Ignacio Calatayud.
Sobre el resto de los contratos suscritos con este abogado en los últimos meses, y de los que el PSOE ha aportado documentación en el escrito remitido al Cabildo, San Ginés no se pronuncia en su nota de prensa.
Supuesta ilegalidad
Respecto al eje de la crítica de los socialistas, que acusan al presidente del Cabildo de haber incumplido la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no abstenerse en el proceso de contratación, "dada su públicamente confesada relación de amistad personal con el contratado (Sr. Calatayud)", San Ginés no niega su amistad con el abogado y se limita a responder que "anima a la oposición a cumplir con su obligación de denunciar las ilegalidades de las que crea tener conocimiento".
Por último, el presidente responde a otra de las críticas del Partido Socialista, que le acusa de haber apartado "de sus responsabilidades a técnicos experimentados, que han demostrado su valía en los últimos 20 años (en referencia a los técnicos de la Oficina del PIOT), para colocar a una persona vinculada personal y profesionalmente con los empresarios corruptos".
"Es absolutamente falso que jamás, en todos esos años, Ignacio Calatayud haya asesorado, ni requerido a ningún funcionario de la Corporación expediente alguno que tenga que ver con la gestión del territorio, tal y como puede corroborar el Jefe de la Oficina del PIOT, a pesar de la burda acusación del PSOE, que en su propia denuncia pública no cita ningún servicio de esa naturaleza", afirma al respecto San Ginés.
Así, responde a las críticas de los socialistas, que consideran que "no hay comportamiento más imprudente y más parcial que permitir que un abogado con tan obvia relación con los propietarios de hoteles ilegales, campe por sus respetos por el Cabildo, con acceso a expedientes, documentos e información en general".
Ignacio Calatayud es esposo de la abogada defensora del promotor Juan Francisco Rosa, Juana Fernández, y yerno del letrado imputado por el caso de los hoteles ilegales, Felipe Fernández Camero. Además, fue socio de despacho de otro de los principales imputados en esa causa, Ignacio Díaz de Aguilar. Precisamente, el despacho de Díaz de Aguilar representa a la empresa que pidió recientemente la recusación de dos técnicos de la Oficina del PIOT, que habían emitido informes negativos a la construcción del hotel que esta promotora pretende levantar en Playa Blanca. A raíz de esa solicitud, y sin requerir un informe jurídico, San Ginés decidió apartar del caso a los dos técnicos.
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