El Cabildo recurrirá la sentencia que ha declarado ilegal la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja. Así lo ha anunciado el presidente Pedro San Ginés, en un comunicado enviado por la institución horas después de que La Voz publicase la noticia acerca de ese fallo judicial, que anula la resolución de San Ginés y considera que la incautación fue una medida "extrema", "gravosa" y "desproporcionada" y, en definitiva, que no estaba amparada por la ley.
"Conviene recordar que la actuación en la desaladora de Montaña Roja se inicia ante una denuncia presentada por vecinos de dicha urbanización ante el Diputado del Común, institución que compelió a regularizar la situación, bajo amenazas de llevarnos a los juzgados, tanto al Consejo Insular de Agua cómo al Gobierno de Canarias, quien a su vez confirmó la venta ilegal de aguas y es por eso que el Consejo Insular adoptó aquella decisión", destaca al respecto el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas en ese comunicado.
Ese fallo resuelve la "falta de legalidad de la medida acordada" por San Ginés en una resolución de septiembre de 2014 e incide, además, en que esa medida "en modo alguno" se justifica por "presuntas infracciones" leves y menos graves recogidas en el expediente contra Club Lanzarote; y para las que se preveía una multa máxima de 7.800 euros. En este sentido incide en la "proporcionalidad" que ha de tener una medida cautelar. La sentencia de primera instancia también concluye que se "vulneró el derecho de defensa" de Club Lanzarote al no dársele trámite de audiencia y declara también la nulidad de la petición que hizo el Consejo a Club de su contabilidad para "conocer sus ingresos por la venta de agua".
El fallo desestima únicamente una pretensión de Club Lanzarote, que pedía que se declarara también nula la afirmación de que la planta carecía de autorización de funcionamiento porque la solicitud de prórroga se rechazó "por silencio administrativo. La sentencia dice al respecto que esa parte de la resolución de San Ginés "no es impugnable" por tratarse de un "argumento" que no tenía "carácter resolutorio". Señala que, en todo caso, Club podría "hacer valer la vigencia de la autorización en su día concedida y discutir el sentido del silencio administrativo" si finalmente fuera "sancionada" por producir agua sin autorización.
El comunicado del Cabildo asegura al respecto que el Juzgado "rechaza anular la denegación de la prórroga de autorización para desalar agua solicitada por Club Lanzarote" y que el fallo "admite" el "riesgo que supone el desarrollo de una actividad como la realizada por el recurrente sin control y la conveniencia de adoptar medidas cautelares". "Lo cierto", para Pedro San Ginés, es que "ningún juzgado ha ni siquiera cuestionado que efectivamente en el Plan Parcial Montaña Roja se ha venido produciendo y se produce venta de agua a terceros sin título habilitante y por tanto ilegal". "No obstante, la sentencia que no condena en costas a ninguna de las partes será recurrida por el Cabildo Insular de Lanzarote", continúa la nota del Cabildo.
Alude a una "nueva denuncia vecinal" pidiendo "amparo ante la venta ilegal de agua"
El comunicado del Cabildo afirma que este martes "un grupo de vecinos ha vuelto a registrar en el Cabildo Insular de Lanzarote una nueva denuncia por persistir la venta ilegal de agua por parte de Club Lanzarote en el Plan Parcial Montaña Roja". Esa denuncia, señala, está dirigida "a todas las administraciones concernidas, a las que exige actuar, que son asociaciones de consumidores y usuarios, Ayuntamiento de Yaiza, Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Cabildo Insular de Lanzarote y Gobierno de Canarias, pidiendo amparo del Diputado del Común ante todas ellas como ya hicieron en su día".
El presidente ha dicho al respecto que el Consejo Insular de Aguas "emprenderá cuantas acciones estén a su alcance para impedir a toda costa que persista una actividad como la venta de agua a terceros sin autorización ni del Consejo, ni del Cabildo, ni de la comisión de Precios del Gobierno de Canarias". "Por tanto, no sólo es ilegal, sino ilegalizable por autorización directa como pretende Club Lanzarote. Dicha autorización sólo es posible en derecho mediante un concurso público y su correspondiente concesión", concluye.
