Alfredo Pérez Rubalcaba considera que el período de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros es en España "muy pequeño" en comparación con otros países y que resulta "escaso" y "limitado" para poder llevar a cabo los trámites que exigen los procesos de repatriación "por muy buena voluntad que pongan los países de origen", ya que exige trámites como el de la identificación de los irregulares que son "complicados"
El ministro también anunció que el Gobierno "reforzará y aumentará" la red de Centros de Internamiento con objeto de "mejorar la vida" de quienes están en ellos, así como que "no se modificarán las garantías existentes" en la actual legislación y se seguirán respetando "escrupulosamente" los Derechos Humanos.
En este sentidoc dijo que "quien entre y salga de los CIES, lo hará con autorización judicial" y seguirá teniendo derecho a solicitar asilo.
El ministro dijo que el Gobierno defiende la actual directiva que se encuentra en trámite en la UE por ser "un punto común" entre las normativas de los diferentes países y porque "establece más garantías en aquellos que tienen menos".
Por otro lado, también dijo que se ampliarán en Canarias los equipos "para el control de costas de nuestro mar territorial" y para el patrullaje "buscando cooperacion" con los países de origen, así como que se mejorará el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y "se seguirán explotando las posibilidades" del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE).
PP: "DEFICIT EN FRONTERAS"
El portavoz del PP en la Comisión, Ignacio Cosidó, reprochó al Ejecutivo en su réplica a Rubalcaba el "retraso" en la implantación del SIVE en Canarias, al tiempo que insistió en que hay "un déficit de recursos humanos y materiales" en todas las fronteras que no sólo estaría facilitando la inmigración ilegal sino otros tráficos ilícitos.
Asimismo, reclamó del ministro que se comprometiera a que "no va a haber más regularizaciones masivas" pues la decisión adoptada al respecto por el Gobierno en la pasada legislatura habría sido "una mala solución" y en la actualidad hay otra vez en España, según informes sindicales, aproximadamente un millón de personas en situación irregular.
ACN Press
