ACN
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, asumió este lunes, en comisión parlamentaria, el compromiso de liderar e impulsar el proceso de creación de los consorcios de emergencias y extinción de incendios en las cinco islas no capitalinas, donde aún no existen.
No obstante, dejó claro que el modelo previsto al efecto -que funciona en Tenerife y Gran Canaria desde 2000 y 2002, respectivamente- "exige la prestación de la voluntad de los que participan en él, por lo que aclaró que el Gobierno regional no puede obligar a los cabildos y ayuntamientos a adoptarlo si no quieren, porque, además, legalmente los municipios de menos de 20.000 habitantes no tienen el deber de crear cuerpos de extinción de incendios.
"Vamos a liderar el proceso y a impulsarlo con la financiación de los estudios técnicos para cada isla y el compromiso de participar en su sostenimiento", de la misma forma "o similar" que en Tenerife y Gran Canaria, donde la Comunidad Autónoma aporta el 20% de sus presupuestos, cuantificados para 2006 en 2,4 millones de euros para cada organismo.
Ruano reconoció que "no ha habido gestiones específicas" con relación a este asunto, pese a estar previsto en el Plan de Seguridad de Canarias, aprobado por unanimidad de la Cámara en 1998. Opinó que es imprescindible la participación de todos los municipios en el consorcio, para lo que consideró clave el liderazgo de cada cabildo para que los ayuntamientos se comprometan. En este punto, la diputada nacionalista Flora Marrero pidió al Gobierno que inicie una toma de contacto con los cabildos para saber qué receptividad hay entre las administraciones.
El parlamentario socialista Julio Cruz -solicitante de la comparecencia- también demandó del Ejecutivo "una actuación más decidida para la creación de estos consorcios, porque todos creemos que es la mejor alternativa y las administraciones locales de estas islas no tienen capacidad financiera para sufragar esta necesidad ni obligación legal de hacerlo". En nombre de una "obligación de todos con los ciudadanos de esas islas", reclamó a Ruano que obligue a las administraciones insulares "desde el punto de vista político a que formalicen lo antes posible estos órganos".
La diputada del Grupo Popular Nirva Macías apeló igualmente al Plan de Seguridad de Canarias y reclamó el impulso de esta iniciativa, a pesar de que sólo La Palma "ha manifestado su deseo de tenerlo, creo que por la precariedad presupuestaria que tienen estas islas". Así, solicitó que "en coherencia con su propio plan, el Gobierno impulse el establecimiento de unos mínimos efectivos e instalaciones para agilizar la respuesta a posibles incendios u otros desastres".
